Durante las décadas en las cuales la industria pesquera, en especial la anchovetera, se ha manejado con privilegios, se generaron las condiciones de un lucrativo negocio que atrajo a mucha gente. La cantidad de dinero que mueve el negocio es tan grande y rentable, que la corrupción y presión para mantener ese estatus es tremenda.
La industria pesquera debe exhibir en forma transparente cuánto empleo genera y de qué calidad. Cuántos empleados están dentro de regímenes laborales legales y están siendo pagados con todos los beneficios que manda la ley, y cuántos están fuera de la formalidad y/o subempleados. La autoridad de Trabajo debería exhibir cuáles son los salarios que ganan, si cobran horas extras, gratificaciones y CTS, tanto los tripulantes, como el personal de tierra y los que laboran en la industria exportadora. Estas cifras mostrarían una verdad que podría ser sorprendente ya que no es suficiente lanzar cifras al aire que nadie puede verificar; pero que la prensa difunde.
Se llega a esta situación gracias a una ley promotora y estimuladora de la extracción pesquera que durante años incentivó el desarrollo de cada vez mayor esfuerzo pesquero. Poco a poco el negocio se volvió tan lucrativo, que todos quieren ingresar al mismo y rechazan y rechazarán cualquier intento de cambio.
Una razón, aunque no la única, de lo rentable y lucrativo que constituye exportar productos pesqueros o sus derivados, es que los peces que se capturan son gratis para los «artesanales», (algunos de los cuales no califican como tales), dado que no pagan derechos de pesca; y demasiado baratos para la pesca industrial que sí paga derechos de pesca.
El Estado está intentando corregir los efectos, más no la causa. El origen radica en una ley promotora que debiera modificarse despojándola de todo espíritu promotor, en beneficio de la sostenibilidad. Hoy no existe la misma cantidad de peces que hace 20 años. No se necesita un informe científico para ello: todos los que realizan esfuerzo pesquero lo saben. Cada vez hay menos peces, y cada vez son más caros para el pueblo peruano. Por tanto no es posible admitir más pescadores porque cada nuevo que ingresa le quita ingresos al pescador que ya existe. La capacidad extractiva actual de la flota necesita reducirse.
Los peces deben tener un precio. Un justiprecio que permita que la Nación cobre por cada kilogramo que se extrae de su dominio marítimo, que entre otros, tenga un efecto disuasivo de seguir invirtiendo como hoy.
Todos quienes capturen peces para la industria exportadora deben pagar un valor real por lo que capturan, siendo las plantas procesadoras las que se encarguen de la recaudación actuando como agentes de retención de cada armador, a quienes descontarán dicho impuesto o regalía de su precio. Facilita el control y la cobranza y los cálculos se harían en función del producto terminado, deduciendo la cantidad de materia prima empleado basados en el ratio de conversión de la misma. Esta acción compete a la Autoridad Tributaria en coordinación con la Autoridad de Pesquería.
Debe introducirse a la ecuación pesquera un nuevo y justo tributo o una regalía.
EL CONCEPTO
Actualmente ocurre como si cada uno de nosotros tuviese una parcela llena de animales, patos por ejemplo, que son propiedad de cada uno. Ocurre que el sistema permite a cualquiera venir a capturarlos para hacer negocio con ellos, pagándonos en proporción a la utilidad que reciban del negocio. Si ganan poco pagan poco, si no ganan no nos pagan. Injusto porque su eficiencia debe ser independiente del pago por cazar animales de nuestra propiedad.
Puede ocurrir lo siguiente:
1. Una persona se lleva diez patos, hace negocio con ellos y obtiene como utilidad bruta 1, 000 soles. No nos paga nada por llevárselos, sino solamente el impuesto a la renta por la utilidad que obtiene, que es el 30% de la misma. O sea que paga 300 soles.
2. Otra persona se lleva también diez patos, hace negocio con ellos y pierde en el negocio, o sea que declara que no obtuvo utilidades. Por tanto no paga impuesto a la renta porque el 30% de nada, es nada.
3. Una tercera persona paga un sol por cada pato que se lleva, hace negocio con ellos y obtiene una utilidad de 500 soles porque declara que tiene muchos gastos y por tanto su utilidad es baja. Paga 30% de esos 500 soles, o sea 150 como impuesto a la renta más 10 soles por el derecho a llevárselos. Pagará en total 160 soles.
Ninguno de ellos se preocupa por alimentarlos, limpiar el área donde habitan ni les interesa cuidar que se reproduzcan para que no se acaben. Sencillamente se los llevan.
El dueño de los patos tiene que soportar que ensucien su parcela, entren a la hora que quieran y cuando pretende imponer una cuota máxima de la cantidad de patos que pueden sacarse y cobrar lo justo, todos aquellos que sacan patos de esa propiedad lo agreden, le tiran piedras y le impiden movilizarse libremente.
La lógica indica que extraer esos patos tiene que tener un precio que compense al propietario y le deje un margen que le permita mantener libre de suciedad el área, y los gastos de cuidarlos, veterinario y otros. Eso es independiente de la utilidad que cada extractor obtenga. Al dueño de la parcela no le interesa si gana poco o mucho dinero por ser eficiente o no, honesto o no. Le interesa que le paguen por cada pato un justiprecio, además de compartir ese 30% de su utilidad que constituye el impuesto a la renta como en todas partes.
Lo que ocurre actualmente es que algunos pescadores pagan derechos de pesca por la extracción, poco; pero otros no pagan nada. Unos pagan impuesto a la renta apropiado, otros pagan poco y otros no pagan nada.
El hecho es que el estatus del sector pesquero al día de hoy representa una situación de inmoralidad. Puede ser legal, pero no es moral ni aceptable. Más allá de los usos y abusos del sistema democrático y legal del país, la industria no paga lo que debe, contamina y pone en riesgo la supervivencia de la biomasa de recursos marinos. Pese a ello y para defender el negocio acude a los más diversos mecanismos para defender sus intereses directamente o a través de la manipulación de las personas que viven alrededor de este negocio, sea que estén bien o mal pagadas, formalizadas o no. Es aquí donde entra la sociedad civil que debe ser la primera línea de defensa de los intereses nacionales.
La situación es evidentemente injusta. Se ha creado una situación en la cual el Estado, como representante de todos los ciudadanos del país, se encuentra ante un negocio que no quiere regulación, se resiste a pagar con justicia y que a cada intento de poner orden en todo este sistema, enfrenta una reacción que consiste en tirarnos piedras o impedirnos caminar por la parcela cada vez que les restringimos el uso de nuestros animales.
Nuestros derechos, como ciudadanos y propietarios de los recursos naturales, no son inferiores a los que ellos creen tener. La pesca debe pagar un justiprecio y actuar sin afectar el medio ambiente ni poner en riesgo la sostenibilidad de los recursos que extrae.
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