“Cuando el curso de una civilización toma un giro insospechado, cuando, en lugar del progreso continuo que esperábamos, nos vemos amenazados por males que asociábamos con las pasadas edades de barbarie, culpamos, naturalmente, a cualquiera menos a nosotros mismos. …. Si el resultado es tan diferente de nuestros propósitos, si en lugar de disfrutar de libertad y prosperidad nos enfrentamos con esclavitud y miseria, ¿no es evidente que unas fuerzas siniestras deben haber frustrado nuestras intenciones, que somos las víctimas de alguna potencia maligna, la cual ha de ser vencida antes de reanudar el camino hacia cosas mejores?”
El párrafo anterior, que describe fielmente la situación del Perú previa al 5 de abril de 1992, no ha sido escrito por el autor de esta columna sino que ha sido tomado literalmente del primer capítulo del libro “El Camino a la Servidumbre” y fue escrito en 1944 por Friedrich A. Hayek uno de los padres del liberalismo moderno y premio Nobel de Economía.
El origen de la situación en la que se encontraba el país en 1992, qué duda cabe, se remonta al nefasto golpe de estado del 8 de Octubre de 1968 que cambió el modelo económico de la sociedad peruana de un régimen seudo liberal a uno socialista en que los medios de producción pasaron a manos del Estado, la libertad económica del individuo fue seriamente recortada y la libertad de prensa eliminada.
El punto decisivo, que las gentes desmemoriadas no han reconocido todavía, no es ya la magnitud de los cambios ocurridos durante el periodo 1968—1992, sino el hecho de que significó una alteración completa en el rumbo de nuestras ideas y nuestro orden social. Durante los veinticuatro años anteriores al 5 de abril de 1992, el sueño socialista inicial se convirtió en una amenaza real de terrorismo comunista demencial.
Durante 24 años el país estuvo alejándose progresivamente de las ideas esenciales sobre las que se fundó la civilización moderna. Abandonamos progresivamente aquella libertad en materia económica sin la cual no pueden existir la libertad personal o la libertad de prensa. Aunque algunos de los mayores pensadores políticos del siglo XIX, como De Tocqueville y Lord Acton, nos advirtieron que socialismo significa esclavitud, marchamos constante e inexorablemente en la dirección del socialismo y el desastre económico. Que mejor ejemplo que el que nos da Venezuela en estos días.
Ese es el dilema que el presidente Alberto Fujimori tuvo que confrontar. No sabemos si por convicción ideológica o por pragmatismo político, que es lo más probable, Fujimori decidió acabar con el modelo económico imperante. La decisión de Fujimori no fue acabar con la democracia ni mucho menos con la libertad de prensa sino con el modelo económico socialista. Su agudo instinto matemático le permitió identificar el verdadero origen de los problemas del país: 24 años de supresión de las libertades económicas individuales que llevaron a una masiva expropiación de los medios de producción (basta recordar Entel Perú, Minero Perú, Electro Perú, Aero Perú y todas las empresas con el sufijo Perú), la colectivización de la propiedad (reforma agraria), la expropiación de la prensa, la alteración de la curricula escolar, la omnipresencia de SINAMOS, la creación de la comunidad laboral, la eliminación del Congreso, la implantación de la planificación centralizada, los controles de divisas y de precios y muchas otras medidas socializantes que luego de la caída del gobierno militar fueron consagradas en la Constitución de 1979 y mantenidas (con la excepción de la expropiación de los medios de información y la restauración del Congreso) y profundizadas por los gobiernos de Belaunde y García.
Sobre todas estas reformas socializantes destaca la eliminación de la libre competencia y la introducción de los controles de cambio y precios que llegaron a su paroxismo en la época de Alan García. No existe verdadera democracia sin libertad económica del individuo, libre competencia y derecho de propiedad. La libertad económica precede a la libertad de prensa. No existe verdadera libertad de prensa sin una verdadera libertad económica del individuo. “La democracia atribuye todo valor posible al individuo; el socialismo hace de cada hombre un simple agente, un simple número. Mientras la democracia aspira a la igualdad en la libertad, el socialismo aspira a la igualdad en la coerción y la servidumbre”.
El verdadero valor de las acciones que tomó Fujimori el 5 de abril de 1992 consistió no sólo en el coraje que tuvo a sabiendas que se enfrentaba al orden establecido por 24 años que lucraba de las arcas del estado, sino en su capacidad para interpretar los deseos de las grandes mayorías. Y no se equivocó, más del 80% de la población apoyó su decisión. Y esta decisión fue consagrada en la Constitución de 1993, la más longeva de las constituciones ininterrumpidas en la historia moderna del Perú.
Dejemos que los números hablen por si solos. En 24 años de vigencia del modelo económico instaurado por Velasco el PBI real creció apenas 41% equivalente a un crecimiento promedio anual de 1.4%. El modelo liberal, con todas sus imperfecciones, consagrado en la Constitución de 1993 en los 24 años de existencia ha permitido un crecimiento del PBI de 225.7% equivalente a 5.0% de promedio anual (ver Cuadro 1).
Estos números deberían ser suficientes para convencer al peor de los incrédulos de que la decisión de Fujimori de cerrar temporalmente el Congreso y Poder Judicial fue necesaria para cambiar el modelo económico imperante. La nueva constitución fue aprobada en referéndum y dos años después Fujimori fue reelegido por amplia mayoría, haciendo campaña del brazo de Michel Camdessus, en ese entonces director gerente del Fondo Monetario Internacional, por los pueblos jóvenes de Lima, y que lo motivó a declarar que las propuestas de Fujimori eran “música celestial” para sus oídos.
Los enemigos de Fujimori aducen que todo eso se pudo hacer sin necesidad de cerrar temporalmente el Congreso y menos cerrar el Poder Judicial. Fujimori intentó efectuar las reformas requeridas mediante facultadas legislativas que recibió en agosto de 1991, un año después de asumir la Presidencia de la República. Sin embargo, en los primeros meses de 1992 esas reformas empezaron a ser desmanteladas por el propio Congreso y por el Tribunal de Garantías Constitucionales que Alan García había designado antes de dejar el poder. Más aún, en diciembre de 1991 el Congreso aprobó la inconstitucional Ley de Control Parlamentario de los actos del Presidente de la República, que fue promulgada en enero de 1992, quedando el Poder Ejecutivo sujeto al Poder Legislativo. Nadie crítica ese “golpe” legislativo.
¿Cómo podría haberlo logrado si estaba maniatado por la mencionada ley de control parlamentario y el tribunal constitucional aprista? Un modelo económico impuesto por el poder de las bayonetas no se cambia fácilmente. Belaunde y García no solo no atacaron el modelo sino que lo profundizaron. Los agentes del modelo económico socializante estaban infiltrados en el gobierno, en los partidos políticos y en las diferentes esferas del Poder Judicial. Basta recordar como los terroristas eran capturados un día por la policía y al día siguiente quedaban libres por orden del Poder Judicial. Y esto sucedía también en el plano económico. Las medidas de política fiscal aprobadas en el congreso, directamente o por facultadas delegadas, eran sistemáticamente anuladas por el Tribunal Constitucional. Era el choque entre el modelo socialista consagrado en la Constitución de 1979 y el modelo liberal que el gobierno de Fujimori quería implantar. Este conflicto infranqueable de dos modelos económicos es el que verdaderamente motivó a Fujimori a tomar su transcendental decisión del 5 de abril de 1992 y no como algunos sostienen su temor a los malos manejos de las donaciones provenientes del Japón.
Otros analistas han relacionado la decisión del 5 de abril de 1992 con un “master plan” de Fujimori y Montesinos para perennizarse en el poder y organizar la red de corrupción más grande de la historia del país para cargarse el país en vilo. Para ello los gobiernos de Paniagua, Toledo, García y Humala, se encargaron de crear mitos alrededor del gobierno de Fujimori como el del inexistente robo de los 6,000 millones de dólares producto de las privatizaciones, el uso de la SUNAT para perseguir a los adversarios políticos, el robo de las barras de oro, el negociado de la deuda externa, el gobierno más corrupto, etc. Lo cierto es, y las recientes revelaciones de los actos de corrupción de Toledo, García, y Humala, así lo demuestran, que los errores y delitos cometidos por el gobierno de Fujimori nada tuvieron que ver con la decisión del 5 de abril de 1992. Querer vincular la Constitución de 1993 y el modelo económico, con todas sus imperfecciones y retrocesos, con los hechos de corrupción de los últimos 5 gobiernos incluyendo el actual, no tiene asidero, y el que lo hace miente.
