Fuente del cuadro de datos:
http://www.unep.ch/etb/events/Presentations%20to%20Sustainability%20Criteria%20Informal%20Meeting%20Geneva%2023%20September%202009/Presentacion%20Subsidios%20Ivan%20Prieto.pdf
De acuerdo al anterior cuadro, Japón es el principal otorgador de subsidios a su industria pesquera, lo cual explica que en las negociaciones del TLC consideren a la pesquería como un área sensible a la cual no pretenden otorgar reducciones arancelarias para la importación de dichos productos.
Implica también que su flota potera, actualmente autorizada a realizar extracción de pota en el dominio marítimo peruano, recibe subsidios. Se configura así una competencia desleal contra la industria congeladora nacional.
Es necesario que la RM 163-2010-PRODUCE que concede estas licencias a países que tienen convenios de cooperación con el Perú, sea revisada en un marco más integral que la simple exposición de razones biológicas expuestas en dicha norma, con las que se pretende justificar esta concesión sin tener en cuenta un análisis más integral: impactos sobre la industria nacional, impactos sobre la flota pesquera artesanal nacional, impactos sobre las exportaciones peruanas, existencia de subsidios en el país de origen.
En la edición de Julio de la revista Pesca se publicó un análisis sobre lo indebido de la norma en razón de que la misma omite analizar aspectos más allá de los biológicos.
La norma omite analizar que, estas capturas realizadas en el dominio marítimo son consideradas como producto nacional por algunos de los países que obtienen esta licencia, como Japón. Por tanto ingresan a sus territorios aduaneros libre de impuestos.
El mismo recurso pota capturado en el dominio marítimo por la flota peruana y procesado en territorio peruano, está sujeto a barreras arancelarias y para arancelarias en los mismos países, constituyéndose de esta manera en una suerte de competencia desleal.
Las negociaciones de un TLC con Japón, por ejemplo, pusieron como condición previa al inicio de las negociaciones la aceptación de una lista de productos excluidos de la negociación por ser considerados sensibles para dicho país. En dicha lista se incluyó la pota, o sea que, a menos que durante las negociaciones se logre modificar esa posición de no otorgar beneficios de reducción arancelaria ni para arancelaria a muchas partidas de productos pesqueros peruanos (pota incluida), no se entiende la generosidad con la cual se han concedido esas licencias de pesca que van a competir con la industria nacional en forma desleal.
El Perú concede licencias de pesca con tasas bastante generosas como se lee en la norma, desperdiciando la oportunidad de obtener mejores condiciones de negociación y de proteger a la industria nacional que compite con el mismo recurso en desigualdad de condiciones en el mismo mercado con un recurso que además procede del dominio marítimo peruano.
El análisis de las implicaciones de otorgar licencias de pesca a embarcaciones de países que otorgan subsidios a la pesca es un elemento más que debe ser integrado en el análisis a la luz de lo que la comunidad pesquera mundial opina sobre este tipo de subsidios.
Si no se concediese autorización a flotas extranjeras…¿mejoraría la posición exportadora peruana? ¿si las tasas por derechos de extracción con que se grava a la flota extranjera fuesen calculadas de forma tal que sean mayores que los derechos arancelarios que cobran esos países a los productos peruanos de pota, mejoraría la posición exportadora peruana?
El Ministro de la Producción ha denunciado a fines de Octubre a dos funcionarios de le Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero por actos de corrupción en el otorgamiento de licencias de Pesca. El Director fue reemplazado.
La Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquera es responsable del manejo de todo el sistema de licencias de pesca y su debido control.
Es dicha Dirección la responsable del DS 010-2010-PRODUCE y de la RM 163-2010-PRODUCE, entre otras.
Estas dos normas merecen ser revisadas por razones que se han expuesto en numerosos artículos durante el presente año 2010.
La primera de ellas porque omite normar sobre los procedimientos de desembarque de anchoveta para consumo humano en estado fresco, contradiciendo las políticas de promoción del consumo de anchoveta.
La segunda porque al autorizar licencias de pesca para pota a embarcaciones de bandera extranjera, omite analizar los impactos negativos sobre la industria congeladora nacional y sobre la actividad artesanal.
Existen suficientes argumentos técnicos para que dichas normas sean revisadas.
La existencia de convenios de cooperación con gobiernos extranjeros no puede ser compensada otorgando licencias pesqueras que atentan contra la industria pesquera nacional, por cuanto desnaturaliza el concepto de cooperación. Más aún cuando la cooperación tiene forma de subsidio a la pesca en el país de origen.
La denuncia presentada por el Ministro incorpora un nuevo elemento de juicio para revisar dichas normas y es el de asegurar que en la formulación de las mismas no han intervenido otros factores que no sean los estrictamente técnicos y de conveniencia para el Estado y la pesquería peruana.
Por las mismas razones debería revisarse todas y cada una de las normas formuladas por la Administración anterior.
LOS SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES PONEN EN RIESGO A LAS PESQUERÍAS
Los gobiernos otorgan a sus flotas pesqueras entre 30 y 34 billones de dólares por año. De estas, por lo menos 20 billones apoyan directamente las operaciones pesqueras que de otra manera tendrían que ser financiadas por la propia industria. Y los resultados son devastadores. Los subsidios a los combustibles, además de devastar las poblaciones de peces, sustentan a la flota arrastrera de alta mar que destruye especies marinas de crecimiento lento, como los corales de profundidad de siglos de antigüedad o las esponjas marinas.
El punto es que estos subsidios han desordenado y distorsionado la dinámica del libre mercado, y han producido una verdadera armada pesquera global que supera en un 250% el tamaño de la flota que se requiere para hacer de la pesca industrial una actividad sustentable.
Quizás más perturbador aún es el hecho de que estos devastadores subsidios pesqueros sean una de las principales causas de la pesca ilegal, no reportada, y no regulada, conocida también como pesca «pirata».
La industria pesquera saca del agua entre 4 y 9 billones de dólares en peces cada año, dando un duro golpe a los países en vías de desarrollo altamente dependientes de la pesca como fuente primaria de ingresos y de proteína. Por ejemplo, el año 2005 y 2006 Oceana documentó en el Mediterráneo numerosos barcos que usaban redes de pesca ilegales. Muchos de estos operadores habían recibido dinero de un programa de la Unión Europea que proporcionó 200 millones de euros (240 millones dólares en aquel momento) para convertirse su sistema de pesca a redes legales.
En efecto, eliminar los subsidios pesqueros es acción más grande y simple que podría llevarse a cabo para proteger las pesquerías en mundo y las comunidades que dependen de ellas para subsistir.
http://www.oceana.org/america-del-sur/que-hacemos/eliminacion-subsidios-pesqueros/subsidios-pesqueros/
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