Dentro del ciclo de jornadas de diálogo y debate, ‘El Perú que queremos’ en su IV edición, organizado por LaMula.pe, plataforma de periodismo, se desarrolló en Piura el tema ‘Reimaginando la gestión pública’ el pasado 20 de setiembre. Esta red ciudadana, que dirige Javier Torres Seoane, viene realizando una serie de conversatorios sobre temas claves para las reformas que espera el Perú.
Para fomentar el intercambio de ideas, la campaña busca generar una masa crítica de ciudadanos informados y comprometidos con una agenda de propuestas para salir de la crisis actual. Igualmente, promover la participación de actores sociales y políticos en la discusión sobre las reformas institucionales que urgen.
Esta ‘Terraza Mulera’, como denominan los organizadores a esta serie de eventos, contó con especialistas como José Escaffi, Amalia Moreno, Mesías Guevara (ex gobernador de Cajamarca) y Maximiliano Ruiz (ex vicepresidente regional de Piura), como miembros del panel; y en sala, el ex gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, Eduardo Ballón, Edgardo Cruzado y otros profesionales.
La conferencia introductoria la pronunció Raúl Molina, miembro del equipo de ‘El Perú que Queremos’, ex viceministro de Gobernanza Territorial y experto en descentralización. En seguida algunos apuntes de lo mencionado por Molina, quien explicó que se trata de una serie de ‘Terrazas’ para discutir sobre el sistema político, legislativo y otra sobre descentralización, realizada en Cusco, corazón del sur andino con fuerte demanda de respuestas que el estado no logra dar aún.
La campaña, que se diseñó luego de los sucesos de fines de 2022 e inicios de 2023, pretende contribuir a definir cómo se convierte el estado peruano en un instrumento al servicio de los ciudadanos y no al conjunto de intereses y desórdenes que acostumbramos ver. Porque la población reclama cambios, pero no se tiene claro qué implican esos cambios y el resultado producto de ellos.
Para el evento sobre gestión pública se eligió a Piura porque es un símbolo de las dificultades que tiene el estado para responderle a la gente, porque se atraganta en los procesos de gestión y no logra concretar aquellas cosas a las que se compromete. Luego vendrán dos capítulos más, uno sobre sistema de justicia y actividades ilegales; y otro sobre la relación con las fuerzas del orden.
Finalizará con una ‘Terraza’ sobre inclusión económica, que precise las políticas públicas que ayudarían a que el Estado le pueda ofrecer respuestas al 80% de conciudadanos que viven en la actividad informal y que no logran incorporarse en la economía, lo cual está poniendo un techo al crecimiento que el país podría alcanzar.
La gestión pública, como se sabe, sucede dentro del Estado y las personas que esperan bienes y servicios públicos no son muy conscientes de las enormes dificultades al interno. Y se ha generalizado la idea que por falta de capacidad de gestión no funcionan los procesos como la no ejecución de los presupuestos estatales.
¿Es tan simple como que falta capacidad de gestión -señaló Molina- o es que en las propias reglas que el Estado ha creado para operar hay cuellos de botella que hacen que todo sea más difícil? Y, como consecuencia, al final por más de que se diga, en el discurso, en la práctica, el fin y objetivo último no terminan siendo las personas sino determinadas racionalidades internas del sector público.
Concluyó Molina, ¿y cuáles son esos cuellos de botella que impiden que el Estado esté al servicio de las personas? Estos tienen que ver con las formas que el Estado procesa y el poder ejecutivo está organizado, que le impiden llegar de manera equilibrada y homogénea a todo el territorio nacional. Añadió Molina, y, ¿cuáles son las dificultades para hacer gobiernos regionales exitosos? ¿Qué medidas clave y cambios necesarios en el Estado se necesitan para que éste sea un instrumento más eficaz para las necesidades de las personas?
Por su parte el economista Maximiliano Ruiz señaló que en la gestión pública muchos gestores esconden el gasto corriente. E incluso se asume como pernicioso y hasta se inventan inversiones para justificarlo por lo que es necesario sincerar esta situación y reconocer que si se quiere tener entidades gubernamentales que ofrezcan buenos servicios, se necesita de personas preparadas y, por tanto, contar con gasto corriente.
Por otra parte, Ruiz subrayó las deficiencias de autoridades y servidores. Y que sin duda alguna es necesario un sistema político que elija a representantes más preparados pues será muy difícil tener una gestión pública con autoridades electas sin el perfil adecuado. No se puede separar de la gestión pública la calidad, idoneidad e integridad de las autoridades. Del mismo modo, los servidores públicos tienen una serie de dificultades que los llevan a actitudes y comportamientos que no se corresponden con la generación de servicio o valor público.
Ruiz relievó la dinámica del sector Educación que muestra avances en la carrera pública magisterial. Señaló que es lamentable que no se haya podido hacer algo similar ni en salud ni en otros sectores. Hoy los maestros postulan para subir escalas porque existe un incentivo económico para los ascensos. Y se preguntó cómo trasladar un mecanismo así para que los servidores de otros sectores avancen.
De otro lado, el excalde y exvicepresidente regional mencionó que está aún pendiente que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) provea al Estado de servidores a la altura de lo que necesita el país y que ello implica recursos e inversión. Asimismo, enfatizó la necesidad de luchar contra la corrupción existiendo experiencias interesantes de participación de actores territoriales en la lucha contra este flagelo. Difícil que una norma solucione este problema, pero hay que confiar en que el control ciudadano -ante la dimensión del problema- ayude a enfrentarlo.
El especialista manifestó que se necesita un gobierno eficiente y robusto, gente que haga buena gestión pública. Pero gran parte del reto ha sido pasado de los gobiernos al sector privado y éste no ha cumplido. Hace 30 años los gobiernos eran quienes supervisaban la elaboración de los expedientes técnicos. Hoy los gobiernos han abandonado esa tarea. Con el facilismo que se ha instalado, los gobiernos no tienen la capacidad de supervisar la calidad de los expedientes técnicos, lo cual genera los problemas conocidos. Y adicionalmente los colegios profesionales no han hecho mucho para que sus asociados cumplan con ese mandato. Ni el sistema judicial, ¿cuántos elaboradores de expedientes técnicos están con procesos judiciales? No hay penalidades ni normas para eso.
El político piurano propuso reimaginar lo que pueda ser útil para solucionar estos temas. Sobre la supervisión de la ejecución de obras, está demostrado que hay casos de ‘menjunjes’ entre ejecutores y supervisores. Para resolver este problema, se puede contratar a otra entidad para la supervisión de la obra o se cuenta con un equipo profesional capaz y bien remunerado para esa labor. Tema crucial en la medida que haya participación ciudadana, gobierno abierto, digitalización (se pueden manipular los aplicativos pero queda huella), conectividad, que son temas a acelerar su implementación.
Finalmente, Maximiliano Ruiz señaló un paso sustancial: que gobierno, sector empresarial y ciudadanos, se den la oportunidad para ponerse de acuerdo reconociendo que así como están las cosas vamos mal y todos queremos que nos vaya bien. Aunque pueda ser ambicioso, Ruiz confesó el sueño de que se logre un pacto y todos los actores involucrados apuesten por acordar y demostrar que se pueden hacer cosas distintas y para el bienestar de la mayoría.
Seguramente -dijo el economista Ruiz- se necesitarán una serie de elementos como herramientas, procedimientos, construcción de liderazgos y de organizaciones sociales, que en el tránsito a consolidar un mejor sistema político puedan cumplir los roles antes mencionados. Una posibilidad es planteándose una agenda en un territorio determinado. El mensaje es no solo reconocer que las cosas van mal sino pensar en una manera de cómo salir del atasco.
