Conflictos sociales se concentraron en cuatro regiones en agosto

En agosto de 2024, la Defensoría del Pueblo del Perú reportó un total de 206 conflictos sociales, de los cuales 157 están activos y 49 son latentes. Este número representa una leve disminución respecto al mes anterior, con tres casos menos. La mayoría de los conflictos están relacionados con temas socioambientales y están concentrados en regiones como Loreto, Cusco y Puno. El reporte también detalla la evolución de estos conflictos, muchos de los cuales están siendo abordados a través del diálogo.

  • Total de conflictos sociales: En agosto de 2024, se registraron 206 conflictos sociales, de los cuales 157 están activos y 49 en estado latente. La Defensoría del Pueblo también señala que tres nuevos conflictos surgieron en las regiones de Áncash, Ayacucho y Cusco, mientras que se resolvieron cuatro casos en Áncash, Loreto y Puno.
  • Distribución regional de los conflictos: Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos, con 32 casos, seguido de Cusco con 22, Puno con 17 y Apurímac con 13. Estas cuatro regiones representan el 40,8% del total de conflictos sociales en el país, lo que subraya la alta incidencia de disputas en zonas con grandes intereses económicos y ambientales.
  • Conflictos socioambientales dominantes: El 53,4% de los conflictos reportados están relacionados con asuntos socioambientales, una cifra que, aunque significativa, es la más baja en los últimos 15 años. Estos conflictos suelen estar vinculados a la minería, la cual representa el 32,5% del total de los casos. A pesar de esta disminución, los conflictos relacionados con la actividad extractiva continúan siendo una fuente importante de tensiones sociales.
  • Conflictos abordados mediante diálogo: Del total de conflictos activos, el 55,4% (87 casos) están siendo tratados a través de mecanismos de diálogo. Los casos socioambientales representan el 72,4% de estos conflictos en diálogo, lo que sugiere una estrategia de mediación para reducir las tensiones relacionadas con la minería y otras actividades extractivas.

  • Protestas colectivas: En agosto de 2024, se registraron 224 acciones colectivas de protesta. El 44,6% de estas manifestaciones consistieron en plantones o concentraciones, mientras que el 12,5% correspondió a marchas. Lima Metropolitana fue el epicentro de estas protestas, con 49 manifestaciones, seguida de Piura (19) y Arequipa (15).
  • Conflictos violentos: Un hecho notable fue la muerte de una persona en el contexto de un conflicto por el control del atractivo turístico Montaña de Siete Colores, en Cusco. Este incidente resalta la potencial violencia de los conflictos sociales, especialmente aquellos relacionados con disputas territoriales y recursos naturales.
  • Actuaciones de la Defensoría: Durante el mes, la Defensoría del Pueblo realizó 199 intervenciones, de las cuales 153 correspondieron a acciones de supervisión preventiva y 46 a acciones de intermediación. Estas intervenciones buscan prevenir la escalada de conflictos y promover soluciones pacíficas.

  • Impacto en la estabilidad social: La persistencia de conflictos sociales, especialmente en regiones clave como Loreto y Cusco, puede afectar la estabilidad social y económica del país. Las tensiones en torno a temas socioambientales y extractivos continúan siendo una barrera para el desarrollo sostenible en estas zonas.
  • Riesgo de escalamiento: Aunque la mayoría de los conflictos se están abordando mediante el diálogo, algunos permanecen en fase de escalamiento, lo que podría generar episodios de violencia y mayores tensiones. Esto es particularmente preocupante en regiones con alta actividad minera, donde las demandas de las comunidades a menudo entran en conflicto con los intereses de las empresas.
  • Necesidad de políticas inclusivas: El hecho de que el 53,4% de los conflictos estén relacionados con temas socioambientales destaca la necesidad de políticas más inclusivas y sostenibles que equilibren el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

  • ¿Qué medidas está implementando el gobierno para abordar la raíz de los conflictos socioambientales?: Dado que estos conflictos siguen siendo una de las principales fuentes de tensión, es necesario comprender las acciones concretas que el gobierno y las empresas están tomando para abordar las preocupaciones de las comunidades afectadas.
  • ¿Qué impacto tendrán los conflictos en la inversión minera en Perú?: Los conflictos relacionados con la minería representan un riesgo significativo para la inversión extranjera y la estabilidad económica del país. ¿Podría el aumento de estos conflictos afectar el atractivo de Perú como destino para la inversión minera?
  • ¿Cómo afectará la resolución de estos conflictos a largo plazo la estabilidad regional?: Si bien la mediación y el diálogo son estrategias efectivas a corto plazo, es crucial entender si estas medidas conducirán a soluciones sostenibles que prevengan futuros conflictos en las regiones más afectadas.