En setiembre de 2024 vence el plazo dispuesto por la SBS para que las empresas bancarias, financieras y microfinancieras operen con un Ratio de Capital Global (RCG) no menor al 9.5%. Hasta la fecha, dicho ratio es del 9% desde abril de 2023, pero fue del 8.5% desde setiembre de 2022, cuando en abril de 2021 se redujo de 10% a 8% debido a la pandemia de la COVID-19.
Desde abril de 2021, el entorno macroeconómico peruano ha estado marcado por una desaceleración del crecimiento, una inflación por encima de las metas del BCRP y eventos climáticos adversos como El Niño y La Niña. Estos factores han impactado negativamente en la calidad de los activos bancarios, reflejándose en un aumento significativo de la morosidad, especialmente en las microfinancieras y cajas rurales.
El RCG es un indicador fundamental en la gestión del riesgo de solvencia de las instituciones financieras, basado en los lineamientos establecidos por Basilea III. Este ratio mide la capacidad de una entidad financiera para absorber pérdidas con su capital propio y, por ende, es crucial para la estabilidad del sistema financiero. La normativa de Basilea establece un mínimo de 8%, pero adaptaciones locales, como las impulsadas por la SBS en Perú, han ajustado este ratio a 10% debido al riesgo sistémico y la situación macroeconómica del país.
Incrementar el RCG a 9.5% en el contexto económico actual plantea desafíos significativos para algunas instituciones financieras, especialmente aquellas con carteras de crédito más vulnerables. Un aumento del RCG, incluso marginal, podría tener un impacto desproporcionado en entidades financieras con menor capitalización relativa, afectando su capacidad de otorgar créditos y, en consecuencia, el dinamismo económico del país. Desde una perspectiva técnica, la capacidad de las entidades financieras para cumplir con un RCG más alto depende no solo de sus niveles actuales de capital, sino también de la calidad de sus activos y de la eficiencia en la gestión de riesgos.
A continuación, se presenta un cuadro que muestra los niveles de RCG de diversas entidades financieras peruanas a mayo de 2024, destacando la disparidad en los niveles de solvencia y subrayando la urgencia de una revisión técnica basada en la realidad actual.
Se sabe que, en el contexto actual de desempeño macroeconómico y financiero del país, un incremento inmediato del RCG a 9.5% podría (1) forzar a ciertas entidades financieras a reducir su apalancamiento o incrementar sus niveles de provisiones en un momento en que el crédito es crucial para la reactivación económica; (2) reducir la oferta de crédito en un 10% adicional por cada incremento del 0.5% en el ratio, debido a la alta elasticidad del crédito al capital regulatorio, especialmente en periodos de contracción económica y bajo crecimiento; y (3) exacerbar la pro-ciclicidad del crédito en un entorno económico con alta volatilidad, un aspecto que Basilea III intenta mitigar mediante colchones de capital contracíclicos. Un RCG del 9% actualmente permite una mayor flexibilidad en la gestión del riesgo crediticio y operacional, ajustándose mejor a la capacidad real del sistema financiero peruano para absorber pérdidas sin recurrir a rescates gubernamentales.
Por las razones técnicas antes mencionadas, nuestra opinión es que la SBS debería considerar extender la implementación de este incremento hasta al menos finales de 2025, permitiendo que las entidades financieras ajusten sus balances gradualmente mientras se espera una estabilización de las variables macroeconómicas. La postergación también permitiría a las entidades financieras mejorar su capitalización a través de utilidades retenidas, sin necesidad de recurrir a aumentos de capital en mercados que actualmente se muestran inestables.
En junio de 2025, la SBS podría revaluar el calendario de implementación del RCG del 9.5%, con base en el desempeño económico y financiero del primer semestre de ese año. Esta medida permitiría a las entidades financieras adaptarse mejor a las condiciones macroeconómicas, asegurando la estabilidad del sistema sin comprometer la oferta crediticia necesaria para el crecimiento económico.
