El Perú atraviesa por una de las más profundas crisis de legitimidad y credibilidad de su clase política. El caso Odebretch ha decantado un enjambre de delitos de colusión para lavar activos y defraudar al Estado peruano, que involucra a los líderes de todas las tiendas políticas, incluyendo a los supuestos salvadores de la patria y portaestandartes de la lucha anti-corrupción. Gravísima situación de crisis de legitimidad y credibilidad que necesita ser solucionada con la participación activa de la sociedad civil. Como punto de partida, se requiere conocer con mayor objetividad la dimensión del costo de la corrupción Lava Jato.
Definitivamente, el verdadero costo de la corrupción Lava Jato es enorme, y comprende la sumatoria de los costos directos e indirectos de la fase de corrupción propiamente dicha, más los costos de la fase de develamiento de los hechos delictivos, y los costos de la fase de ajusticiamiento de los culpables. Esta sumatoria hasta ahora no se conoce, debido a que no se ha hecho ningún estudio serio sobre de valuación de los daños y perjuicios de la corrupción Lava Jato. Sin embargo, se puede intuir que los costos podrían elevarse a varias decenas de miles de millones de dólares. A continuación explico cuáles son los componentes que debieran ser valuados para llegar a dimensionar rigurosamente estos daños y perjuicios.
En la fase de corrupción propiamente dicha, las principales empresas constructoras brasileras se coludieron con las principales empresas constructoras peruanas y diversas autoridades políticas y funcionarios públicos, para ganar amañadamente concursos públicos de obras y concesiones, sobredimensionar la infraestructura requerida e inflar los costos para obtener sobreganancias y pagar coimas.
El costo para el país en esta fase debe interpretarse como una sumatoria de daños y perjuicios infligidos al Estado peruano y a empresas privadas afectadas. El daño directo para el Estado está determinado por el sobredimensionamiento de cada proyecto, su sobrevaloración y la sub-inversión (inversión menor a la necesaria) en el caso de concesiones como los Peajes de Lima. Para las empresas competidoras que pudieron haber realizado la obra o la concesión sin sobredimensionamiento ni sobrevaloración, el daño directo está determinado por el valor del contrato de obra y el lucro cesante dejado de percibir en la operación de la concesión.
Por ejemplo, el sobredimensionamiento ocurre al diseñarse un trazo de carretera que implica mayor cantidad de kilómetros de obra que otro trazo alternativo más corto e idóneo, mientras que la sobrevaloración ocurre al cobrar más por kilómetro construido de lo que verdaderamente cuesta. El sobredimensionamiento de los proyectos ha sido escandaloso en diversas obras de carreteras (como la Interocéanica del Sur) e hidráulicas (como Olmos y Alto Piura), en el Gasoducto del Sur, en la Línea 2 del Metro de Lima, etc. La raíz de ello está en haberle dado a las constructoras la potestad de hacer el diseño de ingeniería después de haber ganado la licitación. También se han dado casos de colusión con las empresas supervisoras de varias de estas obras.
El daño indirecto en esta fase está determinado por la elevada concentración del mercado de infraestructura, en pocas empresas sobredimensionadas por efecto de la colusión corrupta. Situación generadora de inestabilidad económica y financiera en empresas constructoras medianas y pequeñas marginadas en ese mercado, y también generadora de ineficiencias en el mercado de proveedores de la construcción. También hay un daño indirecto para la sociedad en su conjunto, que podría reconocerse como daño moral, consistente en el debilitamiento de la institucionalidad del país y de la confianza de inversionistas serios y honestos que se abstienen de arriesgar su capital en un país cuyo mercado de infraestructura está monopolizado por una corrupción colusiva.
En la fase de develamiento de los hechos delictivos se generan costos directos derivados de la paralización de las inversiones en los proyectos, que devienen en una mengua del valor agregado o PBI y del empleo en el sector construcción y la economía en su conjunto. Los costos indirectos devienen de la pérdida patrimonial de las empresas constructoras implicadas en actos de corrupción, ante la interrupción de sus negocios y la amenaza de tener que asumir el pago por los daños y perjuicios ocasionados al Estado y a terceros. Situación que deviene en un debilitamiento de su calidad crediticia, lo que ha de repercutir en una eventual ruptura de la cadena de pagos con sus proveedores, los que retransmitirán ese efecto a sus propios proveedores. Estos costos podrían incrementarse en la medida que el gobierno busque reanudar los proyectos a costa de que las empresas infractoras vendan todos sus activos, imposibilitando al Estado el cobro por los daños y perjuicios ocasionados.
En la fase de ajusticiamiento de los culpables la pérdida patrimonial de las empresas constructoras implicadas tenderá a agudizarse, afectando aun más la cadena de pagos. De hecho, la prisión preventiva dictada en contra de los principales directivos de las empresas constructoras peruanas implicadas, tendrá un impacto en ese sentido. Sin embargo, la ruptura de la colusión monopolista entre grandes empresas corruptas, constituye una oportunidad para que empresas peruanas de menor tamaño y empresas extranjeras puedan crecer de manera competitiva, siempre que los organismos de control del Estado logren encontrar la fórmula para que el esquema corruptor no se replique en el futuro.
Por tanto, también se abre una oportunidad para adoptar una profunda reforma anti-corrupción, que debería sustentarse en una actitud vigilante y profiláctica por parte de la sociedad civil, que debería estar acompañada de una solución política a la crisis de legitimidad y credibilidad que viene afectando actualmente tanto al Ejecutivo como al Legislativo.
En lugar de echarse la culpa unos a otros entre partidos y líderes políticos, y en vez de tratar de aniquilar a instituciones débiles pero actuantes, como la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Los líderes políticos implicados deberían ahorrarle al país un costo político que podría alcanzar niveles incluso más dramáticos que los que desató el video Kouri-Monstesinos, dando un paso al costado y allanándose a todas las investigaciones en curso.
El sistema democrático debe ser capaz de autodepurarse sin necesidad de persistir en una guerra abierta entre facciones de una misma clase política que ya fracasó y no goza de la confianza de la población.
Busquemos una salida consensuada parecida a la que permitió instaurar el gobierno de transición de Valentín Paniagua, dándole a la Fiscalía de la Nación, a la Contraloría y al Poder Judicial toda la autonomía y respaldo para que puedan realizar una buena labor.
Evidentemente que estas instituciones siguen siendo débiles y comenten errores, pero por ahora son las únicas que pueden darle al país un mínimo de confianza y esperanza de un futuro mejor.
