Todo indica que el gobierno está más perdido que el abogado de Alejandro Toledo, en materia de política forestal. La cháchara pro-forestal de organismos públicos capturados por grupos de interés que ejercen por décadas una influencia inaudita, al punto de dictar las normas legales del sector, es la misma con la que se ha tendido el manto protector de la deforestación sistemática de la Amazonía y de las exportaciones ilegales de maderables.
Hoy esta cháchara adquiere el carácter de estrategia santificada por un Ministerio de Economía y Finanzas bien intencionado pero desconocedor del tema, a través de su Mesa Ejecutiva Forestal; una de las ocho Mesas Ejecutivas que reúnen al sector público y privado para promover la competitividad y la diversificación productiva.
Esta cofradía burocrática, junto a gobiernos regionales amazónicos y empresarios sobre los que pesan serios cuestionamientos, han logrado que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley que modifica la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre que, suspende la obligación de contar con una zonificación forestal como condición para el otorgamiento de títulos habilitantes.
Gran apuro para el otorgamiento de derechos de acceso al bosque para el aprovechamiento forestal; vale decir, para seguir talando. Mientras se anuncia con bombos y platillos un acuerdo entre SERFOR, SUNAT y el Ministerio del Interior para fortalecer el control forestal que evite la tala y la exportación ilegales de madera, y otro acuerdo entre OSINFOR y los gobiernos regionales de Ucayali, Madre Dios, San Martín y Loreto para realizar una fiscalización conjunta. También se anuncia más presupuesto para SERFOR y OSINFOR para realizar auditorías e inspecciones previas, dizque “para fortalecer y desarrollar actividades en el ámbito de sus funciones.”
Si SUNAT no controla ni el mega contrabando que entra por Bolivia, ¿cómo podría entonces ayudar a controlar la tala ilegal? Lo mismo pasa con OSINFOR, cuya burocracia está muy comprometida con casos de tráfico de madera muy conocidos. O es desidia o es corrupción. Aquí sólo cabe una tala, pero no de árboles, sino de mafias enquistadas en el Estado.
Es así que, ni en la Mesa Forestal ni en el capítulo forestal-ambiental del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, se establece con claridad un compromiso de reforestación, de conservación y de emisión de oxígeno. Pero lo cierto es que, sin tantas auditorías, estudios, consultorías, y sin necesidad de asignar presupuestos cuantiosos a organismos disfuncionales, se podría lograr resultados espectaculares si tan solo hubiera una voluntad política férrea de reforestar.
En vez de ello, se profundiza el mismo enfoque que durante décadas ha hecho que la mayor parte de las exportaciones de madera de Perú sean ilegales, aunque estén fraudulentamente legalizadas, según diversas investigaciones y pruebas recopiladas por Global Witness y el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), incluyendo grabaciones y manifestaciones de los propios exportadores de madera del Perú admitiendo la falsificación de documentos.
Un caso sonado fue el de la madera transportada desde la Amazonía a México y de ahí a Estados Unidos, a fines de 2015, en un barco que fue hallado con más del 96% de la madera a bordo siendo ilegal; todo un escándalo internacional que obligó al cese del presidente ejecutivo OSINFOR y a su abandono forzado del país.
De otro lado, el estudio “Autorizado para robar: Redes del crimen organizado blanquean madera ilegal de la Amazonía Peruana” describe el enjuague de contratos forestales, Planes de Manejo Forestal (PMF) y Guías de Transporte Forestal (GTF), para dar una apariencia de legalidad a productos forestales extraídos ilegalmente.
Según dicho estudio, los documentos oficiales fueron otorgados por funcionarios de las oficinas de la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) en Loreto y Ucayali. Entre el 35% y 46% de los PMF de los contratos forestales no fueron revisados por el OSINFOR. Tampoco se consignó el número de la resolución que aprueba cada PMF. Además, el CIEL determinó que 51% de los PMF de permisos en predios privados y 30% en bosques locales no fueron reportados a OSINFOR.
El mundo nos está mirando. Los organismos internacionales están dejando de creerle al Perú, por incumplir año a año sus compromisos internacionales; los inversionistas comprometidos con el ambiente tiran la toalla ante tanta corrupción, burocratismo y decidia.
Al igual que con la reforma judicial y política, el presidente Vizcarra debería tomar el toro por las astas del reto de la reforestación de la Amazonía peruana. Hay 10 millones de hectáreas deforestadas esperándolo, señor presidente, y siguen creciendo a ritmo de 150 mil hectáreas por año. Ponga a sus funcionarios ‘a plantar árboles’, para impulsar exportaciones de maderables con verdadera trazabilidad, sustentada en genuinas plantaciones de árboles nativos.
Impulse al mismo tiempo la biodiversidad, promoviendo la agro-forestación con diversos árboles nativos de alto valor como la caoba, el cedro, el palo rosa, la bolaina y el chichuahuaco, así como plantas y frutas tropicales de alto valor, como la moringa, la pitahaya y la piña. Dígale a sus funcionarios que hagan programas concretos que garanticen la regeneración sostenible de los bosques, asegurando oportunidades de empleo, alimentación, educación y capacitación técnica para la población amazónica.
¡Basta de cháchara! La agenda del desarrollo sostenible debe ser productiva y no extractiva, inclusiva y no monopolista, transparente y no burocrática; y debe promover la diversificación y la biodiversidad en lugar del mono-cultivo.
Fotografía por Alberto Mondragón.
