Los efectos del calentamiento global ya son catastróficos. El mundo supervive a duras penas envuelto en un torbellino que se retroalimenta y acelera día a día. Los hielos en los polos literalmente se están deshaciendo, haciendo subir el nivel de los océanos mucho más rápido de lo pensado, lo que hará que islas y costas completas se desvanezcan.
Al derretirse el hielo se liberará a la atmósfera el carbono atrapado en el permafrost, lo que acelerará el calentamiento, como ya lo presienten los osos polares que han comenzado a emigrar.
Los incendios forestales en la Amazonía y la selva africana se han intensificado por las sequías más largas, agravados por la deforestación creciente generada por la tala y la minería ilegales y por las plantaciones de monocultivos de especies no nativas.
Son inconmensurables las pérdidas asociadas a los incendios forestales que viene padeciendo la Amazonía de Brasil, Bolivia y Perú. A los costos de prevención hay que sumarles los costos de extinción y los impactos ambientales negativos (producción de agua, almacenamiento y captura de carbono, conservación de la biodiversidad, etc.), que darán una vuelta más a la tuerca del calentamiento global.
Ante tamaño escenario catastrófico, lamentablemente muchos gobiernos persisten en eludir sus responsabilidades con la sostenibilidad del planeta.
Perú, lamentablemente, no es una excepción. Aquí la institucionalidad forestal sigue sesgada a ahondar el actual modelo extractivo exportador de madera talada ilegalmente, que es depredador de nuestra selva, en lugar de apostar por un modelo reforestador productor de servicios ambientales y exportador de maderables que cumplan las exigencias internacionales más estrictas de trazabilidad.
Una pequeña digresión. Imagine amigo lector una situación hipotética en que un funcionario del Banco Central de Reserva se coluda con una Compañía productora de billetes y acuerde con ella el cobro de una comisión del 5% a cambio de asegurarle un contrato de compra de una partida grande de billetes que entrarán prontamente en circulación. Ahora imagínese que aquel funcionario -angurriento- le pida a ese proveedor que, en lugar de depositarle la coima en una cuenta cifrada en un paraíso fiscal, le entregue un lote adicional de billetes al costo de ese 5%.
Los billetes emitidos oficialmente comienzan a circular en paralelo con los billetes del lote recibido en calidad de coima. En la calle nadie podría distinguir los billetes producto de la coima, porque son idénticos a los otros y cumplen con todos los requisitos de legalidad. Sin embargo, es su origen falseado el que hace que se trate de billetes no auténticos.
Igual sucede con gran parte de las Guías de Transporte Forestal (GTFs) utilizadas por los exportadores de madera para dar apariencia de legalidad a la extracción ilegal. Si bien ellas vienen respaldadas por inventarios y Planes de Manejo Forestal (POA) oficializados por regentes forestales asignados por Serfor, los inspectores de Osinfor han puesto en evidencia que la mayoría de ellos han venido fraguando durante años esos inventarios y planes de manejo forestal, en colusión con taladores ilegales y funcionarios de los gobiernos regionales.
El truco consiste en registrar en sus mapas o listas, árboles que no existen en el bosque, o que existen, pero en concesiones y comunidades remotas, donde nadie los va a talar y menos aún podrá alguien verificar.
Cómo será el nivel de corrupción reinante en el proceso de extracción y exportación de madera, que los POA y GTF falsificados se transan en un mercado negro que en Pucallpa se ha desarrollado tan bien, que sirve ya no sólo para lavar una cuantiosa extracción ilegal de madera proveniente de la selva peruana, sino también de la selva colombiana y brasilera.1
O sea, la conexión real entre guías y cargas de madera es nula. El lavado es tan sanforizado que hasta las principales empresas exportadoras de madera figuran en uno de los casos más sonados de exportación de madera a Estados Unidos en septiembre de 2015:
En la segunda semana de mayo de este año fiscales especializados en delitos ambientales hicieron un megaoperativo para atrapar a los integrantes de “Los Cumaleros del Oriente”, banda dedicada a la adulteración de POAs y GTFs, para poder traficar madera de la Amazonía peruana.
Lo más grave es que se identificó a 130 los regentes forestales dependientes de Serfor involucrados. A pesar de la evidencia en su contra, solo cinco de ellos fueron inhabilitados y siete siguen ejerciendo a pesar de haber sido multados, mientras el resto no tienen procesos administrativos en curso.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente, aprobada en 2016, le asignó a estos regentes forestales la autoridad para elaborar y aprobar los POA, que determinan la cantidad de madera extraíble de manera sostenible de un bosque.
A través de la mesa forestal que lidera el ministerio de economía y finanzas, se viene tratando de ordenar la caótica institucionalidad del sector forestal, aunque se hace complejo avanzar consensuando con quienes defienden a capa y espada la vigencia del modelo extractivo exportador de madera talada ilegalmente.
Un modelo nefasto, causante de que hacia 2011 Perú haya cruzado la barrera de los 10 millones de hectáreas de selva deforestada, que a junio de 2019 ya deben bordear los 12 millones. Multiplique usted amigo lector esta pérdida de bosques por las entre 50 a 400 toneladas de carbono que cada hectárea deforestada liberaba a la atmósfera. Esta es nuestra triste contribución a un calentamiento global alucinante.
[1] Según un estudio de CIFOR de 2015, calcula que un POA falsificado ronda entre US$ 0,70/m3 y US$ 13/m3, mientras que los GTFs se transan en un promedio de US$ 9-10/m3. Véase EIA, El Momento de la Verdad, enero 2018.
