Un informe presentado por el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Abraham Chahuan, destaca una paradoja en el ámbito fiscal de Perú: las regiones que generan mayores ingresos por actividad minera son las que muestran un menor nivel de ejecución en obras. A pesar de haber recibido S/ 66.765 millones desde 2005 hasta 2021, el promedio de ejecución de obras por parte de los gobiernos locales y regionales es solo del 62%. Esta situación plantea interrogantes sobre la gestión y asignación de recursos en las regiones más beneficiadas por la minería.
Detalles Clave: Chahuan indicó que, aunque hay excepciones como Moquegua, que muestra una alta capacidad de ejecución, la mayoría de las regiones con ingresos mineros sustanciales tienen un promedio de ejecución de obras alrededor del 40%. Estos datos revelan un desaprovechamiento significativo de los recursos que podrían utilizarse para mejorar las condiciones de vida y reducir la pobreza en estas áreas. Además, destacó la capacidad y la necesidad de ejecutar obras con eficiencia y honestidad para cerrar brechas de desarrollo.
Información Adicional: El fenómeno descrito por Chahuan refleja un «espacio vacío» en la gestión estatal, donde a pesar de disponer de los fondos necesarios, no se ejecutan adecuadamente los presupuestos ni se gestionan de manera eficiente. Este vacío ha sido parcialmente ocupado por empresas mineras responsables que han incrementado sus programas de inversión social, como obras por impuestos y participación pública. Sin embargo, la falta de una gestión estatal efectiva en la asignación y ejecución de recursos sigue siendo un desafío crítico.
Análisis de las Implicancias: La disparidad entre los ingresos por minería y el gasto en obras en las regiones peruanas subraya una problemática en la gestión fiscal y de recursos. Mientras que los ingresos podrían ser una oportunidad para el desarrollo regional y la mejora en la calidad de vida, la baja ejecución de obras refleja ineficiencias y posiblemente problemas estructurales en la administración local y regional. Es crucial que se tomen medidas para mejorar la capacidad de gestión y ejecución de proyectos, asegurando que los ingresos mineros se traduzcan en beneficios tangibles para las comunidades locales.