El tema del libro ha vuelto a la palestra política peruana, ante la inminencia del vencimiento de los beneficios tributarios de la ‘Ley del Libro’. El presidente Vizcarra aprovechó la inauguración de la Feria del Libro para pronunciarse a favor de mantener el trato tributario especial del cual han gozado los libros de papel y tinta desde hace tres lustros.
A pesar de que ya vivimos en la era de la inteligencia artificial y la revolución robótica, el libro impreso con tinta sobre papel y con tapas (tal cual apareció a mediados del Siglo XV por obra y gracia de la prensa de imprenta con tipos móviles inventada por Johannes Gutemberg), sigue siendo el emblema del aprender y el saber. De ahí el perspicaz y oportuno anuncio presidencial.
En todos estos años el sector editorial ha gozado de la exoneración del IGV a la importación y venta de libros y afines; del otorgamiento de un crédito tributario por reinversión de utilidades; y un reintegro tributario del IGV pagado en las adquisiciones de bienes de capital, materia prima, insumos, etc.
El anuncio fue celebrado con algarabía por la platea (léase ‘los lectores’), pensando en que las exoneraciones, al hacer los libros más baratos, cuidarán sus bolsillos. La mezzanine (léase ‘los autores’) también celebró -como no- asumiendo que con precios más bajos tendrán más compradores para sus libros.
Todo parece muy obvio, aunque los economistas estamos a veces para aguar la fiesta o al menos para amenizarla con algunas reflexiones. Sin saberlo, el sentir de lectores y escritores está basado en un supuesto heroico: que el mercado editorial se comporta parecido al mercado de papas (modelo de competencia perfecta), donde confluyen muchos ofertantes y muchos demandantes, por lo cual, al bajar el costo del producto (por efecto de la exoneración tributaria), la competencia entre ellos hace que el precio baje en proporción al menor costo.
La realidad es que el mercado editorial peruano es altamente concentrado. Según datos de la propia Agencia Peruana del ISBN, a pesar de que el 60% de las editoras son micro y pequeñas, ellas sólo registran el 26% de los títulos comercializados; el 74% restante es vendido por grandes empresas editoriales.
La propia Cámara Peruana del Libro[1] reconoce que en 2016 el grupo de 268 empresas editoriales concentraron el 65% del total de títulos registrados en ese año. Incluso, apenas 10 de ellas concentraron el 44,7%, con un promedio de más de 100 títulos cada una de ellas.
Pero el mercado editorial peruano no sólo es altamente concentrado, sino también altamente segmentado; o sea, está dividido en compartimentos estancos. Aun sin cifras, se sabe que la mayoría de autores tienen un acceso exiguo a las grandes empresas editoriales. El negocio de éstas es editar a autores consagrados o vender títulos de consagrados importados, aparte de las dedicadas a la importación, edición y comercialización de títulos educativos al por mayor.
La mayoría de autores peruanos se auto publican sus obras, o recurren a pequeñas empresas editoras, quienes suelen cobrarles por publicar, en vez de pagarles derechos de autor. En otros países, las editoras grandes mantienen mecanismos para reclutar autores desconocidos talentosos, como lo hacen los grandes clubes de futbol. Aquí en Perú eso es sueños de opio.
Pero el mercado editorial peruano no sólo es altamente concentrado y segmentado, sino que es altamente integrado verticalmente. Las grandes editoras dominan toda la cadena de valor, desde la importación, hasta la edición, la distribución mayorista y el retail. Ello les da un alto poder de negociación con sus proveedores, gran capacidad de marketing y una posición privilegiada en el punto de venta, llámese ferias o cadenas de librerías.
Indudablemente que en ese segmento top, que mueve la mayor parte del negocio librero, no existe ningún incentivo de mercado para reflejar en un menor precio la exoneración del 18% del IGV. Por ello, no extraña que, tras más de tres lustros de haber gozado de estos beneficios, ni el gremio del sector ni el Estado, hayan podido demostrar un impacto favorable de ese trato tributario especial.
De hecho, el índice de precios en libros subió 28% entre 2005 y 2018, estando vigente el no pago del 18% de IGV en el sector, mientras en Chile en ese mismo lapso subió apenas 6%, estando sujeto al pago de 19% de IGV. Ese diferencial no es explicable por el lado cambiario, dado que el sol se ha depreciado incluso menos que el peso chileno frente al dólar en ese período.
Es cierto que, entre 2000 y 2016 aumentó el número de agentes editores, de 298 a 994, como también trepó la oferta editorial de 2.001 a 6.463 títulos. Sin embargo, muchos de los micro agentes editores (personas naturales o microempresas) nuevos, así como cobran vida un día, al poco tiempo desaparecen. Los que subsisten lo logran entablando una relación dominante frente a autores que, más allá de su calidad literaria, no tienen opción de acceder a las grandes editoras. Esa ventaja les permite generar una relación contractual informal, que les da amplia flexibilidad para aplicar mecanismos rentistas, generadores de sobre ganancias: impresión de ejemplares extra vendidos sin autorización del autor, incipiente soporte editor, demoras en pagos, exigua labor de promoción, etc.
Propongo una nueva “Ley de Promoción de la Lectura y la Escritura Creativa”, que promueva la lectura o escucha y visualización, bajo cualquier medio que implique un proceso de escritura. En general, los escritores peruanos son muy talentosos. Sólo hace falta convertir ese talento en un capital intelectual accesible por todos los medios al niño y joven lector peruano, siendo a la vez capaz de conquistar las vitrinas del mundo entero.
Propongo que la nueva ley asigne un monto no menor a S/ 100 millones anuales, expandible 5% por año, a un programa de fondos concursables orientados a crear una gama de premios literarios en cada ciudad, a la divulgación de trabajos en ciencias sociales y otras ciencias, a la promoción de la participación de escritores creativos en círculos de innovación y proyectos de innovación cultural y empresarial, generándoles oportunidades de mejora sustantiva de sus ingresos. La exoneración de impuestos no es la panacea. Definitivamente.
En pleno Siglo XXI dicha ley debe promover el acceso a la lectura por cualquier medio de preservación del conocimiento y la información, a través de cualquier vestigio escrito o de reproducción auditiva o visual de la memoria. Para ello debe crear un ecosistema competitivo de difusión, almacenamiento y acceso al conocimiento y la información, articulado al enjambre editorial global, de impresos y otros medios audiovisuales.
Debe promover la entrega de bibliotecas virtuales (tipo kindle) conteniendo miles de ejemplares, a jóvenes escritores o aspirantes a serlo. Becas de estudios de postgrado en las mejores universidades y becas para financiar estadías de escritores creativos nacionales en foros y proyectos editoriales internacionales, para generar roce e intercambio.
Evidentemente, para subsistir y formalizarse las MYPES editoriales necesitarán un régimen especial, que puede ser el actual RUS o una variante, mientras que las editoras medianas y grandes tranquilamente pueden pasar al régimen general o al RER, según su volumen de ventas.
A pesar de que partimos de muy atrás respecto a países vecinos como Colombia, Chile, Brasil o México, una característica que deberíamos convertirla en fortaleza, es que quizás por nuestra complejidad social y política, somos el único país latinoamericano cuya producción editorial en ciencias sociales equivale al 48% de sus títulos publicados.
Igualmente, llama la atención que el segundo campo editorial más prolífico sea el de la literatura, con el 25% de los títulos publicados, lo que demuestra la existencia de un ímpetu que sólo puede explicarse por nuestra rica tradición literaria, que se contagia generación tras generación como una fuente de energía vital rejuvenecedora.
[1] “Estudio diagnóstico del sector editorial del Perú”, documento CERLAC, noviembre 2017, p.21.
