“La objetividad macroeconómica generó la presunción de que un país de “economía sana” se decidió a impulsar reformas estructurales como la privatización de muchos servicios públicos sin importar sus graves consecuencias sociales. La irracionalidad de dicho modelo se funda en que los beneficios obtenidos de tales inversiones y privatizaciones no han permitido crear un Estado eficiente ni moderno. La gestión de libre mercado no ayudó a aliviar las carencias públicas primordiales ni a resolver la muchas veces ineficiente gestión de fondos públicos –cuando no se infiltran en pequeñas o gigantescas operaciones de corrupción–. Muy por el contrario, el Estado suele ofrecer servicios públicos de bajísima calidad, operativamente ineficientes y de poco impacto en la población. Eso aviva la necesidad de una maquinaria “privada” paralela que impulsa un discurso a favor de la “salud individual”, vulnerando y desdibujando el concepto de “salud pública” y promoviendo la desigualdad social. Esta chata visión economista y de management promueve la idea de adaptar modelos de otros países sin considerar aspectos de importancia como la cultura y la historia, sobre todo en el Perú, que tiene una configuración de valores y actitudes sociales, étnicos y lingüísticos complejos y variados”.
MEMORIA COVID-19
José Carlos Mariátegui
https://drive.google.com/file/d/1xWZJ8gPE8A74C-zQuInJ3nCyhG1GUfvr/view
El texto transcrito, que forma parte del segundo volumen del libro “Ensayos desde la pandemia para imaginar el Perú Bicentenario”, publicado por El Proyecto Especial Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros, define de alguna manera, la filosofía nacional de elaboración de las políticas públicas.
En este contexto, nos encontramos con un sector pesquero injustamente relegado por la ausencia de políticas de Estado y de agendas, ni siquiera de corto plazo. Venimos asistiendo demasiado tiempo a la improvisación y a la atención del día a día, a la actitud reactiva ante conflictos o reclamos gremiales sin ninguna idea de futuro ni de país.
Es así que ya transcurrieron ocho meses desde que promulgó un decreto de urgencia declarando la reestructuración del Instituto del Mar, con un mandato perentorio de 30 días para elaborar un nuevo reglamento de organización y funciones, sin que hasta la fecha se tenga noticias del mismo. La entidad está siendo dirigida por un Consejo Directivo, de alguna forma ilegítimo, puesto que el propio Decreto de Urgencia dispone su reconformación sin que se haya hecho nada al respecto. Pero más grave es que se inició un investigación por presuntos actos de corrupción que daño honras y personas sin que se conozca los resultados de la misma. Personas inocentes fueron perjudicadas por efectos colaterales de esta situación y pareciera ser que este Gobierno terminará sin haber resuelto la situación creada en enero de 2020. Que se sepa, públicamente no hay resultados de dichas investigaciones ni sanciones a ninguno de los investigados hasta el día de hoy.
Esta administración ha heredado, además, otros pendientes que reflejan y evidencian el daño que sufre el sector por la continua rotación de funcionarios y la ausencia de agenda. Ocurre que una administración proyecta unas normas, esta sale del cargo y quien la sucede la ignora o no la procesa. En esta nota menciono proyectos que competen a dos aspectos importantes y trascendentes para el sector: la pesca artesanal y los derechos de pesca.
Se trata de proyectos de normas, que pueden ser emblemáticas, que fueron pre publicadas en algún momento y que hasta la fecha siguen sin promulgarse:
DERECHOS DE PESCA
Lo sensible del tema es que esta tasa, al provenir de la explotación de un recurso natural que es propiedad de todos los peruanos, debería favorecer a todos. En este contexto, la modificación de los derechos de pesca, sin revisar y modificar la normatividad vigente sobre el uso de dichos recursos financieros, resultaría una medida incompleta.
Racionalizar los derechos de pesca implica subir aquellos que deban ser subidos; modificar la normativa asignando pago de derechos de pesca a todas las especies, o a las que contribuyen a la exportación en forma significativa (por lo menos); eliminar los sobrecostos existentes en la industria; modificar la ley del canon y/o la metodología de elaboración de los índices de distribución del canon pesquero.
Esta problemática no forma parte de ninguna agenda sectorial. Apenas si se toca el borde del problema pretendiendo subir la tasa de algunos recursos, pero como una medida aislada, tal como se aprecia en las siguientes pre publicaciones:
Resolución Ministerial N° 494-2019-PRODUCE del 16 noviembre 2019
Dispone la publicación del proyecto de norma mediante el cual se establece un nuevo factor de cálculo del derecho de pesca por tonelada extraída del recurso anguila.
Resolución Ministerial N° 495-2019-PRODUCE del 15 de noviembre de 2019
Dispone la publicación del proyecto de norma mediante el cual se establece un nuevo factor de cálculo del derecho de pesca por tonelada extraída del recurso merluza.
Resolución Ministerial N° 044-2019-PRODUCE del 14 de febrero de 2019
Dispone la publicación de proyecto de Decreto Supremo que establece un nuevo factor de cálculo del derecho de pesca correspondiente al concepto de extracción del recurso hidrobiológico anchoveta para CHD.
En algún momento se tuvo la intención de incrementar en algo, los derechos de pesca que pagan la anchoveta para CHD, la merluza y la anguila; pero pese a la pre publicación del proyecto de norma, quedaron en el aire y no se ha tomado ninguna decisión hasta la fecha.
PESCA ARTESANAL
La problemática de la pesca artesanal es amplia y variada; pero tampoco constituye parte de una agenda detallada, orgánica y de largo plazo.
En este contexto, la administración de los DPAs constituye un problema que pretendió ser resuelto mediante normas que, además de haber sido objetadas por algunos gremios artesanales, no forman parte de una solución integral a las necesidades de la pesca artesanal. En ese sentido se pre publicaron los siguientes proyectos:
11/10/2019 | R.M. N° 421-2019-PRODUCE, que dispone la publicación en el portal del Ministerio del proyecto de Resolución Ministerial que aprueba los Lineamientos para el proceso de selección de la organización social de pescadores artesanales que se encargue de la gestión administrativa de una infraestructura pesquera artesanal no transferida
11/10/2019 | R.M. N° 422-2019-PRODUCE, que dispone la publicación en el portal del Ministerio del proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el modelo de Convenio de Gestión Administrativa de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales entre el Ministerio de la Producción o Gobierno Regional el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero y la Organización Social de Pescadores Artesanales
11/10/2019 | R.M. N° 423-2019-PRODUCE, que dispone la publicación del proyecto de Resolución Ministerial que Aprueba el Manual de Administración de Infraestructuras Pesqueras Artesanales en el Portal Institucional del Ministerio
12/10/2019 | R.M. N° 424-2019-PRODUCE, que dispone la publicación de proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento de Supervisión de la Gestión Administrativa de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales – IPAS en el Portal Institucional del Ministerio
12/10/2019 | R.M. N° 426-2019-PRODUCE, que dispone la publicación de proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento que establece los criterios para la determinación de tarifas aplicables a los servicios que se brindan en las infraestructuras pesqueras artesanales en el Portal Institucional del Ministerio
Otro elemento importante de la problemática es la formalización del sector. Hasta la fecha solo se han hecho programas para otorgar permiso de pesca a los armadores y a eso le han denominado formalización lo cual no es exacto porque no los convierte en sujetos tributarios ni tampoco en empleadores que brinde acceso a la salud y seguridad social a sus tripulantes pescadores que tienen el derecho y la necesidad, lo cual resolvería las demandas de los pescadores por acceder a estos servicios.
La formalización en la pesca requiere entender primero, que no es lo mismo el armador pesquero que el tripulante o pescador embarcado. El primero es el dueño de la embarcación, o sea el empresario y responsable de que esté en perfectas condiciones para navegar, con todos los equipos, avituallamiento y demás material necesario para su correcto funcionamiento.
El armador y el patrón pueden ser la misma persona, pero no necesariamente. El primero puede contratar a un patrón, que a su vez contrata o embarca a sus tripulantes, que son pescadores embarcados. El barco o embarcación es una unidad de negocio, por lo tanto se tipifica como una empresa. El tripulante es, finalmente el empleado con que cada embarcación realiza la labor de pesca, la cual genera ingresos y requiere de capital de trabajo, pero es muy diferente del pescador o tripulante.
Entendidas las diferencias entre armadores, patrones y tripulantes y, conocida la problemática que tiene más de una década sin poder resolverse, cabe distinguir, en cuanto al término formalización, las diferencias entre tener un permiso de pesca y ser “formal”.
Luego, de acuerdo a las diferencias entre embarcación artesanal y de menor escala, proceder a regularlas debidamente de acuerdo a las competencias de los gobiernos regionales y del ministerio.
El armador tendría que contratar debidamente a los pescadores, ponerlos en planilla y declarar mensualmente a través del PDT. Este solo hecho les daría automáticamente derecho a ESSALUD y a pensión, sea ONP o AFP, resolviendo así esta constante y justa reclamación de los pescadores. Simultáneamente se generaría una base de datos de pescadores embarcados que hasta ahora no existe.
Hasta ahora los reclamos por seguridad social se pretenden solucionar con improvisaciones u ofreciendo las alternativas de salud que existen en el mercado a través del MINSA o ESSALUD a fin de que puedan acceder a estas prestaciones. Pero nada en cuanto a pensiones.
La verdad es que no ha funcionado.
¿A dónde va Palacio de Gobierno en materia pesquera? Es de allí de donde deberían salir las directivas para un trabajo integrado entre los sectores responsables que conduzcan a definir una agenda sectorial que nos brinde una visión de futuro con una pesquería ordenada, inclusiva y sostenible. Nada de esto será posible, en tanto no haya una voluntad política clara por ordenar la actividad pesquera dentro de un marco establecido por una política con visión de largo plazo. Si no se despoja de politiquería a la administración de la pesca peruana, seguiremos hablando de los mismos problemas gobierno tras gobierno.
