El Perú es líder mundial exportando coca y, con gran tesón de las mafias del narcotráfico, también ya es un pilar de exportación del látex de amapola, insumo primordial de la heroína y el opio, drogas que figuran entre las más consumidas y adictivas a escala mundial. [1]
El poder económico y político de estas mafias se ha expandido a paso firme década tras década y ha venido penetrando las esferas de gobiernos locales y regionales, escalando en los últimos años hacia el Congreso de la República y el gobierno nacional, a través del financiamiento de campañas electorales.
Cajamarca es uno de los focos del narcotráfico en todo el Perú. Ahí operan más de 60 firmas que acopian y trafican conjuntamente pasta básica de cocaína, látex de amapola e incluso heroína. Chota y Celendín son las principales provincias productoras de estas drogas, siendo Bambamarca (capital de la provincia de Hualgayoc) el gran centro de acopio y distribución hacia Lambayeque.[2]
Chota no sólo es centro de producción sino también lugar obligado de tránsito de la droga, en su viaje terrestre hacia Lambayeque y de ahí a la frontera con Ecuador.
Tanto para las firmas acopiadoras apertrechadas en Bambamarca como para los capos mayoristas con sede en Lambayeque, es fundamental que las plantaciones sigan siendo clandestinas y que en todo el trayecto no exista control policial.
Desde hace mucho, esa red mafiosa viene movilizando a ronderos o seudo ronderos para que participen en actos de bandolerismo y sabotaje en contra de proyectos mineros en yacimientos cercanos a las plantaciones.[3]
El sueño de esta red mafiosa es llegar a capturar el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, para desde ahí poder anular la acción especializada de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en contra de este flagelo.
Los ingresos ilegales generados por las firmas productoras, acopiadoras y distribuidoras a lo largo de toda la cadena de valor del narcotráfico requieren de mecanismos de “lavado de dinero”.
Es así que en Bambamarca y Chiclayo han surgido como hongos cientos de edificios, hoteles, casinos, casas de cambio, discotecas, tragamonedas, patios de comida, cines y muchas otras empresas de “fachada” que mezclan las ganancias provenientes de actividades ilícitas con fondos de procedencia legítima. Para no ser detectadas, disfrazan a sus verdaderos dueños utilizando una red de testaferros. La empresa de fachada realiza movimientos financieros usuales, filtrando ilícitamente dinero lavado en la realización de sus operaciones.
Aparte de esos negocios diversos, hay tres sectores que son estratégicos para la actividad de lavado de dinero al por mayor: el sistema financiero, las universidades y las empresas de transportes. Los dos primeros le permiten amplificar el lavado de dinero y hacerse de una reputación comercial, social y política, mientras que un servicio de transporte informal es fundamental para el traslado camuflado de la droga y los insumos que permiten producirla.
Al ofrecer bienes y servicios a precios por debajo de su real costo, las empresas de fachada generan una competencia desleal a las demás empresas. Distorsionan los precios de mercado por el lado de la oferta y también por el lado de la demanda, puesto que los mafiosos disponen de excedentes masivos que se gastan en viajes, fiestas, compras de lujo, financiamiento de equipos de futbol y, por último, la compra de candidatos políticos que luego quedan comprometidos a dar normas para favorecer sus actividades ilícitas.
La demanda artificial que genera el dinero sucio da lugar a un aumento también artificial de los precios, debido a que quienes lavan dinero están siempre dispuestos a pagar más por cualquier bien o activo.
Para las demás empresas o políticos que no gozan de los millonarios recursos provenientes de la plata sucia lavada por empresas de fachada y entidades financieras inescrupulosas, la subsistencia en el mercado se torna en una gimnasia cotidiana dramática.
El lavado de dinero también afecta la recaudación tributaria mientras al mismo tiempo genera espejismos de bonanza por las inyecciones de liquidez invisible en la economía, incidiendo en proyecciones de crecimiento del PBI mayores a las reales, lo que induce a la aplicación de políticas fiscales expansionistas que ahondan el desbalance fiscal a mediano plazo, incentivando un endeudamiento público excesivo, no sostenible en el tiempo.
El masivo movimiento de dinero ilegal genera también una alta volatilidad en la demanda de dinero, en los flujos internacionales de capital y el tipo de cambio debido a transferencias transfronterizas de activos inesperados.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del 2010 al 2016 se lavó más de US$ 13 mil millones en el Perú. Sin embargo, esta cifra no estaría reflejando la real situación en toda su dimensión pues, si bien se aproxima de alguna forma al dinero ilegal proveniente del narcotráfico y la minería ilegal, subestima los flujos de dinero ilícito proveniente de la corrupción, la tala ilegal, el tráfico de tierras, el contrabando, la subvaluación, la trata de personas, el tráfico de animales y otros delitos.
Debe fortalecerse la autonomía y la capacidad de acceso a información y monitoreo actualizado de la UIF, procurando que su labor merezca el respaldo articulado de todo el Estado para combatir el lavado de dinero. Para ello es esencial blindar el sistema político de la infiltración mafiosa y la captura de organismos tutelares de la nación, como la Policía Nacional.
Como reza la hermosa canción: Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma, tuya sola; yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Hoy más que nunca, recemos porque los mejores peruanos, los más honestos y probos, sean quienes desempeñen los cargos de ministros. Las riendas del Estado deben iluminar el destino de todo el pueblo peruano y no el de las mafias, sus lugartenientes y lacayos.
[1] El precio de la heroína en el mercado internacional es más elevado que el de la cocaína. Tan es así que 3 o 4 narcos que están entre los más poderosos del Perú, dominan del circuito de la amapola.
[2] Jaime Antezana, El narcotráfico en el Perú y en el norte del Perú. Lima 2012. Los sembríos de amapola florecen en Cajamarca, Amazonas y Piura, extendiéndose a Huánuco, San Martín y Áncash. En los últimos años también han ingresado a Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Junín y Lima (Canta), Ayacucho, Apurímac y Cusco.
[3] Sólo como un ejemplo, en 2009 el proyecto minero Río Blanco, ubicado en las cabeceras de cuenca de las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca, sufrió el ataque de seudos ronderos que, para proteger los cultivos de amapola en la zona, arremetieron contra el campamento quemándolo y matando a dos vigilantes y dejando a siete personas desaparecidas. En 2015 ese proyecto minero sufrió la desaparición de cuatro trabajadores; tres de ellos fueron hallados muertos.
