Por: Rayane Melo, Asesora en Relaciones Institucionales de MAXIMIXE.
Con 61 votos a favor y 20 en contra, el pleno del Senado en Brasil votó ayer por destituir a Dilma Rousseff de la presidencia de la República, en la última audiencia del juicio político (impeachment) en su contra, por haber cometido “crimen de responsabilidad fiscal”. La votación fue el último y esperado capítulo de una larga sangría política que desde hace nueve meses mantiene en vilo a la mayor economía de América Latina, en ruta a su peor pérdida de riqueza en 80 años y que tiene a los principales partidos embarrados en causas de corrupción.
La audiencia fue presidida por el juez de la Corte Suprema Ricardo Lewandowski y la denuncia aludió a una violación de normas fiscales (sin permiso del Congreso) para maquillar los saldos de las cuentas públicas durante su mandato para encubrir un gran déficit fiscal. Rousseff hizo una aguerrida defensa de casi 14 horas ante el Senado, denunciando una vez más que estaban a punto de cometer un golpe de Estado.
Es cierto que el impeachment siempre ha sido político y fue utilizado como un instrumento por los parlamentarios para sacar a la presidenta del poder. Pero también es cierto que a Rousseff se le ha juzgado y condenado, entre otras cosas, por su mala gestión e inhabilidad política. Gobernó de manera autoritaria, ignorando consejos y críticas internas. No supo hacer política ni tuvo habilidad para negociar con el Congreso. Cometió errores y tardó en tomar decisiones cruciales. Para muestra, su sucesor Michel Temer, por ejemplo, en 90 días de gobierno logró reunirse oficialmente con más congresistas y senadores que Dilma, en sus cinco años y cinco meses de gobierno. Tras el cierre del proceso de impeachment hubo una pequeña volatilidad del mercado bursátil en Brasil, sucedida por una mejora de las expectativas económicas.
El nuevo presidente va a poner a prueba su apoyo político en el Congreso para intentar poner en práctica el ajuste fiscal prometido. Entre las medidas se incluye la elevación de la edad jubilatoria, la flexibilización laboral y la reducción de salarios. De otro lado, la política exterior asumirá un sesgo menos alineado el Mercosur y Unasur, lo que acerca a Brasil a los brazos de un Perú donde PPK manifiesta un ímpetu de atraer inversiones sin disfuerzos chavistas.