La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la demanda presentada por algunas organizaciones civiles en Perú que buscaban cancelar las licencias de este proyecto aurífero y cuprífero controlada por Newmont Mining y Buenaventura, que contempla una inversión de US$ 5.000 millones, indicó el Gobierno peruano. En 2012, organizaciones que agrupan comunidades campesinas y ganaderos presentaron la demanda ante esta comisión.