Esta semana se cumple un año del gobierno de PPK. Existe un consenso entre los analistas económicos y políticos que el primer año de gobierno de PPK ha sido un año perdido. Se ha argumentado que el escándalo de corrupción en las grandes obras públicas y el fenómeno del Niño costero han sido las razones del fracaso del plan de gobierno de PPK. No se le puede achacar el fracaso a un desfavorable escenario internacional ya que los términos de intercambio han mejorado y las exportaciones han venido creciendo. La verdadera razón del fracaso del plan de PPK es que no ha sabido transmitir el ‘shock’ de confianza necesario para reactivar la inversión privada. La caída de la inversión privada no tiene que ver con el Niño costero o la corrupción del caso Lava Jato y sí con la ineptitud del Gobierno para atacar los problemas centrales que impiden el crecimiento de la inversión.
La inversión no crece porque no se ha avanzado en la flexibilización laboral, porque no se combate el contrabando ni la competencia desleal de las importaciones asiáticas y de la informalidad. No hay seguridad jurídica, no se respeta el derecho de la cosa juzgada. No existen planes estratégicos para los sectores claves de la economía (agricultura, manufactura, transportes, vivienda, educación, inclusión social, mujer), y en los que existen son los planes heredados del gobierno de Humala. La reforma tributaria penaliza la formalidad e incentiva la informalidad. El Gobierno desaprovechó las facultades especiales otorgadas por el Congreso para realizar las reformas de fondo.
Como el plan de gobierno de PPK ha fracasado, ahora el Gobierno ha apostado todas sus fichas en el Plan de Reconstrucción con Cambios que recién estará listo en agosto. Sin embargo, una vez más el Gobierno apuesta a la elevación del gasto como herramienta para reactivar la economía. Mientras tanto, la racionalización y la mayor eficiencia del gasto público duermen el sueño de los justos.
En el Gráfico 1 presentamos la evolución del gasto público como porcentaje del PBI para el periodo 1970 – 2016. Observamos que durante el régimen socialista de los militares y el segundo gobierno de Belaunde el gasto público bordeó el 19 % del PBI con picos que llevaron el gasto público al 22 %. Luego vino el primer gobierno de García que llevó el gasto público a niveles inferiores al 14 %, no porque se lo propusiera, sino como resultado del efecto devastador de la hiperinflación. El nuevo modelo económico instaurado por Fujimori ha permitido mantener el gasto público alrededor del 16.5 % con algunos picos producto de medidas anticíclicas para combatir periodos de desaceleración económica temporales, como las que ocurrieron en 1999 y más recientemente en 2009.
Sin embargo, el gobierno de Humala rompió con uno de los pilares del modelo económico, la prudencia fiscal. El gasto público se ha elevado a niveles similares a los que se registraron en el régimen socialista del gobierno militar. Lo más grave de este incremento es que se ha realizado mayormente con incremento del gasto corriente. La proliferación de programas de inclusión social y programas de transferencia de dinero conjuntamente con el explosivo incremento de los gastos de los gobiernos locales, producto del fallido proceso de descentralización, explican la elevación del gasto público.
Utilizando las bases de datos del FMI y el Banco Mundial, hemos recopilado la información histórica para el período 1990 – 2016 de 92 países correspondientes a la participación del sector público (medida por el gasto público total como porcentaje del PBI) y el crecimiento real anual del PBI. Para evitar las distorsiones de corto plazo en estos indicadores producto de las medidas anticíclicas, hemos tomado el promedio de cada una de estas variables para el período 1990 – 2016. La correlación entre estas dos variables para la muestra de 92 países se presenta en el Gráfico 2.
La conclusión que se infiere de este gráfico es que, en el mediano y largo plazo, a mayor participación del sector público en la economía de un país, se observa menor crecimiento de su PBI. La muestra es representativa de países americanos, europeos, africanos y asiáticos. Por lo tanto, la conclusión se aplica tanto a países desarrollados como en desarrollo. La conclusión confirma que en el caso peruano, la prudencia fiscal ha sido uno de los pilares del boom económico registrado por el Perú en el periodo 1990 – 2016.
La moderación del gasto público y el control de la deuda pública como porcentaje del PBI están consagrados en las leyes de transparencia y responsabilidad fiscal. No se puede recurrir permanentemente a las excusas de la emergencia y la política anticíclica para elevar la participación del Gobierno en la economía del país.
Si se requiere crear espacio fiscal para las inversiones que demandará la reconstrucción es necesario hacer una racionalización del gasto corriente y no crear nuevos impuestos o elevar las tasas de los existentes y sobre todo olvidarnos de los elefantes blancos como los Panamericanos y Talara.
Uno de los riesgos del abandono de la política de prudencia fiscal es el surgimiento de los déficits fiscales y el crecimiento explosivo de la deuda pública. Lamentablemente este parece ser el derrotero de nuestro país en los últimos años. No queremos un plan de reconstrucción que se limite a aumentar el gasto y la deuda pública para descolmatar los cauces de los ríos y rehabilitar las carreteras. El desarrollo del país no se logrará con la elevación del gasto público. Necesitamos un plan de gobierno coherente e integral que movilice la inversión privada que es el motor del crecimiento.
