Los procesos de consulta previa a las poblaciones impactadas por proyectos de las industrias extractivas, que hasta ahora se aplicaban exclusivamente al sector hidrocarburos, y básicamente en la Amazonía, se ampliarán en adelante a todo nuevo proyecto minero que esté ubicado en la zona andina.
Así lo confirmó la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, quien refirió que, para el efecto, su gestión ya ha corregido una disposición que diera su antecesor en el cargo, Eleodoro Mayorga, por la cual el MEM encargaba a consultoras privadas el determinar si correspondía hacer consulta previa a proyectos mineros en la zona andina.
Ante la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, la ministra dijo que coincidía con las observaciones, en el sentido de que no era con consultoras privadas con las que se debía determinar si se realizaba o no ese proceso, sino -remarcó- con el Ministerio de Cultura.
Proyectos
Al respecto, la congresista Verónika Mendoza (FA), miembro de esa comisión, afirmó que existían 25 proyectos mineros en zonas de comunidades indígenas andinas, que merecieron autorizaciones del MEM para pasar por consulta previa, pero que fueron obviadas.
La titular del MEM respondió que, junto con el Ministerio de Cultura, su sector revisó cada uno de los expedientes que requerían consultas y de los 25 proyectos que mencionó la congresista Mendoza, en ocho hubiera correspondido hacer consulta previa, y que “se dio la posibilidad de trabajar un proceso de consulta, ya no previa, en todo caso, posterior”.
Esto último (consulta posterior) se daría, según explicó, en vista de que los actos administrativos para aprobar los proyectos de exploración minera antes citados, ya concluyeron.Añadió que hay en curso dos procesos de consulta previa, que se aplicarán a los proyectos mineros Aurora, en Cusco, y Toropunto, en Áncash.
De otro lado, la ministra descartó que por ahora su sector vaya a plantear modificaciones a la ley o reglamento de la Ley de Consulta Previa. Carlos Aranda, presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la SNMPE, consideró que el Gobierno tiene que estructurar bien los procesos de consulta previa para el sector minero en la zona andina del país, de tal forma que no se conviertan en un obstáculo a las inversiones de ese sector. Explicó que en este tema aún hay aspectos que no han sido bien afinados. Así, señaló que la evaluación por parte del Estado de qué comunidades campesinas califican como poblaciones originarias de la sierra, debe pasar por varios filtros.