¿Podrá Keiko Fujimori Gobernar con Autoridad Democrática? ¿Podrá Keiko Fujimori Gobernar con Autoridad Democrática?
20 de agosto de 2026
Jorge Chávez Álvarez
CEO de MAXIMIXE
Los inversionistas internacionales, tradicionalmente imperturbables ante el ruido limeño, observan hoy con creciente nerviosismo. Se ha roto el viejo dogma de que la economía peruana puede seguir corriendo por una cuerda separada, inmune a los abismos de la política. En un país de sociedad fragmentada y legitimidad electoral estrecha, el motor económico ya no tolera más guerra de desgaste entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La presentación del primer gabinete de ministros de Keiko Fujimori ante la Cámara de Diputados marcará un punto de inflexión crucial para el Perú. La gran interrogante que flota sobre la Plaza Mayor no es simplemente si el gabinete obtendrá la confianza parlamentaria, sino qué manual de navegación elegirá la flamante presidente para conducir el país: ¿reincidirá en la inercia confrontacional que ha convertido la política peruana en un eterno ring de boxeo, o inaugurará una nueva senda de gobernabilidad asentada en una autoridad democrática madura?
El fantasma en palacio de gobierno: ¿Prudencia o parálisis?
Quienes abogan por un estilo de choque argumentan que el nuevo gobierno se encuentra maniatado por el «síndrome del procesado», que alude al recuerdo fresco de las investigaciones judiciales y la prisión preventiva que habría dejado al liderazgo de Keiko Fujimori en un estado de hipervigilancia psicológica. El miedo a la cárcel actuaría entonces como un freno de mano institucional: ministros temerosos de firmar decretos, exceso de cautela administrativa y una renuncia aasumir riesgos técnicos por miedo a la posterior judicialización.
Los defensores de esta tesis de «gabinete de combate» sostienen que las reformas profundas exigen «chocar y decidir» dentro de los primeros cien días, purgando quirúrgicamente a los técnicos «moderados» para colocar políticos “con callo”, dispuestos a asumir el costo de la trinchera. Bajo esta premisa, la presentación del gabinete presidido por Luis Galarreta ante la Cámara de Diputados no debería ser un ejercicio de diplomacia, sino una embestida: un juego del «todo o nada» donde se exige delegación de facultades legislativas amplias e incondicionales, para dejar al Congreso con la total responsabilidad del eventual naufragio nacional.
Sin embargo, esta narrativa de blanco o negro es una peligrosa simplificación de la realidad. Confundir la prudencia técnica con la cobardía es un error de diagnóstico clínico. Que un ministro examine la legalidad de una medida, pondere su impacto fiscal o trace su viabilidad parlamentaria no es una abdicación; es la única garantía de que la reforma sobreviva al primer vendaval judicial o constitucional. El verdadero liderazgo en democracia no se mide por los decibeles del discurso ni por la capacidad de arrinconar al oponente al borde del knockout. Pechar a la oposición para arrancar aplausos de las tribunas propias solo sirve para cohesionar a los adversarios en la otra orilla, dinamitando los puentes necesarios para construir mayorías perdurables. La confrontación permanente no es una prueba de fuerza, sino el síntoma definitivo de una debilidad estratégica.
La maquinaria del Estado: Gobernabilidad y gobernanza
Para desatar el nudo gordiano de la política peruana, el gobierno debe sustituir la pirotecnia de la confrontación por una arquitectura de responsabilidad compartida. Aquí radica la diferencia fundamental entre dos conceptos que a menudo se confunden en los pasillos gubernamentales:
La gobernabilidad es la capacidad de un gobierno para sostener decisiones e implementarlas con eficiencia y resultados verificables. Es el músculo del Ejecutivo para decidir y ejecutar. La gobernanza, en cambio, es la capacidad de orquestar a una constelación de actores —bancadas parlamentarias, gobernadores regionales, municipalidades, sector privado y sociedad civil— para encontrar soluciones a problemas concretos. Es el sistema de engranajes que permite que el músculo mueva realmente la pesada estructura estatal.
Keiko Fujimori debe reconocer que el Ejecutivo, por más enérgico que se pretenda, no puede resolver en solitario los flagelos de la inseguridad, la informalidad o el colapso de los servicios públicos. Exigir facultades legislativas amplias sin control es un espejismo de poder. Las facultades delegadas son herramientas valiosas, pero no un cheque en blanco. Un paquete legislativo ampuloso, ambiguo y heterogéneo solo abrirá las compuertas a la desavenencia en el Congreso.
El gabinete Galarreta ganará verdadera autoridad no mediante la exigencia de un poder ilimitado, sino demostrando con precisión quirúrgica para qué necesita cada facultad, cómo la aplicará y qué metas fiscales y de impacto está dispuesto a garantizar. La autoridad no se arrebata a gritos; cae por su propio peso cuando el rigor técnico se impone sobre la retórica de choque.
El peligro de los expertos en el banquillo de espera
Para que la gobernabilidad no sea una declaración de buenas intenciones, el Ejecutivo debe sintonizar su reloj con la urgencia de la calle. El reciente anuncio del Ministro de Economía, Elmer Cuba, de crear cuatro comisiones presidenciales para diagnosticar la informalidad laboral, los mercados financieros, la inversión pública y la evasión tributaria, apunta a los dolores correctos del país. No obstante, el método propuesto revela una peligrosa complacencia temporal.
Establecer un plazo de 12 meses para que un grupo de expertos decida qué reformas emprender sugiere que el Ministerio de Economía y Finanzas aún no ha traducido su diagnóstico técnico en una hoja de ruta concreta. Las comisiones de notables son útiles para refinar propuestas y recoger perspectivas territoriales, pero jamás deben ser utilizadas como un biombo para postergar decisiones urgentes o suplir la ausencia de una estrategia inicial. En el Perú contemporáneo, un año de deliberación sin acción es la antesala de la parálisis permanente.
El gobierno debe avanzar de inmediato en reformas ejecutables. En seguridad ciudadana, la prioridad no radica en el efectismo de comprar más patrulleros o endurecer penas de manera aislada, sino en montar una red de inteligencia financiera y coordinación penal articulada entre la Policía, la Fiscalía, la SUNAT y los gobiernos locales. En el frente del crecimiento económico, destrabar proyectos mineros e hídricos requiere reglas previsibles y una gestión territorial temprana, no una desregulación ciega que relaje estándares y termine multiplicando los conflictos sociales a mediano plazo. Finalmente, la reconstrucción de la legitimidad territorial en las regiones olvidadas exige que servicios básicos como agua, salud y conectividad dejen de ser promesas sectoriales inconexas para convertirse en una intervención coordinada y cuantificable en el territorio.
La paradoja de la fuerza democrática
En la arena política peruana, la fuerza suele confundirse con la agresividad. Quienes instan al Ejecutivo a gobernar «pechando» al Legislativo confunden el motor de un vehículo con su bocina: hacer más ruido no despejará el camino bloqueado. La verdadera autoridad democrática es de naturaleza constructiva, no destructiva.
El gabinete de Keiko Fujimori se encuentra ante una disyuntiva histórica. Puede ceder a los cantos de sirena del conflicto, arrinconar a la oposición al borde del cuadrilátero y arriesgarse a que la política peruana vuelva a girar en un torbellino autodestructivo de censuras, bloqueos y vacancias. O puede, por el contrario, liderar con la firmeza de quien respeta las reglas de juego, asume el control técnico y político de sus decisiones, y ofrece un acuerdo de gobernabilidad basado en resultados comprobables.
La prueba de fuego para Keiko Fujimori no será demostrar que ha superado el miedo a través de la temeridad, sino demostrar que posee la templanza para ejercer el poder con límites institucionales. La autoridad que perdura no es la que somete a sus contrapesos, sino la que se fortalece a través de ellos. Si el gabinete comprende esta paradoja, el Perú podrá escapar de su inercia confrontacional; de lo contrario, el país seguirá atrapado en un espectáculo de fuerza donde, al final, todos terminan perdiendo.
Al final del día, la viabilidad de la República exige un cambio drástico de paradigma: el trágico orden (caótico) de las balas de Dina Boluarte debe, de una vez por todas, ceder el paso al orden de los goles: de los resultados tangibles, con gobernanza eficaz y reformas medidas por su impacto real en el ciudadano. Solo bajo esta nueva disciplina de alto rendimiento gubernamental podrá el Perú recuperar el hilo de su democrática venida a menos y la esperanza perdida de su población.
Sobre el Autor
Jorge Chávez Álvarez
CEO de MAXIMIXE
Ph.D. (c) en Economía por la Oxford University. Master en Planeamiento y Política Económica por la Erasmo de Roterdam University, International Institute of Social Studies. Siete diplomas de postgrado. Fue Director de la CCL y del CEPLAN. Presidente de Financiera Mitsui AutoFinance. Ex-Presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Más de 35 años como consultor estratégico y banquero de inversión.
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