Se estima que se requieren US$8.1 billones de aquí al 2050, con una inversión anual que alcanza los US$586 mil millones por año, para detener con éxito el cambio climático a 2 grados centígrados, revertir la pérdida y estabilizar la biodiversidad en los niveles actuales y detener la degradación de la tierra.
El financiamiento para combatir el cambio climático proviene del sector público y privado. En general, pese a que varias economías desarrolladas y en desarrollo todavía siguen políticas energéticas a favor del carbón, una gran parte de entidades financieras muestran más interés en proyectos de combustibles fósiles que en proyectos verdes, principalmente debido a los riesgos asociados con estas nuevas tecnologías y su relativa menor tasa de retorno.
Existe una variedad de instrumentos financieros verdes disponibles de fuentes financieras públicas y privadas, que incluyen:
- Canjes de deuda por naturaleza bilaterales y trilaterales: como países que reestructuran su deuda con miembros del Club de París para desarrollar proyectos verdes.
- Instrumentos basados en el mercado: como impuestos y cargos ambientales que generan ingresos que pueden utilizarse para la implementación de proyectos verdes.
- Bonos, préstamos y microcréditos verdes: por ejemplo, ciudades que emiten bonos de impacto ambiental para implementar proyectos verdes para la gestión de aguas pluviales.
- Pagos por servicios ecosistémicos: Por ejemplo, esquemas que mejoran la provisión de agua limpia para el suministro de agua potable.
- Compensaciones de biodiversidad: Tales como requisitos reglamentarios para compensar los impactos del desarrollo mediante la expansión de las áreas protegidas existentes en los sitios de compensación.
- Asociaciones público-privadas: como gobiernos locales que cooperan con actores del sector privado local para generación de proyectos verdes locales.
- Mercados voluntarios de carbono: como proyectos corporativos de proyectos verdes que mitigan las emisiones de carbono.
El sector privado se beneficia significativamente al proporcionar financiamiento directo para proyectos verdes que brindan beneficios específicos para la empresa y comprando créditos para servicios ecosistémicos generados por proyectos verdes, por ejemplo, compensaciones de carbono. En particular, los beneficios directos de financiar proyectos verdes incluyen una mayor resiliencia de las cadenas de suministro (por ejemplo, acceso a agua de buena calidad) y gestión de riesgos (por ejemplo, primas de seguro más bajas).
Asimismo, las empresas también se benefician de los proyectos verdes mediante el ecosistema de compras para cumplir con sus obligaciones de cumplimiento normativo a un costo menor del que lograrían por sí mismos. También pueden cumplir con las expectativas de los clientes que han comprado bienes y servicios basados en compromisos voluntarios para cumplir con los estándares y objetivos ambientales.
A eso se suman los productos Fintech que ha beneficiado a las finanzas verdes en cuanto a acceso, costos, distribución (retail), transferencia (blockchain), gestión de riesgos, rentabilidad y productos de financiamiento verde a la medida de las necesidades.
Los bonos verdes son los instrumentos que se han emitido mayormente en años recientes para financiar iniciativas que tienen como propósito el reducir y gestionar los impactos del cambio climático. La gran mayoría de las emisiones se han realizado en grado de inversión, aunque las empresas de energía renovable también han estado activas emitiendo bonos verdes de alto rendimiento. Otros emisores y estructuras recientes han incluido “garantías verdes” de proyectos de energía renovable, así como bonos verdes garantizado por hipotecas a largo plazo sobre edificios verdes, bonos respaldados por activos de SolarCity garantizados por largo – arrendamientos a plazo de sistemas solares en techos, bonos municipales garantizados por los ingresos de una tarifa de servicios públicos de infraestructura verde, entre otros.
Entre las razones más comunes que los emisores han considerado al emitir bonos verdes (a diferencia de los bonos no verdes) se cuenta: (i) acceder a financiamiento de inversionistas ambientalmente conscientes, que sólo realizan inversiones respetuosas con el medio ambiente, (ii) estimular inversiones de capital adicionales en infraestructura verde del mercado más amplio y crear conciencia sobre cuestiones ambientales, (iii) sentido de responsabilidad social ante los stakeholders del emisor, y (iv) obtención de un tratamiento fiscal preferencial de los bonos, en caso de existir.
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