En abril, el gobierno español había revisado al alza su previsión de déficit público para el 2016, del 2, 8% del PBI a 3, 6%. Para el 2017, preveía reducirlo a 2, 9%.
España puede reducir el déficit público por debajo del 3% del Producto Bruto Interno (PBI) a partir del 2017, afirmó el ministro español de Economía, Luis de Guindos, después que la Comisión Europea dejara abierta la puerta a una posible sanción por incumplimiento de las normas.
“El objetivo de España debe ser reducir el déficit público por debajo del 3% y creo que podemos estar ahí perfectamente. Y una vez que se produzca esa reducción, ya salimos del plazo correctivo de procedimientos por déficit excesivo”, afirmó.
De Guindos hizo estas declaraciones después del anuncio de la Comisión Europea de una posible sanción a España y a Portugal por exceso de déficit.
En abril, el gobierno español había revisado al alza su previsión de déficit público para el 2016, del 2, 8% del PBI a 3, 6%. Para el 2017, preveía reducirlo a 2, 9%.
Pero el Banco de España estimó sin embargo que el país no conseguiría estar por debajo del 3% antes del 2018, según un documento de previsiones difundido en su página web.
España no respetó su propio objetivo de reducción del déficit en el 2015, terminando el año con un déficit de 5, 1% del PBI, cuando no tenía que superar el 4, 2%.
“Tenemos que definir la nueva senda fiscal que permita que el año próximo el déficit público esté por debajo del 3%”, añadió De Guindos.
La decisión de la Comisión “abre el procedimiento de una potencial sanción, una sanción que estoy convencido que no se va a producir”, explicó el ministro.
“No se va a producir porque España es la economía de la zona euro que más crece, en la que más reformas económicas se ha implementado. Sería un sinsentido”, concluyó.
Tras el anuncio de la Comisión, los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) deberán pronunciarse sobre el dictamen. Su próxima reunión está prevista el 12 de julio en Bruselas, aunque no se sabe si el tema será abordado.
Luego el ejecutivo tiene un plazo de 20 días para realizar una propuesta de multa y de “suspensión parcial” de los fondos estructurales.