A casi un año desde la elección de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como presidente de México, vale la pena hacer un balance de su gobierno. Partamos por reconocer que, a contrapelo de otros regímenes de izquierda latinoamericana populista, derrochadora, rentista, corrupta y autocrática (como el de Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Cristina Fernández en Argentina), el gobierno de AMLO se distingue por su cabalgar en un discurso ‘eficientista’ del Estado, cuya bandera es la austeridad, la lucha anti monopolios y la eliminación de todo tipo de privilegios en el uso de los recursos públicos, tanto a favor de los altos burócratas como de los grupos parasitarios de la sociedad civil con capacidad de lobby.
Su política de ‘austeridad republicana’ ha provocado el despido de miles de empleados públicos, la cancelación de contratos y licitaciones, reducción de salarios de altos funcionarios y una drástica reducción del gasto corriente. También la eliminación de privilegios de jueces, miembros de la corte suprema de justicia, legisladores y altos funcionarios de entidades que, abusando de su autonomía, han engendrado beneficios para sus cúpulas con prerrogativas que para la mayoría de empresas privadas son inimaginables (seguros médicos privados sin límites, automóviles y camionetas blindados, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados, comidas y licores caros).
Y es que, definitivamente, el boato reinante choca con la cruda realidad de un país en el que más de la mitad de su población es pobre. Según la OCDE, en México el salario de los altos funcionarios mexicanos equivale a 13 veces el PBI per cápita, mientras que el promedio en los países miembros de esa organización mundial no pasa de 6 veces, mientras que en EEUU es de 4 veces.
Es un hecho que la economía mexicana se ha desacelerado durante la gestión de AMLO, aguardándose que el PBI crezca apenas 0,5% en lugar del 1,8% esperado hasta hace poco para 2019, y entre 1,5% y 2,5% en lugar de 2,7% en 2020. También es un hecho que ha subido el porcentaje de mexicanos que trabajan menos horas de lo que desearían o que tienen jornadas laborables con ingresos menores al salario mínimo, siendo así que uno de cada cinco trabajadores tenga un empleo precario.
No obstante, el nivel de aceptación de AMLO sigue siendo alto, a pesar de haber bajado de 78% a 66%. De hecho, AMLO se ha encargado de desmitificar la importancia del crecimiento del PBI como indicador clave de una economía que pretende transformarse. Ha dicho, “el crecimiento económico no me dice mucho, pues puede ser que una empresa o un grupo de empresas o de bancos tengan muchas ganancias, pero que ese dinero no beneficie a la gente (…) Entonces eso es lo que miden, el crecimiento del dinero que se va acumulando. A mí me importa que el crecimiento vaya acompañado de bienestar, que se distribuya el ingreso».
A diferencia de los discursos ambiguos y populistas de otros líderes de izquierda, el discurso de AMLO se fundamenta en investigaciones teóricas y empíricas que desde hace buen tiempo vienen haciéndose los expertos en ‘economía del bienestar’.[1]
En esta perspectiva, un crecimiento del PBI basado en el aumento de las exportaciones de cocaína, o de madera extraída sin atender a criterios de sostenibilidad de los bosques, o de oro extraído diseminando mercurio en los cauces de los ríos, o de cualquier otro tipo de oferta de bienes producidos generando externalidades negativas a la sociedad en su conjunto, no debería sumarse sino restarse a una verdadera medición del bienestar de la población.
Por tanto, el régimen de AMLO es un experimento interesante, porque se trata de una izquierda de nuevo cuño, de cuyo éxito o fracaso puede depender la factibilidad de recentrar a la izquierda latinoamericana, o abrir paso a una izquierda más madura, íntegra y comprometida con la integración exitosa de las clases emergentes emprendedoras a un sistema de economía de mercado sustentado de veras en la libre competencia, antes que en el control monopolista de los grandes grupos económicos.
Sin embargo, AMLO aún adolece del acompañamiento de un equipo tecno-político de nivel, así como de una conceptualización menos ambigua y más rigurosa de lo que significa austeridad y eficiencia, para evitar devenir en un régimen que apuesta por adelgazar al Estado sin atender a la necesidad de ensanchar su músculo ahí donde se necesita.
Definitivamente, no es lo mismo cortar el gasto estatal con serrucho que hacerlo con rayo laser. Además, qué ganas con cortarle las alas, por ejemplo, a una comunidad cultural mexicana que fue el baluarte de tu campaña electoral, mientras que todavía no has logrado torcerle el brazo a la corrupción, la impunidad y la violencia, que son de las más altas de América Latina.
¿Con qué soporte político se puede enfrentar AMLO a los grandes capos del narcotráfico si hasta sus funcionarios y aliados se han puesto de perfil o le han dado la espalda? Ahí está la comunidad cultural mexicana para decirlo, incluida ahora como una más de las dañosas élites que el gobierno pretende combatir.
[1] La búsqueda de una función objetivo de bienestar se remonta a Alfred Marshall (1842-1924) y a Arthur Pigou años más tarde, vinculándola con la búsqueda de una medida de la satisfacción humana y material que permita o facilite la felicidad humana, entendida como riqueza colectiva que se alcanza a través del crecimiento económico. Sin embargo, desde Marshall en adelante y más recientemente con Piketty (“El Capital en el Siglo XXI”, 2013) está claro que no todo crecimiento es bueno; es decir, no todo tipo o ‘estilo’ de crecimiento arroja el mismo resultado en la riqueza colectiva, por lo que es legítimo tener que pronunciarse acerca de cuáles son las políticas que podrían contribuir mejor a reducir la pobreza y a redistribuir los beneficios del crecimiento entre ricos y pobres. En este sentido es crucial el aporte de Amartya Sen (“Development as Freedom”, 1999), al concebir el aumento del bienestar, no como un mecánico resultado del crecimiento económico, sino del nivel de ampliación de las libertades económicas y sociales de las personas, como consecuencia del aumento de la igualdad de las oportunidades entre todos los miembros de la sociedad.
