Esta semana el Gobierno presentó un proyecto de ley para substituir Agrobanco por una nueva entidad llamada Mi Agro que asumirá todos sus activos y pasivos, así como todo su personal distribuido a lo largo del país. La nueva entidad no estaría sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, estaría en el ámbito de Fonafe y adscrita al Minagri. Su actividad se restringiría a actividades de segundo piso (no otorgaría préstamos directos a los agricultores) y operaría con entidades del sistema bancario, cooperativas y ONG’s vinculadas al sector. La estructura corporativa de la nueva entidad está conformada por un directorio de cinco miembros: dos miembros propuestos por Minagri (incluyendo su presidente); dos miembros propuestos por el MEF; y un miembro propuesto por la PCM.
La exposición de motivos presentada al Congreso para justificar la creación de la nueva entidad es muy pobre y revela un diagnóstico equivocado de la problemática del sector agropecuario. Una vez más el Gobierno revela una falta de planeamiento estratégico en su toma de decisiones. Como en el caso de la Ley de Promoción del Sector Agrario (Ley N° 27360), en lugar de ampliar su ámbito de aplicación a toda la economía, el Gobierno y el Congreso decidieron prorrogar su vigencia con modificaciones que desvirtúan su propósito de crear nuevos puestos de empleo formal.
En el caso de Mi Agro, no se entiende cómo sacando a la nueva entidad de la supervisión de la SBS se van a mejorar los problemas de gobernanza y política de asignación de créditos asociados a Agrobanco. No se entiende cómo la nueva entidad se dedicaría sólo a actividades de segundo piso manteniendo todo el personal y los locales de Agrobanco.
Inclusive se ha utilizado el nombre Mi Agro para evocar al exitoso Fondo Mi Vivienda y confundir a la opinión pública de que la nueva entidad funcionará como Mi Vivienda. La realidad es otra, Mi Agro no es un Fondo ni funcionará como Mi Vivienda.
La clave del éxito de Mi Vivienda fue un diagnóstico certero de la problemática del crédito hipotecario que fue traducido en un reglamento efectivo que abrió el mercado hipotecario a las grandes mayorías. El número de personas encargadas de la administración del Fondo Mi Vivienda ha sido mínimo. El claro reglamento del Fondo ha permitido que el número de créditos otorgados por Mi Vivienda a través del sistema financiero crezca sostenidamente y los casos de corrupción o favorecimiento indebido hayan sido prácticamente inexistentes. La adecuación del reglamento de edificaciones, la nueva ley de condominios (junta de propietarios) y el bono de buen pagador son claros ejemplos de reglamentación adecuada que abrió el mercado hipotecario a las grandes mayorías. Nada de esto se ve reflejado en la exposición de motivos del proyecto de ley que crea Mi Agro. El problema del agro no es la disponibilidad de crédito, el problema es su baja productividad resultado de la carencia de infraestructura agrícola y el pésimo manejo del agua imperante a lo largo de todo el país.
En una entrega anterior el autor presentó una propuesta para incrementar la productividad agropecuaria a través de la mejora de la infraestructura agrícola y un manejo adecuado del agua. La propuesta plantea que utilizando en forma eficiente las técnicas de “sembrado de agua” y riego tecnificado, el sector agropecuario puede aumentar significativamente su actividad forestal y duplicar su área bajo riego y así aumentar su productividad. El programa Sierra Azul (antes Sierra Productiva) es una prueba de ello, sólo basta replicar su experiencia a gran escala.
El reto de la propuesta radica que esta trasformación productiva no debe ser realizada directamente por el Gobierno sino por el sector privado. Una intervención directa del Gobierno en esta actividad no sólo demandaría ingentes recursos, necesarios para otras actividades, sino que sería una fuente de corrupción como la que venimos experimentando con los grandes proyectos de inversión pública.
Según el IV Censo Nacional Agropecuario del 2012, existen 2 millones 213 mil unidades agropecuarias distribuidas a lo largo de la Costa, Sierra y Selva del país (ver cuadro anexo). Si asumimos una cobertura del 100% de todas las unidades agropecuarias en un plazo de 10 años, que sería la duración del programa, implicaría la colocación de 221 mil préstamos por año. Este volumen de operaciones por año solo es posible hacerlo a través del sistema financiero privado y público de forma integral.
La naturaleza de los proyectos de inversión requiere tres tipos de operaciones: (i) Sembrado de agua y forestación; (ii) reservorios y tuberías o canales de distribución; y (iii) riego tecnificado. Cada tipo de operación tiene diferentes plazos de maduración. El sembrado de agua y la forestación tiene plazos de maduración de 20 años. Los reservorios y tuberías de distribución 10 años, mientras que los de riego tecnificado 5 años. Se requiere diferentes esquemas de financiamiento para cada categoría, además es necesario tomar en cuenta que las características de estos proyectos tendrán que ser adecuadas según la región (Costa, Sierra y Selva) en que estén ubicados. Lo más recomendable sería la estructuración de estos tres tipos de proyectos en forma integral para cada cuenca del país. El enfoque de cuenca permitiría un uso más eficiente del recurso hídrico y reduciría los costos de los tres tipos de operaciones.
En el caso del sembrado de agua y la forestación, los proyectos de inversión están volcados a las zonas altoandinas que son las zonas de actuación de las mineras. La propiedad de estas zonas es mayormente de las comunidades indígenas y los proyectos de forestación son de largo plazo. La mano de obra requerida para el sembrado de agua y el cuidado de los bosques hasta su maduración provendría de las comunidades que verían a la forestación como su seguro de jubilación.
Las AFP y la ONP también podrían participar ya que los plazos de maduración de estos proyectos calzan con la naturaleza de los fondos de jubilación. Se requiere adecuar la legislación para garantizar el retorno y la seguridad de la inversión de las mineras y las AFP por un lado y la participación de las comunidades en los beneficios por el otro. Este régimen de asociación comunidad-privado-público debería ser incorporado en la legislación para dar seguridad jurídica a estos emprendimientos y así atraer la inversión a las actividades forestales. Se podría estructurar un Fondo Mi Bosque similar a Mi Vivienda para estructurar este tipo de operaciones. Las actividades forestales de la Selva y la Costa, siendo de periodos de maduración más cortos, podrían ser incorporadas al esquema Mi Bosque para darle mayor viabilidad económica.
Los proyectos de inversión de reservorios y tuberías o canales de distribución de agua, que mayormente se ubicarían en las zonas intermedias de las cuencas, podrían ser llevados a cabo por las asociaciones de regantes de cada cuenca. Los regantes de las zonas bajas de la cuenca son los principales beneficiarios de estos proyectos, por lo tanto son los indicados para llevarlos a cabo. La creación de un Fondo Mi Reservorio estructurado a través de la banca privada con una partida inicial de gobierno permitiría la implementación de este tipo de operaciones a lo largo de todas las cuencas del país.
Finalmente, los proyectos de riego tecnificado, que en cantidad serían los más numerosos, serían proyectos que en promedio oscilarían alrededor de los 20.000 dólares (4 ha x 5.000) y requieren de la creación de un Fondo Mi Chacra estructurado en forma similar al Fondo Mi Vivienda con la participación de todo el sistema financiero. Se estima que el fondo requiere realizar 200.000 operaciones por año (el fondo Mi Vivienda realiza actualmente 50.000). Este número de operaciones requerido por año, permitiría lograr una cobertura de 100% de las unidades agropecuarias del país en un periodo de 10 años. Se estima que el Fondo Mi Chacra requeriría de un capital inicial de US$ 5.000 millones de dólares para el inicio de sus operaciones.
Los tres fondos propuestos en los párrafos anteriores, Mi Bosque, Mi Reservorio, y especialmente Mi Chacra, deberían recoger la experiencia lograda por el Fondo Mi Vivienda y el programa Sierra Azul para identificar la legislación necesaria para garantizar su viabilidad. Esta legislación debe ser aprobada antes del inicio de sus operaciones.
Una legislación apropiada es clave para el éxito de estas operaciones. En el caso del sector forestal y agropecuario, se requiere una legislación que logre el equilibrio entre la seguridad jurídica de largo plazo requerida para estos proyectos de inversión y el reparto de sus beneficios entre las comunidades, trabajadores del campo y los inversionistas. Solo así se logrará atraer la ingente inversión del sector privado requerida para obtener el incremento de la productividad del sector agropecuario. La creación de Mi Agro no es el camino correcto.
