La situación económica que caracteriza a gran porcentaje de la población rural, impide que puedan destinar parte de sus recursos a mejorar sus condiciones de vida y de alimentación adecuada.
Las dificultades de accesibilidad a la población rural y rural dispersa, hace que tengan limitada presencia de los servicios que brinda el estado, además de las condiciones climatológicas adversas. En este escenario, la oferta de productos hidrobiológicos resulta prácticamente inexistente en dichas zonas, lo que genera un alto nivel de vulnerabilidad social.
“De acuerdo a la información del XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, realizado en el año 2007, se encuentra que la mayoría de los centros poblados rurales están conformados por poblaciones dispersas y en segundo lugar por caseríos. La falta de infraestructura de caminos, carreteras de penetración o caminos comunales (incluso la falta de mantenimiento) hacen dificultoso el traslado de diversos bienes, incluidos los alimentos”
“En el año 2016, el 20,7% (6 millones 518 mil) de la población del país se encontraba en condición de pobreza”. “La incidencia de la pobreza en el área rural alcanzó al 43,8% de la población.”
“En el Perú, la medición de la Pobreza Objetiva Monetaria y Absoluta que desarrolla el INEI, compara el gasto promedio per cápita mensual de un poblador con el costo de una canasta mínima alimentaria y no alimentaria, llamada Línea de Pobreza, cuyo costo para el año 2016, se calculó en 328 soles por persona y para una familia de 4 miembros el costo de la canasta fue de 1 312 soles. Así, las personas cuyos gastos son menores a la Línea de Pobreza son considerados pobres”
“Se consideró pobres extremos a todas aquellas personas cuyo gasto per cápita mensual no cubre el costo de la canasta básica de alimentos calculada en 176 soles, para el año 2016 y para una familia de cuatro miembros el costo de una canasta mínima alimentaria asciende a 704 soles”
“En el año 2016, los mayores niveles de pobreza se registraron en la Sierra rural (47,8%), en la Selva rural (39,3%) y en la Costa rural (28,9%). No obstante, las mayores reducciones de la pobreza se presentaron en la Costa urbana (2,4 puntos porcentuales), Selva rural (1,8 puntos porcentuales), Costa rural (1,7 puntos porcentuales), Sierra rural (1,2 puntos porcentuales) y Selva urbana (1,1 puntos porcentuales); en cambio, en la Sierra urbana y Lima Metropolitana las cifras no mostraron cambios significativos”
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-264-mil-personas-dejaron-de-ser-pobres-entre-los-anos-2015-y-2016-9710/
El Estado está llamado a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de políticas de inclusión y de desarrollo. En la zona rural, en términos de alimentación, su presencia es pobre, inexistente y/o limitada.
La población rural dispersa en condición de pobreza se encuentra ubicada en zonas alejadas y de difícil acceso.
El limitado acceso de la población rural a los servicios del Estados, del sector privado y de la sociedad civil, se debe a que el Estado no llega de manera efectiva a atender a dicha población, sea por limitaciones de acceso, altos costos logísticos, falta de información de las necesidades de los centros poblados y otros.
También, los bajos ingresos de la población rural pobre no permiten financiar la implementación de centros de servicios que apoyen y faciliten sus iniciativas de coordinación con instituciones del Estado, para acceder a intervenciones sociales y proyectos en beneficios de la población.
La situación anteriormente descrita demanda que el Estado atienda a su alimentación a través de programas sociales en forma prioritaria.
En dicho contexto, el Programa “A comer pescado” que lleva a cabo el Ministerio de la Producción, está dirigido a promover el consumo de pescado en forma amplia y general, e interviene en algunas áreas territoriales donde no es necesaria la intervención estatal. Esto es un inadecuado empleo de medios en detrimento de las poblaciones rurales pobres del país, las cuales debieran ser el único público objetivo
No se comprende ni es aceptable la orientación de dicho Programa que recientemente, a través del DS-007-2012-PRODUCE, prorroga su vigencia y en el cual, en uno de los considerandos se aprecia una estadística del consumo per cápita de pescado en el Perú, que llama la atención ya que las cifras no son concordantes con la información oficial del Ministerio de la Producción publicadas en el Anuario Estadístico Anual de 2015, que es el último divulgado.
http://revistapesca.blogspot.pe/2017/10/cual-es-el-consumo-de-pescado-per.html
La orientación debida de un programa de esta naturaleza, debiera ser fortalecer la ingesta calórico-proteica de la población rural dispersa en condición de pobreza, prioritariamente en los niños menores de 5 años, incrementando el consumo de recursos ícticos de manera sostenible y promoviendo la participación del sector pesquero artesanal en la extracción, procesamiento y comercialización de estos productos.
Ello haría que este Programa sea coherente con las políticas de Gobierno que pretenden reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil, (El 10 de febrero de 2017, el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales suscribieron el Pacto Nacional contra la anemia y la desnutrición crónica infantil en una ceremonia en Palacio de Gobierno que se desarrolló al concluir el 3er Gore Ejecutivo) porque se ubicaría dentro de ese contexto y no se dispersarían recursos presupuestales en pretender promover el consumo de pescado en sectores de la población que no lo necesitan. En las ciudades costeras y en sectores de la población no pobres, debería dejarse el tema en manos del mercado.
¿Es moralmente correcto usar nuestros recursos naturales que se destinan a la alimentación para exportarlos y atender necesidades de otros países, antes que privilegiar los requerimientos a veces dramáticos, de nuestra población, en especial la infantil?
¿Se justifica la exportación como actividad prioritaria porque trae divisas (que no son propiedad del Estado sino del exportador) mientras simultáneamente la industria no prioriza la alimentación nacional, por falta de incentivos probablemente, que sí posee la actividad exportadora?
El mercado no puede resolver el problema de la desnutrición y anemia infantil en el Perú. Hay una imposibilidad para acceder a los alimentos por parte de amplias poblaciones que no pueden pagar los precios actuales y que no son objetivo de las ventas tampoco. La solución no puede venir del libre comercio.
El empresario privado optará siempre por vender sus productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor. En esa lógica de pensamiento siempre encontrará en la exportación y/o en los segmentos de mayores ingresos de la población nacional, un mercado dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima para producir alimentos gourmet que satisfagan no necesariamente el hambre sino exigencias gastronómicas. El ciudadano pobre que solo requiere proteína barata tenderá a ser excluido de esa lógica de mercado.
Es necesario implementar un programa social que contribuya con la seguridad alimentaria nacional en la mejor forma posible que el sistema político lo permita, yendo más allá de políticas que no tienen sostenibilidad sino que descansan en la voluntad y el marketing político. No se requiere intervención en ciudades costeras ni en sectores de la población que tienen facilidad de acceso a la adquisición de productos hidrobiológicos.
“La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que pese a los avances alcanzados por el Perú en la reducción del hambre y la desnutrición, todavía cerca de 2 millones de personas padecen hambre, más del 43% de niños menores de 3 años tiene anemia y el 35.5% de los peruanos mayores de 15 años vive con sobrepeso. “El escenario es peor para los más pobres, cuyos ingresos muchas veces solo alcanzan para comprar alimentos poco nutritivos, que suelen ser más baratos”, alertó María Elena Rojas, representante de la FAO en Perú. Señaló que la malnutrición en todas sus formas (comer poco, mucho o mal), es inadmisible en un país tan megadiverso como el Perú. “Es impensable que los niños de zonas rurales tengan que comer alimentos ultraprocesados porque sus padres tienen que vender lo mejor de su producción fresca y saludable a mercados urbanos para poder tener un precio digo”, insistió”
En el contexto del presente artículo, en el cual se enfatiza la necesidad alimentaria del sector poblacional más pobre del país, no se puede considerar a la acuicultura como componente ni parte de la solución al problema. La razón principal radica en su costo, el cual está fuera del alcance de los ingresos de la mayor parte de la población. El costo del producto acuícola siempre resulta más alto que el producto fresco o el sometido a procesos de conservación mínimos y aún que el de su competidor más cercano que es el pollo.
En el Perú el consumo de pescado se está convirtiendo en un tema gourmet y accesible solamente a sectores de la población que no necesariamente tienen carencias alimentarias. Esos sectores no necesitan la intervención del Estado a través de programas que manejan fondos públicos, sino aquellos más pobres, que generalmente no pueden pagar por comida nutritiva para ellos. Esta situación los vuelve más débiles y menos capaces de ganar el dinero que los hubiese ayudado a escapar de la pobreza y el hambre.
