La economía del comportamiento (Behavioral Economics) ha llegado para demoler el antiguo arsenal teórico de las ciencias económicas. En ese sentido nos parece conveniente hacer uso del andamiaje técnico de la economía conductual en la búsqueda de solución a un problema mundial tan negativo como lo es la corrupción.
La aplicación de Behavioral Economics permite analizar y extraer conclusiones del comportamiento de los individuos a la hora de tomar decisiones, desde cuáles son los incentivos que forman parte de la decisión, hasta qué factores son tenidos en cuenta cuando se decide llevar a cabo una acción corrupta.
En los experimentos conductuales con la temática corrupción, los economistas inician el evento con la relación entre dos jugadores, uno en el papel de empresa o ciudadano que requiere un “favor” (o sobornador), y el otro como funcionario público en un cargo con responsabilidad suficiente como para poder proporcionar ese “favor” (sobornado).
El funcionario público puede implicar desde un alto cargo político que favorece la firma de un contrato público a una empresa, hasta un funcionario de bajo cargo que puede aligerar o agilizar un proceso burocrático.
Acto seguido se incluye una tercera persona, que representa a la víctima de los actos corruptos, que bien podría ser un ciudadano corriente o una empresa a la que no se le adjudica un contrato público a pesar de ofertar las condiciones más ventajosas que incrementarían el bienestar social.
La dinámica en la que se desenvuelven estos experimentos sociales se divide en dos etapas. En la primera, el ‘sobornador’ decide si ofertar o no un soborno al funcionario público y su magnitud. En la segunda etapa, el funcionario toma dos decisiones: (1) aceptar o no el soborno, y (2) si es aceptado, devolver el favor a su sobornador o no mediante la acción corrupta.
Si bien estos experimentos aún no son muy usuales en las investigaciones económicas de las mayores universidades e institutos de investigación del mundo, en lo que va del siglo ya se han desarrollado varios ensayos con interesantes resultados que bien podrían ser puestos a prueba por las autoridades peruanas para menguar los altos niveles de corrupción que subsisten en la economía.
A continuación, repasemos aquellos hallazgos que nos parecen más relevantes:
Control sobre actividades de funcionarios: G. Schulze en un experimento de laboratorio de 2003 y B. Olken en un experimento de campo de 2007, encontraron que intensificar los mecanismos de detección (como auditorias sobre el gasto público a cargo de un funcionario público designado) pueden ser herramientas efectivas. Mientras que D. Serra en un experimento de 2011 demostró que un sistema mixto en el que la investigación fuera iniciada por petición ciudadana (auditoria ciudadana al funcionario público designado) era un diseño más eficiente para reducir los niveles de corrupción que dejar sólo al funcionario auditor. Por su parte M. Rivas en un experimento de 2008 señaló que podría ser una buena estrategia la de posicionar en aquellos puestos proclives a ser corrompidos a mujeres, debido a que ellas suelen mostrar una actitud menos corruptible.
Castigo severo: K. Abbink en un experimento de 2002 comprobó que la introducción de una sanción severa ligada a una probabilidad de detección, aunque fuera pequeña, reduce la reciprocidad entre los funcionarios y los sobornadores hasta en un 30%. El mismo Abbink en un experimento de 2013 demostró que, aunque con ciertas limitantes, un sistema de responsabilidad asimétrica reduce significativamente las transacciones corruptas.
Rotación de funcionarios: Abbink en un experimento de 2004 probó que la rotación del personal público es una política altamente efectiva para dificultar el establecimiento de relaciones de confianza a largo plazo entre sobornador y sobornado. Un experimento de D. Ryvkin de 2012 concuerda con la efectividad de la medida de rotar funcionarios pues los jugadores están menos predispuestos a involucrarse en actividades ilícitas cuando desconocen con certeza la corruptibilidad del jugador contrario.
Eliminación del principio de los múltiples ojos: En un experimento de 2010 llevado a cabo por J. Schikora, se demostró que la política de proponer a más de una persona en un rol de responsabilidad sujeto a corrupción (como los comités de licitaciones) es contraproducente. Esto se debe a que la “decisión grupal” propicia la ejecución de más transacciones corruptas e incrementa la cuantía intercambiada en sobornos, implicando una mayor pérdida de bienestar y equidad social.
La ineficacia de los incentivos salariales: Una prédica muy común entre los que propugnan políticas anti-corrupción es que mayores niveles salariales implicarían menores niveles de aceptación de sobornos, dado el mayor costo de oportunidad si se es detectado. Sin embargo, Abbink en un experimento de 2002 concluyó que el salario no parece una variable que influya la corruptibilidad de los funcionarios públicos. Abbink es contundente: “mayores salarios en el sector público no conducirían necesariamente a menores niveles de corrupción”.
Externalidades negativas: En 2009 Serra llevó a cabo un experimento que concluyó en que la aceptación de sobornos es comparativamente más baja cuando las externalidades negativas sobre el bienestar social y la actividad económica son relativamente más altas, es por ello que los jugadores dejan de mostrar comportamientos corruptos cuando se intensificaban los costes externos debido a consideraciones morales. No obstante, Abbink en 2002 concluyó que a los jugadores no les afectan las externalidades negativas cuando están bajo condiciones de información imperfecta. Por lo tanto, políticas ligadas al incremento de la información sobre las consecuencias sociales de la corrupción en terceros podrían ser efectivas para limitar este tipo de comportamientos.
El uso correcto de las delaciones: Shikora desarrolló un experimento entre 2010 y 2011 en el que introdujo la presencia de las delaciones (hoy muy conocidas como colaboración eficaz por el caso Lava Jato). Los resultados indican que cuando las delaciones son asimétricas, siendo más benevolentes con el funcionario público al que se le ofreció el soborno que con el sobornador, su eficacia aumenta; caso contrario se vuelven perniciosas. El autor recomienda que se aplique el mecanismo de la delación si se cumplen dos requisitos: 1) la generación de incentivos para la traición entre los sujetos envueltos en actividades corruptas, y 2) la protección a funcionarios que decidan denunciar los sobornos.
Estos siete ejemplos sin duda dan pistas de lo poderosa que es la economía conductual para llegar a conclusiones que por otras vías acarrearía más costos, más tiempo y mayor pérdida social. La acción de torcerle el brazo a la corrupción amerita que se apliquen técnicas más cercanas a la economía moderna que al campo de la negociación legal. La pelota está en la cancha del Gobierno.
