Durante más de un año la industria pesquera ha batallado contra la autoridad de Pesquería por la normatividad dictada sobre la pesca en las 5 millas.
No se ha librado una guerra por la reforma del sector pesquero. La batalla por las 5 millas no ha terminado con el Decreto Supremo 011-2013 PRODUCE del 14 de diciembre. El Estado ha obtenido una victoria parcial en sus intentos de reforma y temporal en el caso puntual de las 5 millas. Porque la industria posee mejores operadores políticos y técnicos; posee mejor manejo de medios, ha establecido y puede establecer más alianzas estratégicas, tiene más recursos; pero por sobre todo, tiene un arma que no posee el Estado: el tiempo. Las autoridades actuales estarán en el cargo, en el mejor caso, hasta el 2016 y cuando se vayan cualquier norma dictada puede ser derogada y reemplazada.
Los puntos críticos (que a la vez son los puntos débiles de la industria) sobre los que debe actuar, buscando apoyo popular y estableciendo alianzas son: mejor tributación, seguridad alimentaria y contaminación.
La verdadera reforma pesquera debe tener como objetivos básicos:
1. Asignación de un precio a los peces, que debe ser pagado por todos quienes realizan esfuerzo pesquero con fines comerciales, dado que el impuesto a la renta es reducido, o inexistente. La ciudadanía peruana merece una participación con equidad en la renta económica del negocio pesquero por el simple derecho que la Constitución les asigna como propietarios de los recursos naturales.
2. Reparación del daño causado al ambiente. Los límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes asignados a la industria reductora han sido generosos y los plazos de adecuación a sus PAMAs (Programas de adecuación y manejo ambiental) también. La industria de consumo humano directo no tiene hasta ahora límites máximos permisibles que permitan controlar y eventualmente sancionar el exceso de contaminantes vertidos al mar. La flota pesquera no tiene un control adecuado de sus descargas de aguas sucias y residuos oleosos porque no se aplica la normativa del Marpol. Debe asegurarse la calidad ambiental de la actividad pesquera y acuícola con cero contaminación.
3. Colocar al mercado interno en igualdad de condiciones de competitividad que el mercado externo para garantizar la seguridad alimentaria nacional.
4. Asegurar la sostenibilidad de todas las pesquerías en base a la mejor información científica con un enfoque ecosistémico.
La pesquería solo podrá ser reformada por los peruanos, cuando dejemos de ser ciudadanos pasivos y nos convirtamos en ciudadanos activos. Cuando asumamos conciencia de la inequidad con la cual la industria nos trata y empecemos aexigir un cambio. Cuando nos unamos a organizaciones sociales que generen acciones ciudadanas e incidencia política que impulsen a las autoridades a actuar y defender las reformas que vayamos alcanzando. Cuando apoyemos a autoridades honestas que tienen una agenda de cambio y que ejercen eficazmente el poder recibido en las urnas para gobernar para las mayorías. Cuando las autoridades asuman que tienen que buscar legitimación y aliados en la ciudadanía para apoyarlas en el proceso de transformación. No en programas televisivos que muy pocos ven ni en diarios que casi nadie lee, sino en las poblaciones costeras y ribereña afectadas por la contaminación, en las redes sociales, en las Universidades, en los comités vecinales, en los clubes de madres, en los hogares, en los ciudadanos dispuestos a salir a las calles.
El ejercicio del poder político, legitimado por una ciudadanía organizada en defensa de sus derechos pesqueros, es la única manera de poner fin a décadas de una explotación pesquera exclusiva e inicua.
Este es un tema que compete a toda la Nación. No es exclusivo de abogados, empresarios, técnicos, lobistas y de la autoridad, porque se trata de un recurso natural que es propiedad de todos y no de unos cuantos.
