ARTÍCULO
¿Cuántos policías necesita realmente el Perú? ¿Cuántos policías necesita realmente el Perú?
12 de octubre de 2026
Jorge Baca Campodónico
Economista Principal de MAXIMIXE
La econometría sugiere que la cifra adecuada depende de cómo se distribuyen los efectivos, cómo se coordinan con el serenazgo y qué tan bien se concentran en las zonas de mayor incidencia delictiva.
La inseguridad ciudadana ocupa hoy un lugar central en la agenda pública peruana, impulsada por el aumento de las extorsiones, los robos violentos, el sicariato y la expansión del crimen organizado. Frente a este escenario, la discusión suele concentrarse en respuestas inmediatas: más policías, penas más severas o mayores operativos. Sin embargo, una pregunta más útil es otra: ¿qué medidas reducen efectivamente el delito y bajo qué condiciones?
La economía comenzó a ofrecer una respuesta sistemática a esta pregunta a partir del trabajo de Gary Becker, quien en 1968 propuso analizar el delito como una decisión influida por incentivos. Desde esta perspectiva, una persona evalúa beneficios y costos esperados, entre ellos la probabilidad de ser detectada, capturada, procesada y sancionada. La implicancia es directa: la presencia policial y la eficacia del sistema de justicia pueden modificar el comportamiento criminal al elevar el costo esperado de delinquir.
Durante mucho tiempo, sin embargo, la evidencia parecía contradecir esta intuición. Las ciudades con más policías solían registrar también más delitos, lo que llevó a interpretar que una mayor presencia policial tenía poco efecto. El problema era de causalidad: muchas veces eran precisamente las ciudades más peligrosas las que contrataban más efectivos. El avance de la econometría permitió separar mejor causa y efecto mediante experimentos naturales, modelos de panel y estimadores de diferencias en diferencias, revelando que una presencia policial bien focalizada sí puede tener efectos disuasivos importantes.
A partir de ahí, la evidencia internacional comenzó a mostrar distintos caminos para reducir la criminalidad: policía de proximidad en Reino Unido, focalización en hot spots en Estados Unidos, uso de información geográfica e inteligencia en Colombia, recuperación territorial en Jamaica y estrategias de control intensivo en El Salvador. Los resultados varían, pero dejan una lección común: la efectividad depende menos de una fórmula universal que de cómo se distribuyen, coordinan y sostienen los recursos de seguridad en cada contexto.
Cuando más policía sí reduce el delito
Tras el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994, el gobierno argentino desplegó protección policial permanente frente a edificios de comunidades judías y musulmanas. Como esa decisión respondió a una amenaza terrorista y no a los niveles previos de delincuencia común, creó una oportunidad excepcional para medir el efecto causal de la presencia policial. Di Tella y Schargrodsky compararon 37 manzanas protegidas con otras 839 y observaron la evolución de los robos de automóviles antes y después del despliegue.
El resultado fue contundente: la presencia permanente de un agente redujo cerca de 78% los robos de vehículos en las manzanas protegidas. La relevancia del estudio no está solo en la magnitud del efecto, sino en haber logrado separar causalidad de simple correlación. Desde la lógica de Becker, el mecanismo es claro: una mayor probabilidad de captura eleva el costo esperado de delinquir y modifica el comportamiento. El caso argentino se convirtió así en una de las demostraciones más influyentes de que una presencia policial visible y estratégicamente ubicada puede tener un efecto disuasivo significativo.
Del número de policías a la forma de desplegar
El caso argentino demuestra que la presencia policial puede tener un efecto disuasivo importante. La evidencia internacional añade una segunda lección: ese efecto depende en gran medida de cómo se distribuyen los recursos y de qué tipo de presencia estatal se construye en los territorios de mayor riesgo. Reino Unido lo hace mediante policía de proximidad, con agentes asignados de manera estable a áreas pequeñas y conectados con vecinos y comerciantes. Estados Unidos ha desarrollado el hot spots policing, que dirige efectivos hacia las calles donde se concentra una parte desproporcionada de los delitos.
Colombia representa una variante más tecnológica e institucional. Bogotá y Medellín combinaron cartografía del delito, análisis criminal, videovigilancia y coordinación entre entidades, junto con recuperación de espacios públicos. En este modelo, la focalización no depende solo de más efectivos, sino de mejor información para decidir dónde y cómo intervenir.
Jamaica y El Salvador muestran formas más intensivas de control territorial. En Kingston, las Zones of Special Operations combinan presencia policial y militar sostenida con programas sociales e inversión pública en zonas dominadas por pandillas. El Salvador ha recurrido a operaciones masivas, expansión penitenciaria y control territorial, con una fuerte reducción de homicidios pero también con debates importantes sobre derechos civiles, debido proceso y sostenibilidad institucional.
Pese a sus diferencias, los cinco casos comparten una misma lógica: identificar dónde se concentra el riesgo, sostener presencia estatal en esos espacios y complementar el despliegue con información, coordinación o control territorial. Lo que cambia entre países es la intensidad de la intervención y la combinación de herramientas utilizada.
El caso peruano
Las comparaciones internacionales muestran que el Perú no parte necesariamente de una baja densidad policial. Las estimaciones más recientes sitúan a la Policía Nacional en torno a 380 efectivos por cada 100.000 habitantes, un nivel similar al de Londres, superior al promedio de Inglaterra y Gales y también por encima del registrado en Estados Unidos, aunque con importantes diferencias regionales dentro del país.
A esta presencia se suma el serenazgo municipal, que complementa a la Policía mediante patrullaje preventivo, vigilancia de espacios públicos y atención de incidentes. Sin embargo, tanto la disponibilidad de policías como la de serenos varía considerablemente entre regiones, reflejando diferencias en capacidad fiscal, organización municipal y prioridad asignada a la seguridad. Esto desplaza la discusión desde la cantidad total de efectivos hacia cómo se distribuyen territorialmente y cómo se articulan ambos cuerpos.
La comparación internacional sugiere que el desafío peruano no pasa solo por aumentar efectivos, sino por cómo se organiza territorialmente la seguridad. El país cuenta con unas 1.400 comisarías, mientras otros sistemas combinan redes más concentradas de estaciones, patrullaje móvil, tecnología o unidades de respuesta inmediata. Al mismo tiempo, la incidencia delictiva promedio regional aumentó de 8,7 delitos por cada 1.000 habitantes en 2015 a 12,4 en 2024, aunque con diferencias marcadas entre regiones. P
Esa heterogeneidad dificulta extraer conclusiones a partir de comparaciones simples. Las regiones con más criminalidad pueden asignar más policías o serenos precisamente como respuesta al problema, lo que confunde correlación con causalidad. Por eso, para estimar con mayor precisión el efecto de la presencia policial y del serenazgo sobre el delito, es necesario controlar las diferencias territoriales y observar no solo cuántos efectivos existen, sino dónde están, cómo se coordinan y de qué manera se despliegan.
Qué muestra la evidencia econométrica para el Perú
El análisis de las 25 regiones del país entre 2015 y 2024 encuentra una asociación significativa entre una mayor disponibilidad conjunta de policías y serenos y una menor incidencia delictiva. La estimación mediante diferencias en diferencias sugiere una reducción de 35,8% en los delitos por cada mil habitantes cuando aumenta la presencia combinada de ambos cuerpos de seguridad.
Los resultados presentan, además, un buen ajuste estadístico para el periodo analizado, aunque su precisión podría mejorar con información más desagregada a nivel provincial o distrital. La principal conclusión es que la coordinación y disponibilidad territorial de policías y serenos parecen tener un efecto disuasivo relevante, pero todavía existe margen para afinar la medición con datos de mayor detalle geográfico
Hacia una estrategia de seguridad ciudadana en el Perú
La evidencia internacional muestra que no existe una fórmula única que pueda trasladarse mecánicamente de un país a otro. Las experiencias de Londres, Buenos Aires, Kingston o Bogotá responden a contextos institucionales y territoriales distintos. Para el Perú, la tarea consiste en identificar principios comunes y adaptarlos a sus propias condiciones, en lugar de reproducir modelos ajenos.
Uno de esos principios es concentrar recursos donde el riesgo es mayor. Esto implica reforzar el control fronterizo frente al ingreso de armas, drogas, explosivos y redes criminales; utilizar mapas del delito para identificar zonas críticas; y sostener una presencia policial visible en los territorios con mayor incidencia. La lógica es asignar los recursos de seguridad en función de la geografía criminal y no de manera uniforme.
La focalización territorial debe complementarse con mejor información y tecnología. Sistemas de comunicación en tiempo real, videovigilancia inteligente, lectores de placas, cámaras corporales y bases de datos integradas pueden aumentar la capacidad operativa de cada efectivo. Del mismo modo, las comisarías deberían modernizarse y localizarse en función de las necesidades de seguridad, mientras los sistemas de identificación y verificación de domicilios pueden reducir vacíos de información aprovechados por organizaciones criminales.
Otro componente central es la coordinación institucional. El serenazgo puede desempeñar un papel más efectivo como primera línea de vigilancia y respuesta si se integra mejor con la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas podrían cumplir funciones complementarias en fronteras e infraestructura crítica, mientras la Policía concentra recursos en tareas especializadas. A ello debe sumarse un fortalecimiento de la inteligencia, mediante análisis criminal, monitoreo financiero e intercambio de información.
La estrategia, sin embargo, no termina con la captura. Desde la perspectiva económica del delito, la disuasión depende de toda la cadena de sanción: detección, detención, procesamiento y condena. Por eso, una política de seguridad requiere también fortalecer al Ministerio Público, al Poder Judicial y al sistema penitenciario. Una mayor probabilidad de arresto pierde parte de su efecto si la probabilidad de condena continúa siendo baja.
La principal lección es que la seguridad ciudadana debe construirse sobre evidencia. Para el Perú, la pregunta relevante no es únicamente cuántos policías existen, sino dónde están, cómo se despliegan, con qué herramientas trabajan y qué tan probable es que un delito termine efectivamente en una sanción. La econometría permite orientar esas decisiones y convertir la política de seguridad en una estrategia de focalización, coordinación y disuasión, en lugar de una sucesión de respuestas intuitivas.
Sobre el Autor
Jorge Baca Campodónico
Economista Principal de MAXIMIXE
Ph.D. en Economía por la University of Manchester y Master en Investigación de Operaciones por el MIT. Fue Economista Jefe de Bunge & Born, Jefe de la Agencia de Administración Tributaria del Perú, Director del BCRP, Ministro de Economía y Finanzas del Perú y Director Ejecutivo y actual consultor en temas fiscales del BID. Fue asesor de asistencia técnica del FMI en Argentina.
Más artículos del Autor
