No se puede acabar con la corrupción que corroe la relación del Estado y los inversionistas privados, lanzando frases de perogrullo a la platea, como bien lo ha subrayado en reciente artículo el periodista Federico Salazar refiriéndose a las declaraciones elusivas del presidente Kuczynski respecto al soborno pagado por Odebretch al ex presidente Alejandro Toledo, siendo él ministro de economía. Para no quedarse corto, el actual ministro de economía, Alfredo Thorne, nos anuncia un sonoro “shock de integridad” y un “shock de inversiones” sin cabeza ni cola.
Es absurdo hablar de “shock de integridad” mientras con el pie le empujas al país una adenda regalona a favor de un consorcio titular de la concesión del Aeropuerto de Chinchero que mantiene lazos de negocios con miembros del entorno del gobierno. Más aún si ese consorcio está integrado por una empresa peruana con calidad crediticia deteriorada y una empresa argentina llena de juicios, que ahora juntas podrán acceder al derecho a operar un aeropuerto estratégico por 40 años, sin haber invertido ni arriesgado nada sustantivo.
Para que pueda tomarse en serio y pueda haber un real “shock de integridad”, el gobierno tendría que empezar por anular la cuestionada adenda y exigirle al consorcio el cumplimiento del contrato original. Los vicios de nulidad de la misma son más que suficientes para ello. Enseguida el gobierno tendría que comprometerse a que, en adelante, se respeten los siguientes principios:
- Utilizar las APP para ampliar, con financiamiento privado, la capacidad del Estado para financiar inversiones prioritarias, no al revés.
- Seleccionar sólo a empresas con solvencia financiera y buena reputación para ser concesionarias o supervisoras.
- Contratos de concesión sustentados en estudios y expedientes técnicos rigurosos y de alta calidad, a cargo de especialistas independientes de los contratistas.
- Todas las condiciones de la concesión deben estar comprendidas en el contrato.
- Las condiciones de los contratos no podrán modificarse a través de adendas.
- Priorizar los sectores y espacios de actuación en función a un plan nacional de desarrollo territorial elaborado de manera participativa.
- Priorizar los proyectos dentro de los sectores y espacios en función a “brechas de servicios”, tomando en cuenta sus niveles de eficiencia, eficacia y economía.
- Asegurar la mayor concurrencia y competencia entre empresas con buena reputación, solvencia y experiencia.
- Otorgamiento de subsidios sólo en casos excepcionales debidamente justificados por razones de inclusión social de poblaciones desposeidas, sujetos al cumplimiento de metas de servicios.
- Procesos de concesión abiertos y absolutamente transparentes, desde el inicio hasta el final.
- Participación obligatoria de la Contraloría en la auditoría de todos los proyectos.
Gran Bretaña es un caso de éxito a seguir por parte del Perú, por tener la experiencia más rica a nivel mundial en promoción de la inversión a través de asociaciones público privadas. Es un gran ejemplo de mejores prácticas para movilizar mucha inversión de alto impacto en el desarrollo, sin feria de adendas, coimas, lobbys, incumplimientos y favoritismos arbitrarios. ¡God save the Queen and Peru!
