En nuestra entrega de la semana pasada analizamos las fuentes de financiamiento contempladas en el proyecto de presupuesto y concluimos que el probable déficit económico resultante de su ejecución será de 2.8 % del PBI sin tomar en cuenta la materialización de las deudas contingentes que podría llevar el déficit a 3.5 % del PBI. En esta entrega analizamos las categorías de gasto (corriente, capital y financiero) y el gasto en cada una de las funciones (Educación, Salud, etc.) del presupuesto.
Las funciones incluidas en el presupuesto corresponden a las acciones en forma agregada que ejerce el Estado en sus áreas de competencia. El presupuesto por el lado del gasto se organiza en 25 funciones. Cada función puede abarcar actividades de dos o más ministerios y un ministerio puede abarcar más de una función. En Tabla 1 se presentan los gastos de presupuestos para cada una de las 25 funciones para los años 2012 (primer presupuesto del gobierno de Humala), 2016 y 2017 con sus respectivas participaciones como porcentaje del PBI. Los datos utilizados son los registrados en los Presupuestos Institucionales de Apertura (PIA) aprobados por el Congreso y normalmente difieren de los montos “ejecutados” debido a modificaciones presupuestarias durante el año de ejecución o a demoras o ineficiencias en la ejecución del gasto.
Lo más resaltante en el PIA propuesto para el 2017 es el incremento de 72.1 % en la función de saneamiento que refleja las intenciones de priorizar la disponibilidad de agua potable en todo el país. Para este fin el presupuesto contempla la emisión de bonos por S/ 2, 000 millones y la reducción de la reserva de contingencia de gastos de capital (que en el 2016 fue asignada a mitigar los desastres del fenómeno del Niño que no se materializó). La función Orden Público y Seguridad se incrementa en 12.4 % (S/ 1, 000 millones) y se financia con una reducción de similar magnitud de la función de Defensa y Seguridad Nacional (fuerzas armadas).
Los gastos en Educación y Salud mantienen su tendencia creciente como porcentaje del PBI respecto a los niveles registrados en el 2012. Sin embargo llama la atención el incremento en el gasto de la función Protección Social (programas de asistencia) que han pasado de S/ 2, 022 millones en el 2012 a S/ 5, 780 millones para el 2017. En términos de porcentaje del PBI, estos gastos han pasado de 0.388 % del PBI en el 2012 a 0.823 % en el 2017. Gran parte del incremento del gasto de esta función se explica por el incremento del número de empleados durante el gobierno de Humala.
La evolución del gasto por categorías contemplado en el presupuesto para el 2017 se presenta en la Tabla 2. Resalta que el nuevo gobierno insista en elevar el gasto corriente por encima del gasto de capital. En particular los gastos en personal (remuneraciones) y en bienes y servicios que se incrementan 9.6 % y 8.1 % respectivamente. Los gastos corrientes han pasado de representar el 11.95 % en el 2012 a 13.54 % en el 2017 mientras que los gastos de capital han pasado de 5.08 % a 4.97 % en el 2017.
El gasto total del Gobierno ha pasado de representar el 18.8 % del PBI en el 2012 a 20.28 % en el 2017. Lo más preocupante de este incremento es que se viene financiando con recurrentes déficits que se traducen en incrementos de la deuda pública. El incremento de la categoría personal y obligaciones sociales de 4.59 % en el 2012 a 5.79 % del PBI en el 2017 revela que el aparato público se está volviendo más ineficiente.
La reactivación de la economía no va a venir por un incremento de los gastos del Estado sino por un aumento en la inversión privada y para que ésta se incremente lo que se requiere es más flexibilidad laboral y menos trabas burocráticas que creen un escenario propicio a la inversión. Para mejorar la flexibilidad laboral y reducir las trabas burocráticas no se requiere mayor gasto público sino por el contrario mayor eficiencia del aparato estatal (en sus tres niveles: nacional, regional y local), y aprobar las leyes que destraben la inversión privada. Lamentablemente este tipo de medidas no se ha anunciado ni en el presupuesto ni en el pedido de facultades especiales.
La reducción del IGV no va a mejorar la flexibilidad laboral o reducir las trabas burocráticas, por el contrario va a incrementar el déficit económico. El incremento propuesto en la tasa de impuesto a la renta, revirtiendo la tendencia a reducir esa tasas, no contribuye a fomentar mayor inversión privada sino todo lo contario. La eliminación de exoneraciones tributarias y regímenes especiales que permitirían tener una economía más competitiva y contribuirían a reducir el déficit económico no están contemplados en las medidas anunciadas por el gobierno.
La aprobación del presupuesto y el otorgamiento de facultades especiales están ahora en manos del Congreso. El objetivo debería ser reducir el déficit de apertura, contemplado en el proyecto de presupuesto, eliminando exoneraciones tributarias en lugar de reducir la tasa de IGV o incrementar la tasa del impuesto a la renta. Por el lado de los gastos se deberían reducir los gastos en personal y obligaciones sociales eliminando progresivamente las plazas creadas por el régimen anterior hasta volver a los niveles registrados en el 2012. De esta manera se mantendrían las prioridades de gasto manifestadas por el gobierno (saneamiento y seguridad) pero al mismo tiempo se limitaría el crecimiento de la deuda pública con el fin de mantener o mejorar la clasificación de riesgo país y asegurar la recuperación de la inversión privada.
