Informales e ilegales, dos caras de una moneda llamada atraso

A continuación analicemos los canales de transmisión económica de la informalidad y la ilegalidad en el Perú, cuantifiquemos su costo sobre la tasa de expansión del PBI y delineemos las políticas públicas requeridas para su reversión. Según la Cuenta Satélite de la Economía Informal del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la informalidad productiva abarca al 86,4% de las unidades productivas del país y genera cerca del 19% del PBI, lo que evidencia una severa desconexión entre la absorción de recursos y la creación de valor. Por su parte, las estimaciones sobre el avance de economías ilícitas como la minería ilegal y las redes de extorsión indican que la criminalidad organizada absorbe recursos equivalentes a más de dos puntos y medio del producto anual, operando ambos fenómenos como un ancla estructural contra la modernización productiva.

Delimitación Estructural
Criterio analítico	Unidad productiva informal	Economía ilegal
Naturaleza del bien o servicio	Lícita en origen (comercio minorista, confección, transporte local, servicios personales).	Ilícita en origen o medio (extorsión, tala en reservas, narcotráfico, minería no autorizada).
Estructura de costos dominante	Evasión de costos regulatorios, laborales y tributarios ante una escala operativa reducida.	Incorporación de costos delictivos, sobornos, armamento y control violento de corredores.
Relación con el Estado	Evasión pasiva y búsqueda de invisibilidad frente a la fiscalización administrativa.	Captura violenta o corrosión de funcionarios policiales, judiciales y aduaneros.
Mecanismo de resolución de disputas	Redes de confianza comunitaria, acuerdos gremiales locales o arreglos de facto.	Coerción física, sicariato, préstamos extorsivos y control territorial armado.
Instrumento central de política	Reducción de barreras burocráticas, acceso a financiamiento y asistencia técnica.	Interdicción de insumos críticos, extinción de dominio e inteligencia financiera.

Fuente y elaboración: MAXIMIXE

La informalidad y el estancamiento de la productividad

La informalidad productiva queda definida por la condición jurídica y contable de las unidades económicas para medir la precariedad de la empresa y no la desprotección del asalariado (que es medida mediante la informalidad laboral). El INEI identifica que más de ocho de cada diez unidades de producción operan sin registro societario, balances auditados ni personería jurídica formal, concentrándose en el autoempleo y las microempresas familiares no agropecuarias. Esta masa de empresas subsiste en sectores de muy baja densidad tecnológica, lo que restringe el uso eficiente de factores de producción y limita la formación bruta de capital fijo a escalas elementales.

La persistencia de este sector obedece a una brecha estructural donde los costos de cumplimiento normativo superan la capacidad real de pago de las pequeñas unidades. La fragmentación del régimen societario y tributario genera incentivos para el enanismo empresarial deliberado, impidiendo que los negocios declaren ventas reales o contraten personal formalizado. Como resultado, las firmas informales quedan excluidas del sistema financiero regulado y del mercado de capitales, operando con una relación capital-trabajo artificialmente deprimida que estanca la productividad total de los factores a largo plazo.

La masa informal traslada además una externalidad fiscal negativa sobre el stock de infraestructura y servicios públicos. Las unidades productivas no registradas hacen uso intensivo de vías de comunicación, redes eléctricas urbanas y servicios municipales sin aportar los recursos tributarios necesarios para su sostenimiento y ampliación. La presión fiscal recae así de forma asimétrica sobre el estrato formalizado, restando competitividad a la inversión corporativa y reduciendo los recursos presupuestales destinados a cerrar las brechas logísticas del territorio nacional.

La economía ilegal y la destrucción patrimonial

Por su parte, la economía ilegal introduce distorsiones de mayor gravedad al subordinar la actividad productiva al arbitraje violento y al despojo patrimonial. A diferencia del productor informal que opera bienes legítimos en mercados precarios, la organización criminal extrae rentas mediante la usurpación de concesiones, el contrabando de recursos naturales y la extorsión sobre empresas formalizadas. En rubros como la extracción aurífera ilícita, el volumen negociado al margen del sistema tributario y ambiental rivaliza en magnitud con los principales sectores de exportación tradicional, alimentando redes paralelas de poder regional.

El avance de las redes ilícitas encarece los costos de transacción e incrementa la prima de riesgo operativo en las cadenas de valor. Las empresas expuestas a la extorsión, el sabotaje y el robo sistemático de carga deben desviar flujos sustantivos de capital de trabajo hacia esquemas privados de vigilancia, blindaje logístico y coberturas extraordinarias de seguros. Esta distorsión destruye el valor presente de los proyectos de inversión de largo plazo, ahuyenta la inversión directa y acelera la depreciación del capital físico en los corredores territoriales tomados por la delincuencia.

La coexistencia territorial entre la informalidad y la ilegalidad facilita la contaminación de los circuitos comerciales formalizados. La debilidad de los registros de procedencia y los esquemas de formalización transitoria permiten que la producción delictiva sea blanqueada a través de intermediarios y acopiadores precarios. Esta permeabilidad normaliza la vulneración del marco legal, debilita la capacidad coercitiva del aparato estatal y consolida zonas grises donde la autoridad queda desplazada por el arbitraje criminal.

¿Cuál es el costo combinado de ambos problemas estructurales?

La cuantificación macroeconómica del impacto conjunto de ambos fenómenos, formulada bajo el marco econométrico y metodológico de MAXIMIXE, evalúa la interacción entre el diferencial de productividad factorial del sector informal, el costo de transacción del crimen y la tasa de acumulación de capital. La modelación desagrega la pérdida de producto a través de dos vectores de transmisión simultáneos, identificando que la absorción ineficiente del empleo y la inversión en el estrato informal productivo resta entre 1,1 y 1,3 puntos porcentuales de crecimiento al año, mientras que la prima de riesgo e inseguridad atribuible a las economías ilícitas detrae entre 0,7 y 0,9 puntos porcentuales adicionales.

El cálculo integrado de MAXIMIXE concluye que el efecto combinado de la informalidad productiva y la ilegalidad descuenta entre 1,8 y 2,2 puntos porcentuales anuales al crecimiento del PBI peruano. Esta retracción estructural de más de dos puntos porcentuales por ejercicio explica la contracción del PBI potencial del país, que pasó de tasas del 5,5% anual a techos restrictivos cercanos al 2,5% o 3,0%. Dicho déficit acumulado neutraliza las ganancias generadas por la estabilidad macroeconómica y condena al país a una senda de convergencia excesivamente lenta frente a las economías desarrolladas.

Estrategia de política pública diferenciada

Frente a la informalidad productiva, la política pública debe sustituir la persecución administrativa por la reducción drástica de las barreras al crecimiento empresarial. Esto demanda simplificar la estructura tributaria en un régimen progresivo que elimine los saltos marginales punitivos e integrar la facturación digital con esquemas de inclusión financiera y evaluación crediticia automatizada. La intervención estatal debe concentrarse en elevar la productividad mediante la transferencia tecnológica, el crédito de fomento para modernización de activos y la apertura de cuotas en compras estatales sujetas a estándares técnicos básicos.

En contraste, la respuesta frente a las actividades ilegales debe articularse bajo un régimen coercitivo de neutralización logística y financiera. El Estado debe poner fin a las prórrogas indiscriminadas de amparos administrativos que blindan la actividad criminal y desplegar interdicción permanente sobre los flujos de insumos críticos, combustible, explosivos y maquinaria pesada no registrada. La estrategia central debe descansar en la extinción de dominio y el desmantelamiento de las redes de lavado de activos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público, destruyendo la rentabilidad delictiva que hoy neutraliza el desarrollo económico del país.

Este enfoque analítico y otros estudios en profundidad sobre la dinámica macroeconómica, el impacto de las regulaciones y la economía institucional del país están disponibles para los investigadores y profesionales del sector a través de la suscripción a los reportes periódicos del servicio CELMAX. Los invitamos a informarse con más detalle en el siguiente enlace:

https://www.maximixe.com/celmax

Sobre el Autor

Henry Álvarez Pinto

Director de MAXIMIXE Economía & Mercados

Estudios de Maestría en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina). Director del grupo de modelación econométrica de MAXIMIXE. Más de 20 años de experiencia en inteligencia económica, planeamiento estratégico, prospectiva e investigación de mercados B2B y B2C. Líder del Club de Análisis Estratégico de Riesgos (CASER) y editor principal del Alerta Económica Canal de Noticias.