El Perú no puede darse el lujo de seguir hundiéndose en una crisis de gobernabilidad. Hay que parar la hemorragia económica originada por una crisis política sin precedentes, al punto de que el Perú venga creciendo a paso de tortuga, reduciendo la magnitud de nuevos empleos, aumentando la informalidad y generando déficits fiscales y endeudamiento público en niveles récord históricos, dentro de un entorno de bonanza económica internacional singular.
Para PPK el origen de esta crisis de gobernabilidad es el capricho de la oposición de pretender vacarlo del cargo, sin razón alguna. Sin embargo, para la oposición y una mayoría de peruanos, el origen de esta crisis tiene que ver con los lazos de PPK con Odebrecht y otras empresas brasileñas protagonistas de la investigación Lava Jato y, en general, con su capacidad de gestionar intereses de clientes privados utilizando su sombrero de funcionario público en simultáneo que le pasa su sombrero de banquero de inversión.
Y esta percepción ha ido tomando cuerpo en la medida que han venido apareciendo nuevas evidencias, ya no sólo de conflictos de intereses, sino de casos de presunta colusión que eventualmente podrían configurar presuntos delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir, en cuanto habría gestionado normas de excepción, financiamientos y/o garantías estatales que implicaron una onerosidad millonaria para el Estado peruano, a favor de empresas con las cuales PPK tenía vínculos comerciales directamente, a través de su empresa ‘Westfield Capital’, o indirectamente, a través de la empresa First Capital, de su socio Sepúlveda; al menos en los siguientes proyectos: Trasvase Olmos (Odebrecht), Carretera IRSA Sur (Odebrecht), Carretera IRSA Norte (Odebrecht) y Camisea (Hunt Oil).
En el caso del proyecto IRSA Sur, el exministro René Cornejo, ex director ejecutivo de ProInversión durante el gobierno de Toledo, ya señaló a PPK como el artífice de la firma del contrato de concesión de dicha carretera, y del marco normativo que permitió que Odebrecht fuera contratada a pesar de estar impedida de contratar con el Estado peruano, así como del decreto supremo que sirvió para exonerar del control del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a dicho proyecto, lo que permitió su sobredimensionamiento.
Y cada día que pasa se irán conociendo más testimonios y evidencias respecto a éste y los otros proyectos en los que PPK ha tenido vínculos con empresas que han contratado con el Estado bajo su influencia y siendo autoridad. Lo cual daña la figura presidencial y genera un desprestigio al país en el mundo entero, como ya lo reflejan los editoriales de los medios de mayor prestigio internacional.
Ante estas circunstancias, el mejor escenario sería que PPK presentase su renuncia al cargo, permitiendo que el vicepresidente, Martín Vizcarra, asuma el mando siguiendo estrictamente el mandato constitucional de sucesión. Así se podría restablecer la gobernabilidad mellada, dado que Vizcarra es un político cuajado que goza de una trayectoria transparente y un liderazgo sustentado en el compromiso y la dedicación, libre de vínculos con círculos lobbystas.
Lamentablemente PPK no ha dado muestras de querer entender la magnitud del daño que le está haciendo al país. O quizás sí pero no se atreve a dar el paso de la renuncia, por la presión que pueden ejercer algunos de sus colaboradores aferrados a un poder cada vez más efímero.
De no darse esta salida que sería fantástica para el país en medio de las tinieblas que vivimos, tendrá lugar un segundo proceso de vacancia que ya está en ciernes en el Congreso, cuyos resultados sin embargo son inciertos. Si nuevamente PPK logra subsistir en el cargo jalándole más votos a la oposición, el país seguirá envuelto en una crisis de gobernabilidad que podría durar varios años y que podría devenir en una perfecta incubadora para el resurgimiento del radicalismo nacionalista de Antauro Humala y de la izquierda maoísta de Sendero Luminoso.
La falta de liderazgo, legitimidad y credibilidad de un gobernante es el mejor caldo de cultivo del caos. La falta de capacidad moral permanente justamente tiene que ver con una ineptitud para detentar una moral y, por ende, para poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es bueno y lo que es pésimo para el país. Lo cual es muy grave tratándose del primer mandatario de la nación.
