En 2016 la economía peruana pudo crecer 3,9% gracias a que contó con un providencial balón de oxígeno minero: justo entró en producción el gigante proyecto Las Bambas y las ampliaciones de Cerro Verde y Southern. Ese balón, que hizo dar un brinco enorme a la oferta externa de minerales, explicó más de la mitad de esa tasa de crecimiento. Pero el oxígeno ya se esfumó y en 2017 sólo un trasplante de pulmones (reformas) podría permitir volver a crecer a una tasa similar a la del año previo.
Incluso el ministro de economía, Alfredo Thorne, que hace poco auguraba que 2017 sería el primero de cinco años sucesivos de crecimiento al 5%, fue desinflando su globo, primero a 4,8%, para terminar hace unos días en 3,8%, ante las evidentes ramificaciones económicas del caso ‘Lava Jato’ en Perú.
Sin embargo, hablemos claro. Con un gobierno poco dispuesto a emprender reformas profundas y con una economía mundial cada vez más incierta y en una inminente crisis de crecimiento de la productividad, bajo amenaza de una guerra comercial global de efectos inimaginables, para el Perú en el mejor de los casos el quinquenio 2017-2021 se pinta como uno de crecimiento lento, en torno al 3% anual.
El 2017 será un año plagado de riesgos. Por el lado externo, hasta la India que crecía encima de 7%, crecerá poco más de 6%, mientras China que viene en ‘caída suave’, podría crecer 6,5%, aunque con posibilidad de tornarse en ‘caída rápida’ con un crecimiento de sólo 4% o menos, según The Conference Board. México ya empieza a sentir la pegada de Trump y se perfila a crecer alrededor de 1,8% en lugar del 2,7% esperado.
Por el lado interno, la economía peruana padece las tres plagas de Egipto: (1) el impacto de los escándalos de corrupción en la inversión y las finanzas; (2) el impacto de los huaycos en la oferta productiva; y (3) el rápido desplome de la confianza que despertó en un inicio el gobierno de PPK. A lo cual habría que agregar el entrampamiento de la inversión minera, que ya venía de atrás y no muestra signos fehacientes de solución.
Los escándalos de corrupción han significado poner signos de interrogación sobre la continuidad de los grandes proyectos de inversión concesionados a Odebretch. Son más de S/. 24 mil millones que están en juego, de los cuales alrededor de S/. 7 mil millones se dejarían de invertir en 2017. Pero la cosa no queda ahí, porque esta menor inversión puede arrastrar otras inversiones privadas en el orden de S/. 3,5 mil millones. Lo mismo puede pasar con los proyectos concesionados a otras empresas brasileñas involucradas en la investigación Lava Jato. La Línea 2 del Metro de Lima está atascada y no se reanudaría antes de 2018, lo mismo que la Irrigación Chavimochic III, mientras que el Gasoducto del Sur recién podría reanudarse y con suerte en 2019. Todo ello matizado con problemas de exposición crediticia de la banca peruana con las empresas brasileñas y sus socias peruanas, que afectarán la calidad de los activos del sistema financiero peruano. Varias de estas empresas, además, afrontarán severas pérdidas y contingencias que podrían afectar su marcha y la de sus proveedores.
De otro lado, el impacto de los huaycos no es nada desdeñable. Son cerca de 400 mil personas afectadas, 4,6 mil viviendas colapsadas y cerca de 800 mil dañadas, lo cual mermará la productividad de la economía en su conjunto, además de generar costos de reparación. Son también más de 4 mil hectáreas de tierras perdidas y más de 5 mil dañadas. El 40% de las redes de agua potable están dañadas y el 4% destruida, y el 25% de la red de energía eléctrica dañada. Todo lo cual afectará la productividad agrícola, comercial y de otros sectores, además de distraer recursos fiscales para reconstruir y rehabilitar, que podrían haberse dedicado a inversiones nuevas.
Finalmente, el nuevo gobierno empezó su gestión premunido de una ventaja diferencial -el ‘factor PPK’ o efecto de optimismo empresarial derivado de la reputación personal del nuevo presidente, contagiada a su así denominado ‘gabinete de lujo’-, reflejándose en un salto del índice de confianza empresarial a un pico elevado hacia septiembre de 2016. Sin embargo, desde octubre dicho índice bajó raudamente y se ubicó en enero de 2017 en un nivel incluso más bajo que el que alcanzó Ollanta Humala a la misma altura de su gobierno. Descenso de la confianza que ocurrió en tiempo record, al punto de transformarse en un factor de efecto contrario al optimismo empresarial.
¿Cómo así se dilapidó la credibilidad original? Con declaraciones y anuncios inconsistentes y marchas y contramarchas en la política fiscal y una propensión a elevar el endeudamiento externo en época de endurecimiento del acceso a financiamiento internacional. A lo que se suma la firma de una adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, abiertamente cuestionada por la Contraloría, que le otorga al concesionario -consorcio Kuntur Wasi conformado por empresas virtualmente insolventes que fueron aportantes a la campaña electoral de PPK- el derecho a operar ese aeropuerto estratégico por 40 años, aún cuando el Estado es el que asume la financiación de la mayor parte de la inversión. Lo que derrramó el vasó fue quizás la participación de un entorno amical presidencial dedicado al lobby en la gestión de la firma de dicha adenda, así como la presencia de una hermana del premier en las filas gerenciales del consorcio concesionario.
La convergencia del impacto de los escándalos de corrupción en la inversión y las finanzas, con el impacto de los huaycos y el impacto de la perdida de confianza, en un entorno de entrampamiento de la inversión minera y de creciente incertidumbre internacional, permite avisorar un escenario de estancamiento o caída de la inversión privada. El ministro de economía ha ofrecido un shock de gasto adicional de S/. 2,000 millones en inversión pública, S/. 5,000 millones en un programa de vivienda de 5 años, más un programa de expansión crediticia. Sin embargo, en la práctica se trata de un mini-shock que no pasará de S/. 3,000 millones para el 2017 en el mejor de los casos, que incluso será difícil financiar, dada la estrechez que tendrá la recaudación fiscal a consecuencia de las tres plagas de Egipto ya reseñadas, en un año en el que ya no habrá bonanza minera.
Si bien -según las proyecciones de MAXIMIXE- la pesca tendrá un repunte (7,7% frente al -18,7% de 2016), lo mismo que la construcción (3,3% versus -2,7% en 2016) y la manufactura (1,6% versus -2,2% en 2016), ello será insuficiente para contrapesar la notable desaceleración del sector minería y energía (4,3% versus 16,8% en 2016). Para que la economía pueda crecer este año a una tasa de 3,8%, como pretende el gobierno, el comercio y los servicios tendrían que superar su mediocre evolución del año pasado (1,9% y 4,4% respectivamente). Y este es un acertijo que cada día es más difícil de resolver en positivo, en un ambiente de mellada confianza del consumidor y del empresariado.
Por estas razones es que MAXIMIXE acaba de revisar su proyección de crecimiento de 3,7% (mantenida desde inicios de año) a 3,1%. Vivimos en una época en que para arrancar el carro hay que llevar el tanque lleno de credibilidad gubernamental. De lo contrario, en la eventualidad de que ésta siga cayendo en picada, tendríamos que revisar nuevamente nuestra proyección a la baja. Estamos ante un juego en el que el objetivo de crecer a toda costa a corto plazo no sirve sino para seguir cometiendo errores. Mejor reemplazarlo por un objetivo de recuperación y acumulación de credibilidad. Sin ella la economía misma podría llegar a desplomarse.
