¿Por qué no sube tanto la deuda pública total?
Según el MEF, el total de la deuda pública a fines del mes de junio llegó a los 345 mil 556 millones de soles equivalentes a 33% del PBI. El nivel de deuda como porcentaje del PBI de junio es similar al nivel de deuda de meses anteriores, a pesar de que el déficit fiscal en los últimos meses ha estado alrededor de 3.9% del PBI. En esta entrega tratamos de explicar esta aparente paradoja.
Según el BCRP, la deuda pública total se define como la suma de todos los pasivos reconocidos por el sector público frente a acreedores nacionales y extranjeros. Esto incluye la deuda interna y externa, así como la de largo y corto plazo. Por su parte, la deuda pública neta se calcula restando los activos financieros del sector público del monto total de la deuda bruta. Dichos activos financieros incluyen el fondo de estabilización fiscal, los depósitos a la vista y a plazo del sector público en el sistema bancario y el Banco Central y otros activos. Estas cifras no incluyen los activos y pasivos del BCR ni las garantías otorgadas por el Estado, por ejemplo, a los acreedores de PetroPerú.
En el Gráfico 1 se presenta la evolución trimestral de la Deuda Pública Total y la Deuda Pública Neta como porcentaje del PBI para el periodo IT-1999 – IIT-2024. Para evitar estacionalidades se ha tomado el promedio móvil de los últimos 4 trimestres.
Durante los años de bonanza financiera, la deuda total descendió a menos de 20% del PBI mientras que la deuda neta se redujo prácticamente a cero (2014). La tendencia descendiente de la deuda pública durante el periodo 2003 a 2012 nos permitió lograr el ansiado “grado de inversion” por parte de las calificadoras de riesgo país. Sin embargo, esta tendencia se ha revertido a partir de 2014 que coincide con el inicio de políticas fiscales expansivas de los gobiernos de Humala y sucesores.
La diferencia entre la deuda pública total y la deuda pública neta corresponde a los activos financieros de libre disponibilidad que el gobierno tiene para enfrentar desastres naturales o crisis financieras imprevisibles. Observamos que, en épocas de bonanza de los precios de los minerales, el gobierno ha llegado a tener 18% del PBI de activos financieros como reserva para enfrentar cualquier contingencia. Durante la pandemia se recurrió al uso de estos activos, reduciéndose la brecha de 18% del PBI a menos de 10%.
Sin embargo, una vez superada la emergencia el gobierno, a pesar de tener precios de los minerales favorables, no ha podido restablecer el nivel de activos financieros que solía tener como reserva en años previos a la pandemia. En el Gráfico 2 se presenta la evolución de estos activos de libre disponibilidad como porcentaje del PBI para el periodo IT-1999 – IIT-2024. Observamos que a partir del 2015 estos activos vienen sufriendo un sostenido deterioro.
Salvo una pequeña recuperación en el 2022 producto del aumento significativo de los precios de los minerales, los activos financieros del sector público se han venido reduciendo como consecuencia de su utilización para mayor gasto corriente. Esta situación se ha agudizado en lo que va de este año.
Para evitar aumentar la deuda pública total y así poder cumplir con los compromisos impuesto por la regla fiscal en el Marco Macroeconómico Mensual (MMM), que nos obliga a reducir el nivel de deuda pública total a menos de 30% del PBI, el gobierno viene recurriendo a la utilización de los activos de libre disponibilidad. Como consecuencia, los niveles de deuda como porcentaje del PBI se mantienen alrededor de 33%, pero a costa de que la reducción de dichos activos financieros.
Todo ello ocurre como consecuencia del elevado déficit fiscal que este año se encuentra alrededor del 3.9%. El gobierno, en lugar de reducir drásticamente el gasto corriente superfluo, viene introduciendo ajustes antitécnicos en el IGV y recurriendo a amnistías tributarias de dudosos resultados. Por otro lado, el congreso no cesa en su afán de introducir medidas populistas, que reducen la base tributaria y limitan la recuperación de la recaudación.
En el caso del IGV a los servicios digitales, si bien era necesario eliminar la exoneración a la que venían siendo sujetos los servicios digitales como se viene realizando en otros países, la decisión de hacerlo a través de retenciones por cuenta del sistema bancario es una decisión desacertada. Una vez más la SUNAT evade su responsabilidad de realizar la recaudación directamente y delega su responsabilidad, en este caso al sistema bancario. Una solución más apropiada hubiese sido llegar a un acuerdo de cooperación de cumplimiento con las empresas no domiciliadas para la recaudación del IGV, como se hace en los países europeos.
Por el lado de la amnistía tributaria anunciada por el ministro Arista, su efectividad dependerá de los términos en que se plantee la amnistía. El Perú ha sufrido una significativa fuga de capitales durante los últimos años, como consecuencia de la elección de Pedro Castillo y la continua inestabilidad política, que resta confianza en las políticas del gobierno. Sin un claro mensaje a los contribuyentes acerca del tratamiento de los montos repatriados y de las facilidades de pago de las deudas tributarias vencidas, la amnistía tributaria tendrá efectos limitados como ocurrió con la última amnistía decretada durante el gobierno de PPK.
