La Defensoría del Pueblo solicitó al gobierno aprobar una política nacional para la atención de casi 9.000 personas expuestas a contaminarse por metales pesados en el país propio de los residuos de industrias extractivas. Asimismo, en julio, Amnistía Internacional (AI) entregó al MINSA una petición firmada por cerca de 32.000 personas para que atienda a las comunidades indígenas y rurales contaminadas con metales pesados.