Imaginemos por un momento tres mil camiones recolectores de residuos sólidos formando una cola de 18 kilómetros en la Carretera Ramiro Prialé, para transportar diariamente 20 millones de kilos de basura. Esa imagen ilustra la magnitud de residuos sólidos que generamos diariamente en todo el país, y el impacto en el medio ambiente que eso genera, con los consecuentes riesgos para la salud de la población si no se gestiona adecuadamente el destino final de esos residuos.
¿A dónde van a parar esos 20 millones de kilos diarios de basura? En el Gráfico 1 se presenta la evolución de la generacion de los residuos sólidos a nivel nacional (barras en azul) para el periodo 2015 – 2022 y su proyección hasta 2030. En las barras naranja se presenta la evolución de los residuos sólidos recogidos por las diferentes municipalidades del país. La diferencia entre la cantidad generada y la recogida es la cantidad de residuos sólidos reciclados. En las barras grises se presenta la cantidad de residuos sólidos depositados en rellenos sanitarios adecuados. La diferencia entre el volumen recogido y el volumen depositado en rellenos sanitarios nos da el volumen depositado en destinos no adecuados que se conocen como “botaderos”.
Observamos que el porcentaje de residuos sólidos que se destinan a botaderos es superior al porcentaje que se destina a rellenos sanitarios. En el 2022 el porcentaje destinado a botaderos llego al 32.3% de los residuos generados. Las proyecciones hasta 2030 nos indican que este problema va a continuar, debido a la insuficiencia de inversión pública en la implementación de nuevos rellenos sanitarios.
Esta situación empeora dramáticamente si excluimos la región Lima del total nacional. En el Gráfico 2 se presenta la evolución de los mismos indicadores fuera de la región Lima. Observamos que, cuando se excluye la región Lima, el porcentaje de residuos sólidos destinados a botaderos llegó, en el año 2022, a 63% del total de residuos sólidos producidos. Las proyecciones indican que este porcentaje va a aumentar si se mantienen los niveles de inversión que se han observado en los últimos años.
¿Por qué la situación se deteriora cuando excluimos la región Lima? La principal razón es que en la región Lima el sector privado participa mayoritariamente en la gestión de rellenos sanitarios, mientras que en el resto del país, en su mayor parte, los municipios ejercen directamente esa función.
Los botaderos a cielo abierto se caracterizan por contaminar en un grado muy alto al medio ambiente que los rodea. La basura contiene materiales putrescibles que se descomponen por acción de bacterias, produciendo gases altamente tóxicos, como metano, amoniaco y ácido sulfhídrico. Los incendios, provocados o espontáneos, que se producen en los botaderos causan humo en grandes cantidades que, aunado al polvo, contaminan la atmósfera en las ciudades. Además, los botaderos generan focos infecciosos que ponen en riesgo la salud de la población. En las grandes ciudades como Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Arequipa y Cusco los botaderos son bombas de tiempo que en cualquier momento pueden hacer estallar una crisis sanitaria de proporciones significativas.
Han transcurrido más de 13 años desde la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM) y sus políticas en el área de la gestión de residuos sólidos municipales no han tenido un impacto favorable, ni en su gestión ni en una reducción en términos per cápita de los gases de efecto invernadero (GEI). Si bien se han efectuado campañas para incrementar el reciclaje, éstas no han tenido impacto significativo, y millones de toneladas de basura se siguen apilando en botaderos, donde proliferan los “gallinazos sin plumas” y se gesta una crisis sanitaria y ambiental.
Los cambios a la Ley General de Residuos Sólidos (Ley 27314, 2000) introducidos por el MINAM en la Nueva Ley de Residuos Sólidos (DL 1278, 2016) tampoco han tenido resultados favorables, ni en el campo ambiental, ni en la formalización de las actividades de segregación, ni en la salubridad, ni en el destino final de los residuos sólidos. Si exceptuamos Lima Metropolitana donde la participación del sector privado en la gestión de rellenos sanitarios ha permitido un manejo eficiente de los residuos sólidos, que incluye la generación de energía eléctrica a partir de los gases generados por los residuos y que constituye un ejemplo a nivel regional reconocido por organismos multilaterales, en el resto del país la situación es dramática y se agrava día a día.
¿Por qué no se ha avanzado en la gestión de los residuos sólidos en el país? La principal razón es la inexistencia de una política nacional coherente que integre la participación del sector privado con la labor del sector público. Fuera de Lima, la gran mayoría de los municipios no tienen presupuesto adecuado. El servicio de recaudación de arbitrios es deficiente por la falta de catastros adecuados y como consecuencia, los municipios se ven obligados a utilizar recursos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). La gestión de residuos sólidos se debería autofinanciar con los arbitrios que pagan los vecinos. Sin embargo, en provincias los arbitrios solo cubren el 30% de los costos y en Lima, en los conos y distritos menos afluentes, llegan al 60%.
Al priorizar la administración directa de los rellenos sanitarios por parte de los municipios, excluyendo al sector privado de la gestión de los mismos, se han evidenciado altos niveles de ineficiencia que han causado, en el interior del país, una crisis de grandes proporciones. La ineficiencia es tal, que algunos rellenos sanitarios implementados por el gobierno central en los últimos años fuera de Lima se han vuelto a convertir en botaderos, debido a la mala gestión de los gobiernos locales.
La información disponible en el sistema integrado de administración financiera del MEF (SIAF) permite conocer que los proyectos de inversión en el área de residuos sólidos han tenido un nivel de ejecución muy pobre. En el Gráfico 3 se presentan, para el periodo 2012 – 2023, los montos presupuestados (PIM) y los montos ejecutados (devengados) de los proyectos de inversión pública en el área de Residuos Sólidos. Como se aprecia, la ejecución de estos proyectos es menor al 70% de los presupuestos respectivos. Con los bajos niveles de ejecución que se observan no es de extrañar que millones de toneladas de basura se apilen año tras año en los botaderos.
¿Cuál es la solución? En el Perú hay más de mil 400 botaderos de basura altamente contaminantes. La principal razón de la diferencia que se observa entre la región Lima y el resto del país es que en la región Lima se ha permitido la participación del sector privado en la implementación y operación de rellenos sanitarios, mientras que en el resto del país se ponen trabas a su participación. La solución pasa por fomentar la participación del sector privado. Una forma de enfrentar esta situación sería la creación de un fidecomiso orientado a promover la participación del sector privado en la gestión de rellenos sanitarios en todo el país. Podría establecerse también un sistema de concesiones que abarquen conjuntos de provincias o una región entera, para gestionar más eficientemente el destino de los residuos solidos de grandes y pequeñas poblaciones.
Por el lado del financiamiento, se requiere la elaboración de catastros a nivel nacional, que permitan sincerar el nivel de arbitrios municipales. El sinceramiento de los arbitrios podría ir acompañado de una disposición que obligue a las compañías de energía eléctrica o agua a incluir en sus recibos los servicios de limpieza pública y recojo de residuos sólidos. De esta manera la recaudación de los arbitrios se haría más eficiente y permitiría el pago oportuno a los concesionarios de la gestión de residuos solidos a nivel del país. Este sistema requiere la creación de un fondo de compensación destinado a subsidiar el servicio de limpieza pública de ciertos municipios para evitar que, por falta de presupuesto, un municipio bote sus residuos en alguna quebrada, río o playa.
Resta saber si nuestras autoridades podrán adecuar la actual política ambiental para aprovechar nuevas tecnologías, más amigables con el ambiente, pero sin dejar de tomar en cuenta las necesidades de la generación de empleo y la disminución de los riesgos ambientales y de salubridad.
