Como advertí en mi anterior artículo, la sublevación social en Chile es un bocinazo de alerta para toda América Latina, porque en esta región la distribución del ingreso, que ya era la más desigual del mundo a principios del presente siglo[1], hacia 2018 sigue siéndolo a pesar de los avances observados desde el año 2000[2] y que se han atenuado en los últimos años. Si bien los sistemas de protección social han tenido un rol importante en la disminución de la desigualdad de ingresos a partir de 2000, sus coberturas y prestaciones son mayormente insuficientes y discriminatorias.
A mayor desigualdad más conflictividad e inestabilidad social, lo cual deteriora la competitividad y el clima de negocios. Chile (junto con México y Uruguay) es un país particularmente vulnerable por estar entre los países de mayor concentración de la riqueza. Perú no está muy distante de Chile en el aspecto distributivo y, además, padece de una informalidad crónica apabullante y altos niveles de subempleo. Además, la población entre 15 y 29 años que no estudia ni trabaja es cercana a una quinta parte del total, y cerca del 80% de ellos son personas que no tienen empleo ni deseos de trabajar, lo que alimenta fenómenos de delincuencia, pandillaje, drogadicción y sicariato.
Es fundamental combatir la desigualdad en la distribución del ingreso, la informalidad, el subempleo y la deserción laboral. Para ello hay que corregir las fallas de Estado y de mercado existentes. Primero que nada, hay que combatir la corrupción en el Estado y la incapacidad de éste para proveer servicios básicos (agua potable, residuos sólidos y vivienda), así como también hay que combatir la falta de una educación pertinente de calidad, limitante del acceso de la población a empleos dignos.
También se debe combatir la captura del Estado por parte de grandes grupos monopolistas y mafias involucradas en negocios ilegales (narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal ‘legalizada’, contrabando, subvaluación, etc.), inhibidora de la prosperidad de las pequeñas y medianas empresas, lo que a su vez limita la competencia.
El Estado capturado favorece la integración vertical de los grandes grupos económicos, la colusión ilegal, el dumping, la competencia desleal, las fusiones depredadoras, los ‘incentivos’ o exoneraciones con efectos concentradores de los excedentes sectoriales y otras prácticas que inhiben la competencia. Al no haber suficiente competencia, los precios se tornan abusivos, por lo que para suavizar su impacto social se adoptan medidas populistas que no solucionan los problemas de fondo y mellan la sostenibilidad fiscal.
Ni el Plan de Competitividad anunciado por el gobierno ni tampoco la Agenda País lanzada por la CONFIEP dan importancia a temas fundamentales, tales como la reforma del Estado, la innovación abierta y en red, la educación en alternancia, la industria inteligente, la digitalización de procesos o fabricación digital. Todo el énfasis está puesto en la construcción de infraestructura, pero sin visión de largo plazo y sin verdadera planificación del desarrollo con enfoque territorial.
No extrañe entonces que en el último ranking ‘Doing Business 2020’ elaborado por el Banco Mundial, Perú haya retrocedido ocho posiciones, al pasar del puesto 68 al 76 entre 190 economías.[3]En general, toda América Latina está retrasada respecto a otras regiones del mundo en cuanto a allanar el camino para que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer negocios.
Ninguna economía latinoamericana figura entre las 10 con más mejoras durante los últimos dos años, ni tampoco entre los 50 mejores lugares del mundo para hacer negocios. Si bien México siguió siendo el país mejor calificado de la región (puesto 60), por segundo año consecutivo no introdujo ninguna mejora importante en el clima de negocios. Colombia (puesto 67) es el único país de la región con más iniciativas de reforma, habiendo implementado 37 desde 2005; 3 importantes durante los 12 meses previos a mayo de 2019. Perú no puede seguir quedándose a la zaga. El gobierno del presidente Vizcarra tiene la palabra.
[1] Véase “La distribución del ingreso en América Latina y El Caribe”, FCE, Santiago de Chile, 2000.
[2] Véase “Panorama social de América Latina”, CEPAL, Santiago de Chile, 2018.
[3] En el indicador de apertura de negocios, Perú pasó del puesto 125 al 133, debido a que en el país abrir un negocio demanda ocho procedimientos que toman hasta 26 días, cuando en países de la OCDE el estándar es de 9.2 días en 4.9 procedimientos. En manejo de permisos de construcción Perú pasó del puesto 54 al 65, debido a que aquí para obtener un permiso de construcción se requiere de 19 procedimientos que toman 137 días. En cuanto al registro de propiedades, se pasó de la posición 45 a la 55 dado que este trámite toma hasta 6 procedimientos que demandan 9.6 días.
