En la década de los 1980, el PBI del Perú se contrajo más de veinte por ciento y la pobreza aumentó al cincuentaicinco por ciento. Hubo hiperinflación de los productos básicos, escasez de alimentos y desempleo masivo. Asimismo, grupos subversivos buscaron destruir el Estado democrático.
Para superar ello, se dejó de hacer lo mismo, aprobando una nueva Constitución que establece como régimen económico la economía social de mercado para orientar el desarrollo del país y actuar principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, logrando mejorar sustancialmente los indicadores económicos como se muestra en el Cuadro N°1.
Cuadro N°1
| Variable | Constitución 79 | Constitución 93 |
| Crecimiento | 0.2 % | 4.8 % |
| PBI per cápita | US $ 968 | US $ 6,940 |
| Pobreza extrema | 19 % | 3 % |
| Pobreza | 58 % | 20 % |
| Deuda Pública | 60 % | 25 % |
Sin embargo, a pesar de los indicadores mostrados, actualmente se escuchan voces para elaborar una nueva Constitución o derogar la actual para volver a la del 79. Esto sería ilógico, pues volveríamos a los resultados que tuvimos en la década de 1980.
Si bien existen grandes problemas en el Estado, como la corrupción e ineptitud en la gestión pública, lo que se necesita es una reforma del Estado que si requiere cambios como lo propuesto en el artículo “Modificaciones a la constitución para las reformas estructurales” (https://bit.ly/3rlNGfk ); pero no una nueva Constitución, con el riesgo que peruanos tengan que emigrar como lo ocurrido en la década de los ochenta y como hoy están emigrando los venezolanos.
La crisis de los partidos políticos que parece que solo luchan por el poder y no por gobernar bien y honestamente, una población polarizada que exige solo derechos y no cumple con sus obligaciones, ensombrecen las esperanzas de un Perú mejor en el corto plazo.
En el lustro 1995 – 2000, hubo un intento para llevar a cabo una reforma del Estado que, lamentablemente fracasó porque trataron de hacer más de lo mismo, nombrando a profesionales de derecho como coordinadores para cada ministerio en lugar de tener previamente un objetivo con una visión integral de la estructura del Gobierno Central.
Ante dicho fracaso, el ministro de energía y minas de ese entonces intentó reformar el Ministerio y para lo cual se formó un pequeño grupo de profesionales conformado por un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico, un administrador de empresas y un practicante de ingeniería industrial.
En el Gráfico N°1 se encuentra el esquema de organización que existía en 1998.
Gráfico N°1
Dicho equipo propuso no hacer más de lo mismo para tener resultados diferentes. Para ello aplicaron el enfoque de procesos en la nueva estructura del Ministerio de Energía y Minas, previa reducción del TUPA de 175 a 65 trámites.
Se inició también una reforma normativa con el apoyo de un estudio de abogados, para que las disposiciones legales tengan un esquema que facilite su lectura, porque los trámites, registros, entrega de información y otras obligaciones se establecían en forma desordenada en los reglamentos. Se proponía, además, que los trámites, registros y entrega de información a que estaban obligados a realizar los administrados, deberían ser evaluados previamente para que solo se aprobaran a aquellos que agregaban valor.
En el Gráfico N°2 se muestra el esquema de la organización propuesta, en donde se trataba de dar estabilidad a los funcionarios y crear una línea de carrera con personal estable dentro del sector público, al plantearse la separación de la gestión política de la gestión operativa del Ministerio.
Gráfico N°2
La propuesta creaba una gerencia general con rango de vice ministro, mientras que el vice ministro de energía y minas lideraba el gabinete técnico normativo, que era la parte política del sector.
Se propuso dejar la visión sectorial del Estado, al fusionarse los subsectores de energía y el de minas. El diseño de políticas y aprobación de normas se asignaba a un gabinete técnico normativo y el gerente general era responsable de la gestión operativa del ministerio (administración, desarrollo e información, fiscalización, otorgamiento de concesiones y de los asuntos ambientales). Lamentablemente, la propuesta no se implementó por el cambio de ministro y por la crisis de 1998.
El enfoque de procesos también se intentó implementar en otras instituciones. Este enfoque se implementó en OSITRAN en el 2002 y en el 2011 el MTC intentó hacerlo. En el 2013, se publicó el Decreto Supremo N°004-2013-PCM que establece que dicho enfoque es la política de modernización del Estado.
Seguramente, el Decreto que se aprobó reconocía los beneficios del enfoque de procesos para que la gestión pública se orientase a la satisfacción de los ciudadanos; pero cometieron el mismo error de la década de los noventa, al disponer su aplicación a todas entidades, sin tener una visión integral de cómo debería ser una estructura eficiente del Estado.
Por ello, hoy todos hablan de su aplicación; pero realmente no se está llevando a cabo y la Contraloría General de la República tampoco exige su aplicación, ya sea porque no lo comprenden, o porque no le han dado la prioridad. A pesar de la vigencia del decreto, OSITRAN ha vuelto a tener una organización por modo de transportes para su función supervisora, dejando de lado el enfoque de procesos.
En el intento para reformar el MTC del 2011, se tenía una visión integral del Estado, al haber presidido la Comisión de Reforma del Estado del Plan Perú 2040 del Colegio de Ingenieros del Perú y haber sido designado como asesor del Primer Ministro para dicho cometido. Observé dificultades de los funcionarios para identificar los procesos y aplicar conceptos, tales como:
- Identificar los procesos que le corresponde al MTC como ente rector de los servicios de transporte y los procesos que corresponde a la provisión de infraestructura de transporte.
- Identificar los procesos de planificación a los que corresponde a los procesos de apoyo de la Oficina de Programación y Presupuesto.
- No tenían claro la planificación multimodal y de largo plazo de la infraestructura de transporte.
- No distinguir los procesos de los servicios de transporte aéreo como ente rector, de los procesos del rol del Estado de proveer la infraestructura de transporte.
- Una autoridad no debe brindar servicios por presentarse la situación de juez y parte a la vez. (Hoy la Autoridad del Transporte Urbano – ATU – opera el Metro y el Metropolitano)
- La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico – ATTE – brinda servicios de transporte y se le denomina autoridad.
- El servicio que realiza el Tren Eléctrico es de transporte urbano que es competencia de la Municipalidad. El “argumento legal” que sustenta la competencia al MTC es que el sistema de transporte eléctrico ferroviario es de ámbito nacional.
- Las empresas públicas de transportes como ENAPU no deben estar adscritas al Ministerio, porque el MTC es una autoridad y no debe brindar servicios.
Dado el desconocimiento que había sobre el enfoque de procesos, el proyecto de reestructuración del vice ministerio de transportes tenía que ser gradual, para irlo complementándolo más adelante cuando se vaya conociendo mejor los conceptos. El intento fue favorable porque originó que hoy por lo menos se hable de este enfoque a nivel general y; el MTC se haya reestructurado y salido de la inercia de hace décadas, aunque los problemas subsisten.
En el Gráfico N°3 se muestra el esquema sectorial de un ministerio
Gráfico N°3
A nivel general, en el Estado se ha continuado desarrollando las ideas de reforma, pero se deja de lado la visión sectorial y aplicar el enfoque de procesos para la organización de las entidades a partir de la misión del Estado y de las misiones de cada entidad. Dicho enfoque se complementa con la reestructuración integral del Gobierno Central, que el Ejecutivo aún no ha planteado y que se propone en el libro “Ideas para reconstruir la institucionalidad del País” y los artículos que se encuentran en el blog; ideasparareformarelestado.wordpress.com.
En el Gráfico N°4 el enfoque de procesos que establece el citado Decreto Supremo.
Gráfico N°4
El deterioro creciente de la institucionalidad que origina la crisis de gobernabilidad y la corrupción reafirma que la propuesta para reformar el Estado a partir de su misión está en buena dirección y, los resultados que se está observando de la pandemia, confirman lo planteado en el artículo “El Covid-19 nos está enseñando” que fue publicado en mayo del 2020, el mismo que no considera conceptos que el sector público aplica desde hace décadas, porque según Einstein, “locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando diferentes resultados”.
