En la proximidad de su discurso de 28 de Julio y a casi un año de finalizar su mandato, el presidente Alan García acaba de reconocer en declaraciones al diario El Comercio, que la corrupción y la inseguridad ciudadana son temas en los que su gobierno ha defeccionado. Buenos reflejos presidenciales, porque dos días antes ese diario titulaba los resultados de una encuesta a nivel nacional de Ipsos Apoyo con la frase “Gobierno aprista jalado en lucha contra corrupción y la delincuencia”.
Esa misma encuesta también mostraba la extrema severidad con la que la población juzga al gobierno en un tema crucial en el que a todas luces sí ha tenido meridiano éxito: la reducción de la pobreza. El 79% de la población percibe que la pobreza no ha disminuido, con un 31% que apuesta a que más bien se ha elevado y apenas 18% que cree en su disminución. Cómo se explica tamaña severidad con un gobierno que logró que el índice de pobreza bajara de 48, 7% en el 2005 a 34, 8% en el 2009; 14 puntos porcentuales en sólo 4 años, frente a 0 puntos de reducción durante el cuatrienio 2001-2005 de la Administración Toledo.
La razón subyacente a esta severidad extrema de la población con el gobierno, tiene que ver justamente con su desazón con la corrupción e inseguridad ciudadana. La corrupción pone sangre en el ojo porque la adjudican a un afán de acaparamiento de puestos públicos por el partido de gobierno y al cotidiano cobro de coimas por parte de policías, jueces y burócratas, así como a los episodios de supuestos casos de tráfico de influencias hechos públicos a través de la prensa.
Males como éstos no podrán curarse tomando una aspirina. Son tan arraigados que su solución sólo puede avizorarse con una operación de alta cirugía: la reforma del Estado. Con bisturí se tendría que hacer un trasplante de sistema de partidos políticos, de Poder Judicial y de Congreso de la República. Con rayo láser se tendría que instituir la responsabilización de la gestión pública, a partir de una definición precisa del rol del Estado y las competencias de sus niveles de gobierno. Una liposucción del aparato público se torna inevitable, reestructurándolo, desburocratizándolo y simplificando sus procesos, contemplando también un proceso de rehabilitación de la carrera pública, con funcionarios contratados, ascendidos y premiados en sus remuneraciones en función a méritos y al cumplimiento de metas. Por último, haría falta una operación de alta cirugía al proceso de descentralización, con transferencia de sistemas de gestión antes que de competencias, con una distribución geográfica justa de los recursos (incluyendo los recursos del canon), y la conformación de macrorregiones en reemplazo del modelo feudo caudillista regional actual.
Evidentemente sería majadero pedirle a una administración en retirada que realice tamaña reforma que debió iniciarse desde su primer día para poder culminarla al quinto año. No obstante, si el presidente García espera trascender con un balance positivo al quinto año de su mandato, la lectura que le toca hacer de los doce meses que restan a partir del 28 de julio es que ante todo debe recobrar la confianza del pueblo y consolidar la de los empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros. Y para ello debe prescindir de los fuegos artificiales o las luces de bengala, así como de quienes no le sirvan para proyectar una imagen de razonable austeridad, transparencia y eficiencia.
