Las medidas de contención de la pandemia del COVID-19 que viene tomando el gobierno están generando una serie crisis que abarca toda la economía del país. Al igual que muchos países en el mundo, las medidas de contención están llevando al despido masivo de trabajadores y a una potencial ruptura de la cadena de pagos. En esta entrega presentamos una propuesta para evitar que el escenario de una ruptura de la cadena de pagos se produzca. Esta propuesta ha sido elaborada en forma conjunta con Jorge Peschiera.
Durante mi gestión como ministro de economía y finanzas en 1998, para enfrentar la crisis de la deuda rusa se tomaron, en coordinación con el BCRP y la SBS, un conjunto de medidas drásticas para evitar el colapso del sistema financiero y de la economía. Sin embargo, la reducción de tasas de encaje e inyección de préstamos de emergencia de organismos internacionales y muchas otras medidas, no impidieron la quiebra temporal de la cadena de pagos. En retrospectiva, el conjunto de medidas tomadas no fue suficiente ni en cantidad ni en oportunidad para enfrentar el tsunami mundial desatado por la crisis rusa.
La actual crisis mundial desatada por la pandemia del COVID-19 tiene características totalmente diferentes a la crisis de 1998. Sin embargo, las medidas de cuarentena y restricciones implantadas por el gobierno para combatirla, aun cuando pudieran justificarse desde el punto de vista de la salud pública, nos están llevando, en el área económica, a situaciones similares a las registradas en 1998.
Por lo tanto, si no se toman las medidas económicas adecuadas, rápidamente y en la escala necesaria, corremos el riesgo de que se rompa la cadena de pagos, lo que nos conduciría a una recesión económica, con severas consecuencias para el bienestar de los peruanos en el corto y mediano plazo. Muchos gobiernos en el mundo se han percatado de esta situación. Por ejemplo, en el transcurso de esta semana el gobierno norteamericano ha aprobado medidas de estímulo económico equivalentes al 10% del PBI norteamericano.
En comparación, el gobierno peruano, ha anunciado hasta la fecha medidas de apoyo a los más necesitados, informales, pequeñas empresas, gobiernos locales, y municipalidades, cuyo monto equivale a 1.7% del PBI, que palidece en comparación a los estímulos económicos que vienen implementando no solo los EUA sino la mayoría de los países desarrollados.
Mientras que los países industrializados concentran sus esfuerzos en evitar que las empresas despidan a su personal y entren en bancarrota, el gobierno peruano no está percibiendo la magnitud del impacto que la cuarentena genera en las empresas formales que se ven impedidas de operar. Pequeñas, medianas y grandes empresas, que están paralizadas por las medidas decretadas por el gobierno, no pueden cubrir sus costos de planillas y se verán forzadas a despedir a su personal o cerrar sus operaciones. Estamos hablando de empresas que no han generado ingresos en el mes de marzo y no lo podrán hacer en los próximos 2 o 3 meses. Para enfrentar esta situación países como el Reino Unido, Alemania y EUA, entre otros, van a asumir el costo de la planilla durante el periodo de suspensión de actividades para evitar el despido masivo de trabajadores y el aumento del desempleo.
En el Perú existe la Planilla Electrónica, que registra todos los pagos por concepto de sueldos, salarios y contribuciones realizados a cada trabajador formal mensual por su empleador. Por otro lado, SUNAT, a través de la factura electrónica sabe con precisión la cantidad de dinero recibido por cada empleador (facturas pagadas) día a día. La SUNAT, haciendo un cruce entre la planilla electrónica y las facturas electrónicas pagadas de cada empleador, está en condiciones de saber cuántas empresas no podrán cubrir el pago de sus planillas del mes y el monto de planillas en riesgo. A partir de esta información el gobierno puede cuantificar las necesidades y establecer un programa de ayuda a las empresas formales que evite el despido masivo de empleados y la consecuente parálisis económica y así evitar la interrupción de la cadena de pagos.
¿En qué consiste la propuesta de salvataje al sector formal de la economía? Consiste en otorgar préstamos a través del sistema financiero, con recursos del Estado, para cubrir total o parcialmente, durante tres meses, planilla de remuneraciones y honorarios profesionales pagados por las empresas. Los criterios para el otorgamiento de estos créditos deben ser simples, a fin de permitir un rápido desembolso. Por ejemplo, que, en comparación con el promedio de los meses de enero y febrero 2020, los ingresos de las empresas hayan caído por un monto mayor al monto mensual de la planilla de remuneraciones más honorarios profesionales.
¿Cómo se desembolsarían los préstamos? De la misma forma que los préstamos del programa MiVivienda, pero a través de un fondo fiduciario (Fondo Pandemia) administrado por COFIDE. Las instituciones financieras aprobarían los préstamos cumpliendo con los criterios que establezca el MEF y solicitarían el reintegro a COFIDE. Para el primer desembolso, que cubriría la planilla del mes de marzo, debería bastar una declaración jurada de las empresas. Para los dos siguientes desembolsos, las empresas prestarían evidencias (monto de planillas y niveles de ingreso) a los bancos. Las empresas devolverían esos préstamos en un plazo largo, no menor a 4 años. En lugar de otorgar un subsidio directo como propone el gobierno, para cubrir un porcentaje de las planillas, el subsidio se daría no cobrando intereses por estos préstamos.
¿A cuánto ascendería las necesidades de financiamiento a las empresas? Según las cuentas nacionales del INEI la masa salarial total de sector formal (incluyendo contribuciones) es de 30% del PBI. Como la medida se aplicaría por 3 meses, la cantidad se reduciría a (30*3/12) 7.7% del PBI. Pero si descontamos las empresas que no calificarían al programa (las entidades del Estado y las empresas mineras, electricidad, gas y agua, agropecuario y alimentos) las necesidades de financiamiento se reducirían alrededor de 3 a 4% del PBI.
¿Cómo haría el gobierno para financiar el esquema propuesto? Se requeriría que COFIDE emita un “Bono de la Pandemia”, con garantía del Estado, que seria colocado en el mercado local y a nivel internacional y podría contar con la participación de organismos internacionales. 4% del PBI es equivalente a 8,000 millones de dólares americanos, aproximadamente el valor del gaseoducto peruano. Esos bonos serían repagados con los recursos que el Fondo Pandemia vaya recibiendo por la recuperación de los préstamos a las empresas, más el aporte del Estado necesario para cubrir los costos financieros y los eventuales incumplimientos por las empresas que no logren superar la crisis. La recuperación económica y la salvaguardia de miles de empleos formales justifican la adopción de este tipo de medidas. No hacerlas podría significar una recesión económica de impredecibles consecuencias.
