El legado Fujimori: 10 hechos llenos de luces y sombras

El reciente fallecimiento de Alberto Fujimori permite, en retrospectiva, analizar el legado que su historia política, iniciada en 1990, dejó al país. Habrá quienes celebren sus logros, como la derrota del terrorismo y el control de la hiperinflación, como aquellos que critiquen los denunciados actos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos que marcaron su administración. A continuación, detallamos 10 hechos (con sus luces y sombras), por los que siempre será recordado el ex presidente.

Uno de los mayores logros de Fujimori fue poner fin a la hiperinflación que heredó del primer gobierno de Alan García. En 1990, la inflación había alcanzado niveles catastróficos de más del 7.000%. Con el llamado “Fujishock”, que liberalizó precios y promovió la apertura económica, Fujimori logró estabilizar la economía y reducir la inflación a cifras manejables. Sin embargo, este ajuste tuvo un costo social elevado, con recortes en los subsidios y un aumento significativo en la pobreza durante los primeros años de su mandato.

Fujimori adoptó políticas económicas neoliberales, promoviendo la privatización de empresas estatales. Esto permitió la entrada de capital extranjero y modernizó sectores como las telecomunicaciones y la energía. Aunque estas reformas impulsaron el crecimiento económico y mejoraron la infraestructura, también se criticó la falta de transparencia en los procesos de privatización, que beneficiaron a grupos cercanos al régimen y fomentaron la concentración de riqueza en manos de pocos.

Uno de los mayores hitos del gobierno fujimorista fue la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, en 1992. Este logro fue clave para debilitar a la organización terrorista que había sembrado el terror en el país durante más de una década. Sin embargo, la lucha contra el terrorismo estuvo marcada por graves abusos, como las ejecuciones extrajudiciales y las acciones de grupos paramilitares como el Grupo Colina, responsables de masacres como las de La Cantuta y Barrios Altos.

El 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso y suspendió la Constitución en lo que se conoce como el autogolpe. Justificó esta acción alegando que el Congreso obstaculizaba las reformas necesarias para combatir el terrorismo y la crisis económica. Este acto, aunque apoyado por amplios sectores de la población en su momento, fue el inicio de un periodo de autoritarismo y debilitamiento de las instituciones democráticas en Perú.

El gobierno de Fujimori estuvo profundamente marcado por la corrupción, en gran parte orquestada por su asesor Vladimiro Montesinos. El régimen fujimorista cooptó los principales poderes del Estado, comprando lealtades y manipulando los medios de comunicación para mantener el control político. Esta corrupción fue sistémica y dejó una profunda huella en las instituciones peruanas, afectando la confianza de los ciudadanos en el Estado.

Las políticas de mano dura aplicadas por el gobierno de Fujimori no solo afectaron a los terroristas, sino también a muchos inocentes. Las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas fueron prácticas recurrentes bajo su mandato, lo que le valió una condena internacional por violaciones a los derechos humanos. En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes como los de La Cantuta y Barrios Altos.

El régimen de Fujimori utilizó los medios de comunicación para consolidar su poder. A través de sobornos y presiones, el gobierno compró a varios medios, especialmente televisivos, que transmitían propaganda oficial y minimizaban las críticas al régimen. Esta manipulación de la prensa fue clave para mantener una imagen positiva de su gobierno mientras se cometían graves abusos.

Uno de los legados más duraderos de Fujimori fue la promulgación de la Constitución de 1993, que permitió la reelección presidencial inmediata y consolidó el modelo económico neoliberal. Esta carta magna sigue siendo un tema de debate en Perú, ya que, aunque promovió la inversión extranjera y el crecimiento económico, también centralizó el poder en la figura presidencial y debilitó el equilibrio entre los poderes del Estado.

En el año 2000, tras la difusión de los “vladivideos”, que mostraban a Montesinos sobornando a políticos y empresarios, el régimen fujimorista comenzó a desmoronarse. Ante el creciente escándalo y la presión internacional, Fujimori huyó a Japón, desde donde renunció a la presidencia vía fax. Fue extraditado a Perú en 2007 y condenado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

A pesar de su condena, el nuevo fujimorismo sigue siendo una fuerza política significativa en Perú, liderada por sus hijos, Keiko y Kenji Fujimori. Keiko ha intentado en varias ocasiones llegar a la presidencia, capitalizando el apoyo de sectores populares que valoran los logros de su padre, como la derrota del terrorismo y el control de la inflación. Sin embargo, el fujimorismo también enfrenta un fuerte rechazo por su legado autoritario.