Desde el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre los delegados de más de 200 países, líderes empresariales y financieros y representantes de la sociedad civil se reúnen en Dubai para la conferencia climática COP28 cuyo objetivo será acelerar la transición hacia un futuro con energía limpia.
En este importante evento mundial consideramos que iría a destacar: (i) la importancia vital de la acción colectiva para mitigar el cambio climático, resaltando el papel fundamental de las finanzas en la transición hacia una economía baja en carbono, y (ii) la necesidad de lograr una transición justa que puede lograrse con un importante impulso de la adaptación al cambio climático.
Como puede verse, la lucha contra el cambio climático exige una transición hacia una economía más sostenible, pero surge un dilema ético: ¿Cómo garantizar que esta transición no cause estragos en las comunidades dependientes de industrias intensivas en carbono? En este contexto, la noción de una «Transición Justa» se erige como un principio fundamental, priorizando la equidad y la inclusión.
La definición de una transición justa es el punto de partida, explorando cómo podemos lograr un cambio hacia una economía baja en carbono sin dejar a nadie atrás. Po ejemplo, en la región del Ruhr en Alemania, que históricamente dependía de la minería del carbón, la rápida transición hacia fuentes de energía más limpias dejó a muchas comunidades enfrentando desafíos económicos y sociales. La reorientación de habilidades y la creación de oportunidades de empleo se convirtieron en aspectos críticos para mitigar los impactos adversos.
Gracias al esfuerzo de los países por lograr una transición justa más inclusiva y equitativa, hoy los principios para una transición justa ya se reflejan en el alrededor del 40 % de las NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, por sus siglas en inglés) y el 60% de las estrategias a largo plazo de los países, así como en un número creciente de iniciativas mundiales trascendentales.
Sin embargo, el debate por una cada vez mayor transición justa continúa porque si las finanzas climáticas no canalizan importantes recursos para adaptación climática, que permitan apoyar a las comunidades afectadas, no se logrará reducir los impactos adversos que generan las acciones para combatir el cambio climático. En México, el proyecto Eólica del Sur muestra cómo las inversiones pueden beneficiar tanto al medio ambiente como a las comunidades locales.
Al explorar esos casos, en los que se experimentó transformaciones económicas impulsadas por la transición climática, nos quedan valiosas lecciones. Identificamos no solo los éxitos, sino también los desafíos superados y las estrategias que han demostrado ser efectivas. Este conocimiento se convierte en una guía para otros casos similares y una prueba que la transición justa es posible.
La transición justa también demanda una reflexión sobre el papel de la educación y la capacitación. Preparar a las comunidades para empleos sostenibles es esencial, y programas educativos exitosos se erigen como modelos a seguir. El caso de Dinamarca, que implementó programas de formación para trabajadores afectados por el declive de la industria petrolera, muestra cómo la inversión en la formación de trabajadores es una inversión en el futuro, asegurando que la transición hacia una economía baja en carbono sea una oportunidad para el crecimiento inclusivo.
En la encrucijada del cambio climático y las finanzas climáticas, la transición justa se presenta como una necesidad ineludible. Resulta crucial abordar los desafíos económicos y sociales que trae consigo esta encrucijada para mostrar el camino que debe seguirse para construir un futuro sostenible que respete la equidad y la participación comunitaria. Por ello, la transición justa representa un compromiso ético con un mañana donde el balance entre sostenibilidad y equidad debe mantenerse en perfecto equilibrio.
Esperamos que los delegados de nuestros países en la COOP28 prioricen la búsqueda de soluciones concretas para una transición justa, lo que demandará (i) la inclusión activa de comunidades afectadas en la toma de decisiones, (ii) la creación de fondos específicos para mitigar impactos económicos y sociales, y (iii) la implementación de mecanismos de monitoreo constante.
La transparencia y la rendición de cuentas, la colaboración entre sectores público y privado, la adaptación a contextos locales y el compromiso internacional permanente, será crucial para garantizar que la transición justa no solo sea un objetivo declarado en esta COOP28, sino que los acuerdos que se logren para ese propósito la conviertan en una realidad equitativa y sostenible.
