El proyecto de referéndum anunciado por el presidente Vizcarra no es la gran varita mágica. De hecho, varios de sus postulados no rozan siquiera las cuerdas vitales que podrían transformar nuestro sistema económico, social y político, desde la mediocridad a la competitividad sostenible.
Sin embargo, más que por su contenido y más allá de sus deficiencias o insuficiencias, ese proyecto será gravitante en la medida que gatille un proceso participativo que induzca a la sociedad civil a asumir su responsabilidad histórica ante la necesidad de impulsar una transformación profunda del país.
Tras vencer la hiperinflación y sentar los fundamentos macroeconómicos del crecimiento económico a principios de los 90s, la sociedad peruana se ha quedado anquilosada. Si bien ese crecimiento económico mejoró los ingresos de la población, seguimos siendo una sociedad marcadamente inequitativa, que dista mucho del desarrollo.
Llegó el momento de preocuparse seriamente por cerrar las brechas de desigualdad económica, social e institucional. Si bien la desigualdad económica en Perú, medida a través del coeficiente de GINI, no es tan alta como las de Colombia y Chile, otros indicadores demuestran que estamos entre los países de mayor desigualdad social e institucional (véase la tabla de indicadores de desarrollo).
La desigualdad social tiene su principal fuente en el inequitativo acceso a la salud, así como a una educación pertinente y de calidad, y a la información y a las tecnologías. La desigualdad institucional tiene que ver con la desigualdad jurídica y de trato entre personas, por razones de sexo, estatus, raza o cultura.
La peor expresión de inequidad jurídica es la impunidad de la que gozan quienes detentan poder frente a los ciudadanos de a pie. También se da entre grupos económicos que detentan un poder mercantilista utilizado para la captura de organismos públicos y el desarrollo de tejidos de corrupción que involucran a políticos y funcionarios públicos, sometiendo al resto de las empresas, que no detentan ese mismo poder o que por ceñirse a un código de ética no se benefician por medios corruptos.
Todas estas expresiones de desigualdad no solo son malas per se, sino que lo son porque constituyen trabas para el crecimiento económico. Para que haya crecimiento se necesita inversión, y la inversión fluye más hacia los países en los que el cumplimiento de la ley es mayor, que son aquellos en los que hay más control de la corrupción y donde el gobierno es más efectivo.
Necesitamos entonces de más igualdad para crecer más, pero teniendo en cuenta que, si los mayores excedentes de ese mayor crecimiento se festinan en proyectos sobrevalorados y sin mayor impacto social, se estará perennizando el subdesarrollo.
El crecimiento económico solo es bueno en la medida que genere un verdadero desarrollo. Para ello es fundamental cerrar las brechas de la desigualdad económica, social e institucional; pero sin populismo.
En un régimen populista centrado en la adopción de políticas meramente cortoplacistas orientadas a generar el aplauso de las masas, se genera efectos similares a los de un régimen corrupto. Los recursos se dilapidan, los subsidios se generalizan y los déficits fiscales se vuelven crónicos. Peor aún si el populismo y la corrupción devienen en dos caras de la misma moneda, como ha venido sucediendo en las últimas décadas en el Perú.
