El Perú atraviesa por una feroz crisis de legitimidad presidencial. A la luz de las múltiples evidencias de corrupción que involucran al mismísimo presidente de la república, la permanencia de Pedro Castillo en el gobierno es insostenible.
Tras la manifestación judicial de la lobista y candidata a colaboradora eficaz, Karelim López, ha quedado en evidencia que el gobierno de Castillo ha comprado a congresistas de oposición (al mejor estilo de Montesinos-Fujimori), asignándoles obras millonarias, dejando a un lado criterios técnicos transparentes de priorización de proyectos y selección de postores. Y ha quedado claro que Castillo está en el ápice superior de la conducción de todo un entramado mafioso.
La corruptela como sistema de gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Vivienda y Construcción. La corruptela más abyecta para designar directores Enel Ministerio de Salud a través del ofrecimiento de plazas al mejor postor a cambio de centenas de miles de soles. Si todo esto no es traición a la patria, se aproxima tantísimo a esa figura: la venta de parcelas del aparato estatal con propósito de aprovechamiento pecuniario y no de servir al ciudadano. El daño al país es enorme; es una daño moral, social, político y económico.
Si bien el daño a la economía no se hace visible a tan corto plazo, a mediano y largo plazo conduciría irremediablemente a la demolición de los cimientos de la productividad, y a una fuga de talentos que afectaría severamente el crecimiento económico potencial.
Si ese copamiento degradante de la gestión pública va acompañado de la compra de congresistas y arreglos bajo la mesa entre poderes del Estado, se fractura la división de poderes -fundamento del sistema democrático- generándose un clima propicio al deterioro de la calidad de los servicios públicos y al florecimiento de la corrupción, el narcotráfico y demás lacras mafiosas.
Castillo tuvo hasta una cuarta oportunidad para enmendar. Sin embargo, en su cuarto gabinete persistió en más de lo mismo: designar a personas ineptas y de pésimos antecedentes como ministros y permitir la festinación de los cargos técnicos debajo de ellos. Persistencia provocadora que sólo es explicable si es producto de una partitura escrita por agentes interesados en generar caos en el Perú. Una partitura orientada a desarrollar una articulación hegemónica a mediano plazo, sustentada en un nuevo aparato público rearticulado para favorecer al narcotráfico y la minería ilegal, así como para socavar la economía social de mercado y reemplazarla por un capitalismo de Estado de carácter populista.
Para ello es fundamental avanzar en tres frentes de acumulación de poder que se retroalimentan: político, social y económico. En el frente del poder político, se acumula poder a través del copamiento del aparato público, el control de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial y el copamiento de los gobiernos regionales y locales con autoridades sumisas. Ganar las elecciones como sea, a través de diversos partidos, confundiendo al electorado haciéndoles creer de que están votando por una opción distinta.
En el frente de la acumulación de poder social es fundamental lograr la ‘partidarización’ del control represivo dándole al serenazgo capacidad de manejo de armas, e incorporando a los ronderos y a los reservistas de Antauro Humala en los nuevos serenazgos a crearse en todos los municipios de las provincias y distritos del Perú (para ello es clave la liberación de Antauro Humala a través de una amnistía).
La acumulación de poder social también requiere contar con una prensa provinciana sumisa, parasitaria del Estado, a la cual iría gran parte del presupuesto de publicidad del Estado. En contrapartida, se requiere ‘partidarizar’ los medios de comunicación del Estado y generar condiciones de inviabilidad de los principales medios.
En tercer lugar, Castillo pretendería acumular poder económico, a través de una priorización de proyectos anti-técnica y con una selección de postores a dedo, con participación de empresas de fachada, con participación de una red de testaferros, en proyectos millonarios vinculados con obras de transportes, concesiones en telecomunicaciones y minería.
Por mucho menos de lo que estamos viviendo hoy los peruanos vacaron a PPK, Vizcarra y Merino. La incapacidad moral de Pedro Castillo es directamente proporcional a su capacidad para mentir flagrantemente, para persistir en colocar en puestos claves a la gente más despreciable, para usurpar funciones a través de sobrinos y amigotes, para reunirse clandestinamente con traficantes de influencias y coludirse con empresarios prontuariados y, encima, para victimizarse cínicamente ante los ojos del “pueblo”.
