“Es la economía, estúpido” es una frase acuñada en 1992 por James Carville, el estratega en la exitosa campaña presidencial de Bill Clinton contra George H. W. Bush. En marzo de 1991, días después de la exitosa guerra en Kuwait, el entonces presidente Bush contaba con la aprobación del 90% de los estadounidenses. Sin embargo, un año más tarde, debido al deterioro de la economía, el 64% de los estadounidenses desaprobaba el manejo de la economía del presidente Bush. Clinton centró su campaña en ese tema y ganó las elecciones.
Algo similar viene sucediendo en nuestro país. Aprovechando el antifujimorismo de grandes sectores de la población, inculcado hábilmente por la izquierda desde la caída de Alberto Fujimori, con la colaboración de los principales medios de comunicación, Pedro Castillo llegó al poder en julio de 2021 prometiendo acabar con la corrupción en todos los niveles del gobierno y llamar a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, muy pronto salieron a la luz serias acusaciones de corrupción a sus familiares y colaboradores cercanos que en muchos casos involucran directamente al presidente.
Ante estos hechos la reacción de la oposición en el Congreso ha sido buscar la vacancia presidencial y censurar a algunos miembros de los cuatro gabinetes que el gobierno ha tenido en estos ocho primeros meses de gobierno. Los dos intentos de vacancia presidencial resultaron infructuosos. Sin embargo, el Congreso logró censurar a los ministros más impresentables y bloquear, por ahora, la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Es evidente que la oposición en el Congreso no tiene los votos necesarios para vacar al presidente.
Por su parte, el ejecutivo ha dejado de insistir en la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pero ha continuado a paso acelerado con el copamiento de las instituciones del estado. Sin embargo, el gobierno parece no estar tomando en cuenta el impacto que su manejo incompetente está teniendo en la economía. Ha llovido sobre mojado. Al mal manejo de la economía de los gobiernos de Humala, PPK y Vizcarra se ha sumado la incompetencia de los ministros del actual régimen.
El gobierno de Pedro Castillo se ha concentrado en la distribución de bonos y subsidios y en aumentos de impuestos a los que más tienen, medidas que solo han servido para exacerbar la inflación. El gasto público corriente ha continuado creciendo muy por encima de los gastos de inversión. El despilfarro en consultorías y transferencias para obras irrelevantes, que solo buscan beneficiar a los partidarios del régimen, es impresionante y revelan la poca capacidad de gestión del aparato público y el afán de enriquecimiento personal de los nuevos funcionarios. Por otro lado es clara la actitud del ejecutivo de poner trabas a la explotación minera que es la principal fuente de divisas de nuestra economía.
El gobierno pareciera no percibir que el impuesto inflacionario es el peor de los impuestos porque ataca especialmente a los más pobres. Si bien es cierto que el aumento de la inflación es un fenómeno mundial, impulsado por el aumento del petróleo y la disrupción de las cadenas de suministro, el gobierno no debería caer en la actitud de “mal de muchos remedio de tontos” cuando tiene herramientas para contener la inflación.
Esta semana el INEI divulgó que la inflación del mes de marzo fue de 1.5% mensual, lo cual elevó la tasa de inflación de los últimos 12 meses a 7.4%, la más alta desde 1998. Lo más preocupante ha sido el incremento en el rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, que ha llegado a 11.4% y el aumento registrado en el rubro Alojamiento, Agua, Electricidad y Combustibles que llegó a 11.5%. Estos aumentos de precios han motivado las protestas de grandes grupos de la población en todo el país, donde destacan los recientes disturbios en la región de Junín, que han causado la muerte de por lo menos dos ciudadanos.
Como resultado de la inflación de marzo la brecha entre la inflación y la tasa de interés de referencia del BCRP continúa ampliándose (ver Gráfico 1). Lo más preocupante es que la interrupción de las vías de comunicación y el aumento de los precios de los fertilizantes, incidirán directamente en los precios de los alimentos, alimentando aún más la tendencia alcista de la inflación.
Como consecuencia del incremento de la brecha entre la inflación y la tasa de interés de referencia del BCRP, la tasa de interés real continua negativa (ver Gráfico 2). Ya son 25 meses consecutivos de tasas de interés reales negativas. El BCRP necesita acelerar el ritmo de ajuste de su tasa de interés de referencia para poder contener la inflación, especialmente ahora que el banco central americano (FED) ha comenzado a aumentar sus tasas ante el incremento de la inflación en los EUA, que se debe agravar como consecuencia de la guerra en Ucrania.
El dilema del BCRP entre acelerar el ajuste de sus tasas de interés o proceder cautelosamente para evitar una fuerte recesión de la economía es que al ya incierto panorama internacional ahora se le suman los anuncios del ministro de economía Graham que apuntan a mayores presiones inflacionarias.
El anuncio del ministro en el sentido de aumentar el sueldo mínimo y las presiones de los transportistas para que se reduzcan los impuestos a los combustibles como medio de solución a las protestas de las últimas semanas, son señales claras de que la política fiscal no va a priorizar el combate a la inflación. Adicionalmente el nombramiento del nuevo directorio de Petroperú apunta a la aceptación tácita de un apoyo del gobierno central a Petroperú para evitar su quiebra, lo cual implica una nueva ronda de subsidios a la empresa petrolera estatal. Todo esto deberá incidir en las expectativas inflacionarias de los agentes económicos.
En este contexto, los esfuerzos que viene haciendo el BCRP para controlar la inflación pueden resultar estériles y más bien desembocar en una estanflación. El ministro de economía debería ser consciente de la transcendencia de sus decisiones. En el intento de resolver el paro de los transportistas y responder a las protestas de los ciudadanos cediendo a sus pretensiones, el MEF puede terminar iniciando una espiral inflacionaria, con funestas consecuencias. El querer culpar de la inflación a los monopolios o a la ausencia de controles de precios es un contrasentido. El despilfarro fiscal de los últimos años nos está pasando la cuenta. Se necesitan soluciones valientes que prioricen el control de la inflación sobre el interés político de corto plazo.
