PPK ha bautizado el 2018 como ‘El año del Diálogo y la Reconciliación’ y se alista a anunciar un nuevo ‘Gabinete de la Reconciliación’. “Sólo reconciliándonos como nación podremos profundizar las reformas en favor de todos nuestros compatriotas», ha enunciado en tono solemne Mercedes Araoz, hasta hoy cabeza de un consejo de ministros en crisis.
Pero qué significa e implica una verdadera reconciliación. No otra cosa que restablecer la concordia entre varias partes enemistadas, a partir de un perdón genuino, originado en una confesión sincera. La reconciliación es un proceso. Cuando se trata de la reconciliación de una pareja de novios o esposos, todo arranca con el diálogo, que da paso a la confesión sincera de las partes involucradas y posteriormente al perdón, y la concordia como fruto de éste.
Si bien la reconciliación política de un país es un proceso mucho más complejo, sigue la misma lógica. Dado que las partes involucradas son todas las fuerzas políticas y sociales, el diálogo tendría que ser intensivo y tomar un tiempo prudencial, que permita que la confesión sincera de las partes emerja como un bálsamo que cure heridas.
En el Perú hasta ahora no ha habido ningún proceso de reconciliación. Aquí lo único que ha habido es una secuencia sorpresiva de hechos consumados. En plena celebración navideña, sorpresivamente los peruanos supimos que el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, ya no iba a ser vacado por la agrupación opositora del ex presidente, Alberto Fujimori, y qué éste había sido indultado por aquel. Un intercambio apurado de perdones, sellado por sus beneficiarios entre gallos y medianoche.
El carácter soterrado de este pacto, en lugar de propender a la reconciliación, mete más leña a la hoguera, sembrando enemistad y virulencia social y política. No estoy entre los que -movidos por el odio y la venganza- desearían que Fujimori se pudra en la cárcel. Me inclino a favor de un indulto, pero como parte de un verdadero proceso de reconciliación, con diálogo, confesión y perdón verdaderos. De ninguna manera como parte de una componenda engañosa con sabor a impunidad y vil negocio de intercambio de perdones.
No puede haber perdón sin confesión y arrepentimiento genuinos. Un indulto es un perdón como también lo es una ‘no vacancia’. Si bien uno lo da el presidente y el otro el congreso, para ser legítimos, ambos deberían salir del fondo del corazón de todos los peruanos.
Para ello debería institucionalizarse el diálogo en el Acuerdo Nacional, con una amplia participación ciudadana a través de los medios de comunicación y cabildos abiertos en todos los rincones del país. Ese diálogo debe conducir a una confesión sincera y arrepentimiento, no sólo de Fujimori, sino también de los demás líderes políticos involucrados en casos de receptación de dinero sucio y tráfico de influencias a favor de Odebrecht y demás organizaciones criminales.
Todos quisiéramos que el Perú avance y normalice su situación lo antes posible. Sin embargo, ello no se logrará colocándole el logo ‘Año del Diálogo y la Reconciliación’ al 2018, con la carreta del indulto y la no vacancia delante de los caballos del diálogo, la confesión y el perdón. La crisis política no se desvanecerá bautizando a un gabinete de ministros con el mote ‘de la reconciliación’.
Las “reformas en favor de nuestros compatriotas” sólo podrán ser impulsadas por un gobierno con vocación y disposición manifiestas para el cambio. Pero eso no se ve hasta ahora. ¿De dónde saldrá la voluntad política y el liderazgo para hacer reformas? ¿Qué reformas? ¿Tiene acaso Mercedes Araoz un plan de reformas que ofrecerle al país? Sin compromisos concretos, toda esta visión romántica de la reconciliación como panacea reformista, por ahora no pasa de ser una frase de cliché para el consumo de la prensa del día.
Esta crisis recién arranca y sólo podrá curarse si la institución presidencial recupera su credibilidad, legitimidad moral y liderazgo para luchar contra la corrupción y la impunidad. Las investigaciones Lava Jato seguirán sacando a la luz más pruebas incriminatorias que pueden comprometer más a nuestros líderes políticos y funcionarios públicos de ayer y hoy.
La ciudadanía necesita estar convencida de que desde la presidencia de la república habrá capacidad moral para frenar el tráfico de influencias que todavía pugna por favorecer a Odebrecht y demás organizaciones criminales, en los litigios que mantienen con el Estado peruano.
