Parecía un CADE pergeñado como callejón oscuro para un presidente Vizcarra que ya venía siendo petardeado desde varios flancos acusándolo de sembrar el desgobierno, el caos político y el estancamiento económico. La calistenia anti-Vizcarra pre-CADE corría por cuenta de varios ‘opinólogos’ portaestandartes del estatus quo político y judicial, con la consigna de teñir la imagen de Vizcarra con el rojo de ‘caviar comunista’, gobernante fracasado, dictador del poder judicial y artífice de una persecución política contra Keiko Fujimori y Alan García.
Desde el saque el presidente de la CONFIEP disparó un misil fuera de borda contra los fiscales que vienen investigando los delitos de corrupción vinculados con Lava Jato, dando a entender que son instrumentos de una “campaña de destrucción contra el sector privado”, desplegada desde el IDL; organismo de la sociedad civil tildado por el séquito keikista y alanista de ser un nido de la ‘mafia caviar’.
Enseguida el ex brazo derecho de PPK, Fernando Zavala, se encargaría de dar la estocada a ese presidente ‘inepto y dictador’, dándole lecciones de cómo luchar contra la corrupción y cuál debería ser la agenda de competitividad del país. Interesante que los organizadores del CADE eligieran para ello a un factótum de la pesada herencia histórica que ha recibido Vizcarra: un Estado corrompido y un país desbarrancado en el ranking de competitividad mundial, principalmente gracias a las gestiones de Humala y PPK.
Quizás insuflado por esa realidad histórica y por la evidencia de que la economía peruana viene logrando mantenerse entre las más dinámicas de América Latina, a pesar del ruido político[1], el mensaje del presidente Vizcarra fue demoledor. Negó la existencia de persecución política y pidió respetar la independencia del poder judicial. Reafirmó su compromiso indoblegable de luchar contra la corrupción y de llevar la modernidad a todos los rincones del país, para lo cual anunció un plan para impulsar la productividad y la competitividad.
A contrapelo de la propuesta de Zavala que da primera prioridad al cierre de la brecha de infraestructura[2], para Vizcarra la productividad y la competitividad descansan más en una prioridad a la calidad educativa, el acceso a la salud, y al fortalecimiento de la institucionalidad a partir de una reforma judicial que garantice el imperio de la ley, y una reforma política que tendrá en el referéndum que se avecina su primer peldaño.
El discurso de Vizcarra fue tan contundente que alcanzó un nivel de aprobación del 76% por parte de los participantes al CADE; por encima del 60% de aprobación que le dan las encuestas a nivel nacional. De paso, su elocución dejó sin piso a quienes lo acusaban de comunista, puesto que sus planteamientos fueron claramente pro mercado, apuntando a un desarrollo competitivo descentralizado, con un Estado sin grasa pero con músculo que lo impulse.
Si los resultados del referéndum le son favorables (como todo indica que será), la popularidad de Vizcarra puede pegar otro salto. Y sería el momento de hacer ajustes en su equipo de gobierno, para que ese soporte popular se vuelva sostenible en lo que resta de su gobierno. En esa línea, se esperaría que el año 2019 arranque con un gabinete de ministros remozado, conformado por personalidades de elevada solvencia tecno-política, capaces de darle velocidad y efectividad a la amplia y compleja agenda transformadora pendiente.
Por parte del empresario peruano, le toca también asumir su responsabilidad histórica con el desarrollo del país, a partir de un compromiso ético dentro de su propia empresa, como bien lo subrayó Oscar Espinoza, presidente de Ferreycorp, tras recordar que 71% de los peruanos piensa que los empresarios son corruptos.
De hecho, si los empresarios dejaran de pagar coimas terminaría la corrupción en el Estado. Y si, en lugar de invertir en proyectos contaminantes del ambiente, invirtieran en proyectos reductores de las emisiones de dióxido de carbono y generadores de empleo masivo en la sierra y la selva, la conflictividad social se reduciría a su mínima expresión, el radicalismo incendiario se extinguiría y el nivel de felicidad de los peruanos subiría como la espuma.
[1] Véase mi artículo “Economía peruana brilla en América Latina”, Alerta Económica del lunes 26 de noviembre. MAXIMIXE.
[2] Brecha estimada por AFIN (gremio de las concesionarias de infraestructura) en más de US$ 160 mil millones, en la época en que Odebrecht y demás empresas brasileras involucradas en el Club de la Construcción, tenían la voz cantante. Más que un plan de infraestructura, Perú requiere un Plan de Desarrollo elaborado con un enfoque territorial, del cual se desprenda la verdadera brecha de infraestructura prioritaria, calculada de manera independiente.
