La Política Pesquera

La definición de una política de Estado para el sector Pesca debe ser parte de una estrategia general de desarrollo sostenible, y su éxito debe basarse en un proceso de planificación integrado para armonizar valores (culturales, económicos, ambientales) y equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico.

Esta política debería tener como meta fundamental alcanzar una pesquería sostenible con objetivos de desarrollo basados en la soberanía y seguridad alimentarias, la reducción del índice de desnutrición nacional y una regulación tributaria que genere niveles de captación de recursos más conveniente para el país.
En el actual modelo de gestión pesquera prevalecen en general, criterios económicos o políticos a la hora de tomar decisiones. Los peces y, en general, los recursos ícticos constituyen una parte integrante del ecosistema en donde son interdependientes y experimentan intercambios continuos, ya sea entre ellos mismos, o con la materia inerte. Pese a esta evidencia, la gestión de la explotación de los recursos pesqueros y de otro tipo de recursos ícticos se ha venido enfocando desde premisas del tipo «especie por especie».
El desarrollo de una pesquería sostenible mediante la aplicación de planes de gestión a largo plazo para las poblaciones ícticas, basados en información científica sólida, pondría fin al problema político y social sobre la pesca, sustituyéndolo por objetivos de capturas fijados dentro de limites biológicos y un esfuerzo pesquero adaptado a estos objetivos.
El desafío no es gestionar poblaciones de peces sino gerenciar el conjunto del ecosistema marino, debido a que el mismo depende de forma directa de su estructura para mantener su productividad. En este sentido, la gestión pesquera se debe hacer eco de este hecho: “dependiendo de su adecuada conservación, se podrá o no mantener en el futuro la actividad pesquera. Es en esta dirección en donde se debe introducir el concepto de ecosistema en la gestión”
Los recursos pesqueros no son sujetos de apropiación individual por ser de propiedad común. Su ámbito recae en las normas jurídicas que regulan el uso de los recursos naturales que constituyen un bien patrimonio de la nación. A diferencia de los recursos agrícolas y ganaderos, los pesqueros no se riegan, no se abonan ni se fumigan. Nadie gasta en su mantenimiento, solo en su extracción. No tienen un propietario, pues aunque teóricamente lo es la Nación, ésta resulta un concepto abstracto para efectos prácticos.
Los recursos pesqueros han sido tradicionalmente de propiedad común, y cualquier persona ha tenido la libertad de explotarlos. En situaciones de este tipo, nadie tiene un incentivo claro para mantener la captura dentro de unos límites sostenibles; el pez que no se coja hoy será probablemente capturado mañana por otra persona.
La extracción paga muy pocos derechos de pesca, y no por todos los recursos extraídos. Todos quienes realicen esfuerzo pesquero con fines comerciales deben aportar a la Nación el pago por el derecho de su extracción. La extracción de recursos naturales como los hidrobiológicos debe generar una justa retribución para el país.
La situación socioeconómica, política y pesquera impone la necesidad de una visión nueva y diferente del contexto general en el que se sitúa actualmente la pesquería. Pensar en utilizar únicamente mecanismos de mercado para dar soluciones “eficientes” a la cuestión del acceso y control de los recursos del mar puede resultar insuficiente desde los puntos de vista sociopolítico y ecológico.
Tampoco es factible un proceso de asignación y manejo planificado exclusivamente desde el gobierno, dada la total diversidad de los recursos y la vasta dispersión de la población activa de trabajadores pesqueros. Lo que se requiere es diseñar una combinación adecuada entre las soluciones posibles y deseables. Para ello se requiere una acción concertada por parte de la autoridad de pesquería, las organizaciones de trabajadores pesqueros, la industria y la sociedad civil.