Simplificar el Impuesto a la Renta, fortalecer el IGV, reducir las cargas sobre el empleo y modernizar la SUNAT permitiría construir un sistema capaz de acompañar la formalización y el crecimiento.

Treinta años después de la gran reforma tributaria de los noventa, la economía peruana plantea desafíos muy distintos a los que dieron origen a la SUNAT. La informalidad se ha extendido, los déficits fiscales son recurrentes y la recaudación continúa expuesta a los ciclos de los precios de exportación, mientras la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial transforman aceleradamente la actividad económica. En este contexto, parte de la evasión responde también a un sistema tributario que ha perdido capacidad para acompañar esos cambios y que requiere una arquitectura más simple y adecuada a la realidad productiva del país.

Una reforma integral debería partir, por ello, del rediseño del sistema antes que del incremento de las tasas. El objetivo es ampliar la base tributaria, universalizar y simplificar el cumplimiento, corregir distorsiones y modernizar la SUNAT, creando a la vez espacio para reducir progresivamente la carga tributaria. Esta transformación permitiría fortalecer las finanzas públicas, favorecer la formalización y la inversión y dotar al Estado de recursos más estables para financiar mejores servicios y sostener una nueva etapa de crecimiento.

Una arquitectura tributaria frente a una economía en transformación

En tres décadas, la economía peruana ha incorporado nuevas formas de producir, consumir y generar ingresos, impulsadas por la digitalización, las criptomonedas y la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la informalidad, la fragmentación productiva y la proliferación de regímenes especiales han transformado el universo de contribuyentes. Esta nueva realidad demanda una estructura tributaria más simple, universal y apoyada en herramientas de trazabilidad digital, siguiendo experiencias internacionales que incorporan facturación electrónica avanzada, inteligencia artificial, IVA personalizado e impuestos negativos a la renta.

La reforma también debe responder a problemas concretos de recaudación y formalización. El Impuesto a la Renta de Personas Naturales recauda apenas 2,3% del PBI; las exoneraciones y la evasión reducen el potencial del IGV; y las contribuciones a EsSalud y ONP elevan el costo del empleo formal. Modernizar la gobernanza y las capacidades tecnológicas de la SUNAT permitiría ampliar la base tributaria, mejorar la fiscalización y adaptar la administración fiscal a una economía cada vez más digital.

Menores costos para impulsar inversión y empleo

La reforma tributaria debe articular tres objetivos estrechamente relacionados: reducir los sobrecostos laborales, dinamizar la inversión privada y favorecer la creación de empleo formal. Las contribuciones a pensiones y salud elevan el costo de contratación, especialmente para las pequeñas empresas, mientras la incertidumbre institucional y el mayor riesgo país afectan la inversión y la reinversión de utilidades. Una estructura tributaria que reduzca estas cargas puede mejorar la competitividad y hacer de la formalización una alternativa económicamente más atractiva.

El empleo constituye el punto de encuentro entre estas reformas. Facilitar la contratación formal, especialmente de trabajadores jóvenes, permitiría elevar la productividad, los ingresos y la propia base tributaria. A ello puede contribuir la tecnología mediante impuestos más simples, procesos digitales de recaudación y una fiscalización más eficiente, fortaleciendo simultáneamente la capacidad de la SUNAT y la competitividad de la economía peruana.

Una base más amplia para fortalecer la recaudación

Con una presión tributaria cercana al 16,4% del PBI, el Perú tiene espacio para fortalecer sus ingresos mediante una base tributaria más amplia y estable. La informalidad mantiene a millones de trabajadores fuera del sistema, mientras los elevados umbrales del Impuesto a la Renta, las exoneraciones del IGV y los regímenes simplificados reducen el universo efectivo de contribuyentes. Una reforma integral debería simplificar esta estructura, universalizar la declaración de ingresos, revisar las exoneraciones y acompañar la ampliación de la base con mecanismos redistributivos que refuercen la progresividad y permitan reducir gradualmente las tasas.

Del sistema de categorías a una tributación de empresas y personas

La estructura actual del Impuesto a la Renta resulta cada vez más compleja frente a una economía en la que una misma persona puede combinar salarios, servicios independientes, alquileres, inversiones digitales e ingresos del exterior. La propuesta plantea reorganizar el impuesto alrededor de dos grandes pilares: un Impuesto a las Empresas, orientado a la actividad productiva y la inversión, y un Impuesto a las Personas, que integre las distintas fuentes de ingreso bajo una estructura común.

En el ámbito empresarial, el objetivo sería favorecer la formalización, la inversión y la reinversión mediante una reducción gradual de la carga sobre las utilidades, acompañada por una tributación más efectiva de dividendos, ganancias de capital y otras rentas personales. Este cambio desplazaría parte de la carga hacia la renta final de las personas y permitiría reconocer con mayor claridad dónde termina incidiendo cada impuesto.

El segundo pilar requeriría una declaración universal, simple y digital que reúna sueldos, honorarios, intereses, alquileres, dividendos y ganancias de capital. Sobre esta base podría incorporarse un Impuesto Negativo a la Renta, mediante el cual quienes superen determinados umbrales contribuyan y quienes se encuentren por debajo reciban transferencias. Un registro tributario universal y una ruta única para los pequeños negocios permitirían combinar recaudación, formalización y redistribución dentro de una misma arquitectura.

La digitalización facilitaría este tránsito. Billeteras digitales, cuentas básicas, pagos interoperables y una futura moneda digital del BCRP podrían utilizarse para recaudar pequeños montos, realizar devoluciones y transferencias y construir historiales económicos. Así, la modernización del Impuesto a la Renta también podría convertirse en una vía para incorporar a más personas al sistema tributario y financiero.

Una nueva base para financiar la protección social

La reforma de los impuestos indirectos puede convertirse en una pieza central para ampliar la base tributaria y, al mismo tiempo, reducir las cargas asociadas al empleo formal. El IGV, principal fuente de recaudación del sistema peruano, ofrece un punto de partida por su alcance y capacidad de trazabilidad. Una estructura más universal, acompañada por mejores comprobantes electrónicos y herramientas digitales, permitiría fortalecer su recaudación manteniendo una tasa uniforme.

Un IGV personalizado permitiría complementar esa eficiencia con mayor progresividad. El mecanismo mantendría una base amplia y compensaría a los hogares vulnerables mediante devoluciones automáticas. Billeteras digitales y otros medios de pago interoperables podrían vincular las compras al DNI o RUC y al comprobante electrónico, facilitando las devoluciones, promoviendo la emisión de comprobantes y aumentando la trazabilidad de las transacciones.

Esta ampliación de la base abre, a su vez, la posibilidad de transformar el financiamiento de la protección social. Actualmente, las contribuciones a EsSalud y a la ONP elevan el costo de la contratación en planilla y concentran el financiamiento en los trabajadores formales. Trasladar gradualmente la salud pública y la pensión básica hacia impuestos generales permitiría distribuir ese costo sobre una base económica más amplia y generar mayores incentivos para la formalización laboral.

En pensiones, el nuevo esquema tendría como punto de partida un pilar universal financiado mediante impuestos generales, capaz de garantizar una pensión mínima. Sobre este piso se construiría un componente de ahorro complementario, voluntario y portable, con incentivos tributarios y reglas simples para trabajadores dependientes, independientes y pequeños empresarios. La pensión básica y el ahorro individual cumplirían así funciones diferenciadas dentro de un mismo sistema.

La salud seguiría un principio similar. Un financiamiento de base amplia facilitaría una mayor articulación entre EsSalud, SIS y otros esquemas públicos, ampliando la cobertura y reduciendo las duplicidades institucionales. La protección social quedaría progresivamente vinculada a la ciudadanía, mientras la contratación formal enfrentaría una menor carga, especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas.

La reforma de los impuestos indirectos podría incorporar además un impuesto al carbono que sustituya los actuales impuestos selectivos sobre los combustibles y grave las emisiones de acuerdo con su contenido de carbono. De esta manera, la tributación indirecta cumpliría tres funciones complementarias: ampliar la base de financiamiento del Estado, sostener un sistema universal de protección social y orientar las decisiones de inversión hacia una economía más eficiente y sostenible.

Del canon a una estrategia territorial de largo plazo

El canon ha transferido recursos significativos a las regiones productoras, especialmente durante los ciclos favorables de los minerales e hidrocarburos, pero su impacto depende de la capacidad para convertir esos ingresos en infraestructura, servicios y desarrollo. Una reforma integral podría transformar progresivamente este mecanismo en un Fondo Soberano de Riqueza, con gestión técnica y reglas fiscales que permitan combinar inversión, estabilización del gasto y ahorro intergeneracional.

Este rediseño debería acompañarse de una nueva arquitectura territorial basada en macrorregiones con escala suficiente para planificar infraestructura, salud, educación, logística y desarrollo productivo. La coparticipación fiscal complementaría el modelo mediante criterios técnicos y predecibles para distribuir recursos entre los distintos niveles de gobierno, considerando variables como población, pobreza, brechas de infraestructura, capacidad de gestión y necesidades de desarrollo.

La regionalización adquiriría así una dimensión fiscal e institucional: el canon funcionaría como instrumento de inversión estratégica, la coparticipación establecería reglas estables para distribuir recursos y las macrorregiones asumirían la conducción de proyectos de alcance territorial. El objetivo es convertir la riqueza proveniente de recursos naturales en capacidades productivas y bienestar sostenible a largo plazo.

Una SUNAT para una economía digital

La reforma tributaria requiere una administración capaz de acompañar su implementación. Para ello, la SUNAT necesita fortalecer su autonomía, estabilidad institucional y capacidad estratégica. Un esquema de gobernanza con liderazgo técnico y mandatos que trasciendan el ciclo político —por ejemplo, mediante un directorio profesional inspirado en el BCRP— permitiría dar continuidad a las políticas de recaudación y responder con mayor eficacia a la informalidad, la evasión y el contrabando.

La autonomía debe acompañarse de una carrera tributaria meritocrática y especializada. La fiscalización actual exige equipos capaces de combinar conocimientos de derecho, economía y contabilidad con análisis de datos y nuevas tecnologías. A ello podría sumarse una estructura de administraciones macrorregionales, articulada con una futura descentralización fiscal y preparada para adaptar sus capacidades a las características productivas de cada territorio.

La tecnología constituye otro eje de esta transformación. La información generada por la facturación electrónica puede convertirse en inteligencia tributaria mediante inteligencia artificial, análisis predictivo, interoperabilidad de bases de datos y otras herramientas digitales. Esto permitiría identificar riesgos e inconsistencias tempranamente, focalizar la fiscalización y avanzar hacia un modelo más preventivo y eficiente.

Finalmente, la modernización de la SUNAT también supone transformar la experiencia del contribuyente. Procesos más simples, servicios digitales, orientación preventiva y mecanismos tempranos de resolución de controversias pueden facilitar el cumplimiento y reducir la carga procesal. La meta es una administración tributaria autónoma, profesional y digital, capaz de combinar fiscalización efectiva con una relación más ágil y predecible con ciudadanos y empresas.

Conclusión

Una reforma tributaria integral puede convertirse en una de las principales herramientas para enfrentar la informalidad, fortalecer las finanzas públicas y recuperar el crecimiento económico. Su alcance debe ir más allá de ajustes puntuales: ampliar la base tributaria, simplificar los impuestos, reducir las cargas sobre el empleo formal, modernizar el financiamiento de la protección social y transformar las capacidades de la SUNAT forman parte de una misma arquitectura. El objetivo es construir un sistema que recaude de manera más eficiente y, al mismo tiempo, genere mejores incentivos para invertir, trabajar y producir dentro de la formalidad.

La tecnología y la digitalización ofrecen hoy condiciones especialmente favorables para emprender esa transformación, desde la declaración universal de ingresos y el IGV personalizado hasta las billeteras digitales y una fiscalización basada en datos. El inicio de un nuevo gobierno abre una oportunidad para convertir estas herramientas en una reforma coherente y de largo plazo. Modernizar el sistema tributario significa, en última instancia, adecuar la capacidad fiscal del Estado a la economía que el Perú tiene hoy y a la que aspira construir en las próximas décadas.