El tiempo corre para las reformas El tiempo corre para las reformas
17 de agosto de 2026
Jorge Baca Campodónico
Economista Principal de MAXIMIXE
Las primeras decisiones del MEF privilegian la gestión de las urgencias fiscales, climáticas y sociales; el reto es convertir ese margen inicial en una agenda capaz de elevar la productividad y recuperar el crecimiento.
El Perú inicia una nueva etapa de gobierno con una economía que crece alrededor de 3% anual pese a términos de intercambio extraordinarios y con problemas estructurales que se han acumulado durante más de una década. La anemia infantil supera los niveles prepandemia (ver gráfico 1), mientras la pobreza avanza en un mercado laboral caracterizado por una elevada informalidad (ver gráfico 2). A este cuadro se suman pensiones precarias, servicios de salud deficientes, corrupción, contrabando, minería ilegal y violencia social. Recuperar tasas de crecimiento superiores al 6% exige actuar simultáneamente sobre productividad, capacidad estatal y formalización.
Ese contexto explica las expectativas que acompañaron la llegada de Elmer Cuba al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su trayectoria como economista, su participación en el Consejo Fiscal y su reputación como analista técnico hacían prever un impulso reformista desde el comienzo del mandato. El propio ministro ha señalado que la “obsesión” del MEF será aumentar la productividad y ha afirmado que “el desarrollo no depende solamente de los buenos precios internacionales, se logra con trabajo y elevando la productividad”.
Las primeras decisiones dibujan, por ahora, una estrategia más gradual. El Ejecutivo concentra esfuerzos en el fenómeno El Niño, la seguridad ciudadana y las presiones fiscales, mientras distribuye buena parte de la agenda estructural en cuatro comisiones dedicadas a informalidad laboral, mercados financieros, inversión pública y evasión tributaria. Estas instancias tendrán alrededor de doce meses para formular sus propuestas. La reforma del Estado y la descentralización han quedado fuera de esta primera arquitectura.
La productividad como primera prueba
La coherencia entre el objetivo declarado de productividad y las decisiones inmediatas puede observarse en dos medidas: el aumento de la remuneración mínima vital y el tratamiento de los feriados. El MEF ratificó el incremento de la RMV hasta S/ 1,300, equivalente a 383 dólares americanos y muy por encima del índice de precios al consumidor. El ajuste se realizará en dos tramos: S/ 100 antes de finalizar el año y S/ 70 después del fenómeno El Niño. Con ello, la brecha entre la RMV y la inflación se ampliará nuevamente (ver gráfico 3).
Cuba ha defendido la medida a partir de la debilidad de la demanda interna y del espacio que ofrece una economía operando por debajo de su potencial. “La demanda interna está débil, y este ajuste salarial ayuda a reactivarla sin generar presiones inflacionarias”, sostuvo. También señaló que la inflación se encuentra controlada y las expectativas permanecen ancladas. Desde esta perspectiva, el incremento salarial funcionaría como un mecanismo de reactivación con efectos acotados sobre los precios.
El otro lado de la ecuación es el empleo formal. La evidencia internacional muestra que aumentos del salario mínimo en economías con alta informalidad generan efectos mixtos: una parte de los trabajadores formales recibe mayores ingresos, mientras otra puede desplazarse hacia el desempleo o la informalidad. Con más del 70% de la fuerza laboral peruana en el sector informal, cualquier aumento significativo del costo de contratación incide directamente sobre los incentivos para formalizar.
La discusión sobre los feriados plantea una tensión semejante. El gobierno decidió mantener su número y trasladar algunos a los lunes para generar fines de semana largos. Según el ministro, esta fórmula busca facilitar la planificación de las familias, impulsar el turismo y reducir el impacto sobre la productividad. Un día adicional efectivamente trabajado equivale aproximadamente a 0.25% del PBI anual, por lo que la cantidad de días laborables posee un costo económico concreto. Los fines de semana largos pueden favorecer al turismo; una política orientada a la productividad requiere ponderar ese beneficio frente al efecto agregado sobre la actividad.
Estas decisiones colocan el discurso de productividad frente a una primera prueba práctica. El aumento salarial busca fortalecer la demanda y el traslado de feriados procura ordenar los descansos, mientras el objetivo más amplio exige elevar productividad, ampliar el empleo formal y acelerar el crecimiento. La consistencia entre esas dimensiones definirá una parte importante de la señal que reciba el sector privado.
La política fiscal y el costo de ganar tiempo
La presión sobre las cuentas públicas constituye otro componente central de la agenda. El Perú enfrenta gastos imprevistos, medidas pro-déficit aprobadas por el Congreso saliente, obligaciones pensionarias, los costos del fenómeno El Niño y un crédito suplementario superior a S/ 9,000 millones, equivalente a cerca de 1% del PBI. El MEF ha respondido con una nueva trayectoria de consolidación fiscal, modificaciones a la regla fiscal y acciones ante el Tribunal Constitucional contra normas que incrementan de manera permanente el gasto.
Diversos analistas estiman que la permanencia de esas normas podría llevar el déficit hacia 3% del PBI durante los próximos años y acercar la deuda pública al 35% del PBI. El resultado primario —la diferencia entre ingresos y gastos corrientes del gobierno, medida en soles constantes de 2025 y excluyendo el pago de intereses de la deuda— permite observar la profundidad del deterioro: hasta 2015, el sector público registró en promedio superávits primarios; desde entonces predominan los déficits (ver gráfico 4). El aumento sostenido de los intereses derivado del mayor endeudamiento añade presión sobre esta trayectoria.
Frente a este escenario existen tres grandes caminos: elevar impuestos, reducir gastos operativos o modificar los límites de la regla fiscal. El gobierno ha concentrado el frente tributario en combatir la evasión, una estrategia cuyo alcance, según la experiencia internacional mencionada por el autor, resulta limitado y deja pendiente la revisión de las exoneraciones tributarias. Una consolidación basada en el gasto implicaría revisar consultorías, viajes, programas ineficientes y otras partidas operativas, además de enfrentar intereses burocráticos. La modificación de la regla fiscal ofrece, en cambio, margen inmediato para ampliar los topes de déficit y deuda.
La decisión de flexibilizar esos límites reduce la presión política de corto plazo, aunque desplaza hacia adelante parte del esfuerzo de consolidación. Una estrategia fiscal más sólida tendría como eje la austeridad, la eficiencia del gasto y la reasignación presupuestal. Los límites de déficit y deuda funcionan como techos de seguridad; el objetivo de largo plazo debería orientarse hacia superávits primarios capaces de contener y posteriormente reducir el endeudamiento.
Petroperú como prueba de disciplina estatal
Petroperú convierte el debate fiscal en un problema concreto de gestión. La empresa mantiene una deuda elevada, ha requerido sucesivos rescates públicos y enfrenta cuestionamientos persistentes sobre eficiencia, gobierno corporativo y viabilidad financiera. Cada nueva capitalización absorbe recursos fiscales que compiten con otras prioridades del Estado.
El nuevo directorio ha sido presentado como una vía para fortalecer la administración, recuperar participación de mercado, generar flujos de caja positivos y ordenar la deuda acumulada. La magnitud del problema, sin embargo, lleva al autor a plantear una intervención más profunda: reestructuración, privatización parcial o incorporación de capital y gestión privada mediante un joint venture con un operador internacional. Estas alternativas trasladarían parte del riesgo y aportarían nuevas capacidades de gestión.
La situación de Petroperú permite medir hasta dónde llegará la voluntad reformista del gobierno. Un cambio administrativo puede ordenar aspectos de la operación; una solución estructural tendría que modificar la relación entre la empresa y el Tesoro y reducir su capacidad de comprometer recursos públicos de manera recurrente.
De las comisiones a la capacidad de ejecución
Las cuatro comisiones anunciadas por el MEF buscan enfrentar problemas ampliamente diagnosticados. Según Cuba, formularán propuestas para combatir la informalidad laboral, fortalecer los mercados financieros, mejorar el sistema de inversión pública y reducir la evasión tributaria. Los objetivos apuntan directamente a dos grandes necesidades del país: elevar la productividad y mejorar la calidad de los servicios públicos.
El principal recurso en juego es el tiempo. Informalidad, inversión pública, financiamiento y evasión requieren propuestas técnicamente sólidas, pero también capacidad para convertirlas en decisiones durante la etapa de mayor capital político del gobierno. Una alternativa habría sido conformar equipos de trabajo con plazos más breves y orientar parte de sus propuestas hacia el pedido inicial de facultades legislativas.
La evolución del PBI potencial vuelve especialmente valioso ese tiempo: el crecimiento actual se encuentra muy por debajo de las tasas cercanas al 6% alcanzadas en décadas anteriores (ver gráfico 5). Esperar doce meses para recibir propuestas significa desplazar la ejecución hacia una etapa política distinta, en la que el gobierno puede disponer de menos margen para asumir los costos de una reforma.
La calidad de las comisiones se medirá, por ello, tanto por sus recomendaciones como por su velocidad de implementación. El Perú cuenta con diagnósticos extensos sobre informalidad, funcionamiento del Estado, inversión pública y evasión. El paso decisivo consiste en convertir ese conocimiento acumulado en capacidad de ejecución.
Convertir la emergencia en una agenda de crecimiento
El nuevo equipo económico administra un escenario particularmente complejo. El fenómeno El Niño, la seguridad ciudadana y las presiones fiscales demandan respuestas inmediatas, mientras la baja productividad, la informalidad, la burocracia, la sobrerregulación y las deficiencias del aparato estatal requieren reformas cuyo impacto se observará en un horizonte mayor.
La referencia al gatopardismo —la idea de cambiar todo para que nada cambie— resume el riesgo que identifica el autor en esta primera etapa. Medidas graduales, ajustes a las reglas fiscales, cambios administrativos y comisiones pueden ofrecer capacidad de maniobra durante la emergencia. El salto hacia una economía nuevamente capaz de crecer por encima del 6% depende de que ese margen se transforme en reformas de productividad, gasto público, formalización, descentralización y gestión estatal.
El gobierno conserva una ventaja decisiva: todavía dispone del impulso inicial del mandato y de la oportunidad que representan las facultades legislativas. Utilizar esa ventana significa pasar del diagnóstico a la ejecución y convertir la productividad en el criterio que articule las decisiones económicas. Allí se jugará el verdadero rumbo del nuevo equipo económico.
Sobre el Autor
Jorge Baca Campodónico
Economista Principal de MAXIMIXE
Ph.D. en Economía por la University of Manchester y Master en Investigación de Operaciones por el MIT. Fue Economista Jefe de Bunge & Born, Jefe de la Agencia de Administración Tributaria del Perú, Director del BCRP, Ministro de Economía y Finanzas del Perú y Director Ejecutivo y actual consultor en temas fiscales del BID. Fue asesor de asistencia técnica del FMI en Argentina.
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