Mediante el Decreto Supremo 011-2018-PCM, el Ejecutivo declaró de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, a fin de que Sociedad Minera San Miguelito, empresa peruana con participación mayoritaria de capitales canadienses, adquiera y posea concesiones y derechos sobre minas y recursos para el desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera norte del país, en la provincia de Ayabaca, en Piura.
Cabe recordar que la Constitución Política establece que dentro de los cincuenta kilómetros de frontera los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustible ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Aunque la misma Carta Magna exceptúa de esta disposición en caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo, como ocurrió en este caso.