La eficiencia energética es una parte fundamental de la transición hacia un sistema energético más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La optimización del uso de la energía en los sectores industrial, comercial y residencial mejora la competitividad de las empresas al (i) reducir los costos operativos, (ii) disminuir la huella de carbono, (iii) contribuir a la seguridad energética y (iv) aumentar la sostenibilidad. Los proyectos de eficiencia energética pueden variar desde la actualización de la iluminación de un edificio hasta la implementación de sistemas de gestión avanzados en plantas industriales.
El financiamiento de proyectos de eficiencia energética es esencial para desbloquear el potencial de ahorro de energía y reducción de emisiones. Los instrumentos financieros, modelos de financiamiento y estructuras financieras complejas permiten que las organizaciones realicen inversiones rentables en eficiencia energética, beneficiando tanto a sus resultados financieros como al medio ambiente. Con parámetros técnicos sólidos y una planificación adecuada, estos proyectos pueden convertirse en un componente clave de un futuro energético sostenible.
Para implementar proyectos de eficiencia energética se requiere una inversión inicial significativa. Para superar este desafío, se han desarrollado diversos instrumentos financieros, modelos de financiamiento y estructuras de financiamiento que hacen posible llevar a cabo estos proyectos de manera rentable.
Para demostrar su rentabilidad, los proyectos deben demostrar una Tasa Interna de Retorno (TIR) con un rendimiento aceptable en términos de ahorro de costos a lo largo del tiempo, un periodo de recuperación de la inversión (payback) también razonable expresado a través de los ahorros de energía, y una contribución efectiva de la reducción de gases de efecto invernadero por la disminución de la cantidad de energía necesaria para llevar a cabo las actividades.
Las formas en que estos proyectos acceden a financiamiento son diversas. Las más usuales son utilizar recursos propios y/o recurrir a préstamos de entidades financieras tradicionales. Hoy en día dichas entidades pueden ser sustituidas por fuentes de financiamiento que orientan sus recursos a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, las cuales son una muy buena alternativa disponible.
Los contratos de desempeño Energético (CDE) son la forma de financiamiento ideal, pues una empresa especializada en eficiencia energética es la que financia y ejecuta el proyecto, a condición de recuperar su inversión a través de los ahorros de energía logrados durante un período acordado. También puede darse el caso de una garantía de ahorro adicional, con lo que, si los ahorros de energía no alcanzan un cierto umbral, la empresa financiadora asume la diferencia.
El financiamiento estructurado también es otra forma de financiamiento útil. Bajo esta forma se titulizan los flujos futuros de ahorro de energía para convertirlos en títulos negociables que pueden venderse a inversionistas, lo que permite liberar capital para futuros proyectos mientras se comparten los riesgos con los inversionistas.
Las asociaciones público-privadas (APP) también son una opción para acceder a financiamiento. Bajo esta forma, el Estado puede proporcionar financiamiento inicial, garantías o deducciones fiscales, créditos fiscales, subsidios o financiamiento a tasas de interés concesionales, mientras que las empresas privadas aportan su experiencia en diseño, ejecución y operación del proyecto. Esta colaboración permite la inversión en proyectos que, de otro modo, podrían ser costosos para una empresa individual.
Por ejemplo, si un proyecto de eficiencia energética bajo APP no alcanza los ahorros de energía esperados, el sector público podría compartir parte de la pérdida con el sector privado. Esto reduce la exposición de la empresa a posibles fluctuaciones en los resultados del proyecto.
También el sector público bajo una APP puede proporcionar a la empresa privada acceso a terrenos, instalaciones existentes o infraestructura de servicios públicos, para la implementación de proyectos de eficiencia energética, lo que reduce los costos de capital y acelera la ejecución del proyecto. Cuando la empresa asume la responsabilidad de financiar, construir y operar una instalación de eficiencia energética durante un período determinado. A cambio, la empresa puede recibir pagos regulares por parte del Estado o del usuario final en función de los ahorros de energía logrados.